Ley Agraria y Glosario de Terminos Juridico-Agrarios. - Lucarsa.com - Especialistas en el campo mexicano.

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Consejos

A
Abigeato. (Del latín abigeatus, derivado de ab y agere, arrear echar por delante.) Se entiende al abigeato en derecho penal, como el robo de ganado, de animales que requieren de arreo o de acarreo. Es una especie del delito de robo que algunas legislaciones estatales, por sus características, lo tipifican de manera específica y en su caso, tomando en cuenta su recurrencia, lo sancionan con mayor severidad. En la materia, los sujetos agrarios propietarios de ganado mayor o menor, en ocasiones pueden verse afectados por la comisión de este delito y en este supuesto, deben presentar la denuncia correspondiente ante el ministerio público del fuero común.
Abogado agrario. Licenciado en derecho que desarrolla su actividad principalmente en el ámbito agrario y ante los tribunales en esta materia. Para el ejercicio de sus atribuciones, la PA cuenta, entre otros servidores públicos, con abogados agrarios. Se denomina así al servidor público de la Institución que tiene una formación profesional como licenciado en derecho y que ha sido seleccionado, capacitado y evaluado por el organismo, con el fin de proporcionar los servicios que la LA y el RIPA le confieren; pertenece y es evaluado en el servicio profesional de carrera. Está acreditado para representar a los sujetos agrarios ante los tribunales agrarios y coadyuvar a la presentación por escrito de sus demandas, contestaciones y contrademandas. Otra función principal es la de orientar y asesorar a dichos sujetos. La estructura orgánica de la PA prevé la presencia de abogados agrarios en sus delegaciones y residencias, con el fin de contar con los profesionistas necesarios para el buen desempeño de las actividades de la Institución, en la procuración de justicia.

Abrogación. (Del latín abrogatio.) Es la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley. En el lenguaje técnico jurídico se distingue entre derogación y abrogación, refiriendo, en el primer caso, el que deja de surtir parcialmente efectos una ley u ordenamiento y, en el segundo, es la cesación total de estos. La LA derogó a la LFRA, así como diversa normatividad, la cual continúa aplicándose respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite —denominado rezago agrario—, así como de otros en los que no se han emitido las disposiciones correspondientes.

Absolución de posiciones. Acto procesal en el que una de las partes contesta las preguntas contenidas en el pliego de posiciones, formulado por su contraparte durante el desahogo de la prueba confesional. En el juicio agrario, se ofrece y desahoga esta prueba, calificando el magistrado del tribunal unitario agrario que las preguntas contenidas en el pliego correspondiente tengan relación con la litis planteada y que no sean contrarias a la ley.

Acaparamiento de tierras ejidales. Se presenta cuando un ejidatario es titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor a 5% del total de las tierras del núcleo o del límite de la pequeña propiedad. La PA tiene atribuciones para recibir las denuncias, iniciar la investigación y turnar el expediente a la SRA para su resolución correspondiente.

Accesión. (Del latín accesio-onis, agregación de una cosa a otra.) Modo de adquirir la propiedad, por el cual el propietario de una cosa principal hace suyo lo que ella produce, lo que se le incorpora por obra de la naturaleza o por la mano del hombre. De acuerdo con la doctrina, la accesión comprende, además de la adquisición de las cosas accesorias, la adquisición de frutos, de una nueva especie u obra y la formación de copropiedad por confusión.

Accesión de aguas. Se denomina accesión el derecho al uso de las aguas que proporcionalmente corresponden a los terrenos concedidos por dotación, ampliación de ejidos o creación de nuevos centros de población ejidal. De acuerdo con la anterior legislación en la materia, se emitía el acuerdo correspondiente para formalizar el uso del agua. La LA dispone que el aprovechamiento de las aguas del ejido corresponde al propio núcleo y a los ejidatarios; la distribución, servidumbres de uso y de paso y demás aspectos relativos se regularán por lo dispuesto en la normatividad en esta materia.

Acción agraria. Es el derecho que ejercitaban, principalmente, los núcleos agrarios y los grupos campesinos carentes de tierras, la LFRA establecía 64 acciones dentro de las que destacaban la restitución, dotación de tierras, ampliación de ejido, creación de nuevos centros de población y reconocimiento y titulación de bienes comunales. La referida ley sigue aplicándose en materia de rezago agrario respecto de las acciones agrarias pendientes de resolución. La ley vigente en la materia mantiene los procedimientos de reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios, derivado de las acciones de restitución de sus tierras comunales, de un acto de jurisdicción voluntaria para acreditar la posesión que detentan, de una resoluciónen juicio cuando exista litigio respecto de las tierras y la conversión de ejido a comunidad.

Acción procesal agraria. Se entiende como un derecho abstracto de obrar, facultad inherente a la persona para requerir la intervención del Estado, ejercitando ese derecho. La acción procesal tiene como finalidad impulsar la actividad jurisdiccional de los tribunales y juzgados competentes, a efecto de que resuelvan o diriman una controversia puesta a su consideración. En materia agraria, pueden considerarse los actos que motivan las actividades realizadas por los tribunales agrarios dentro del juicio o procedimiento tendentes a resolver asuntos o litigios, sometidos a su consideración y de los cuales son competentes para conocer de conformidad con la normatividad aplicable. La LA dentro del juicio agrario establece que las partes dentro de la audiencia de ley harán valer todas las acciones y excepciones, sin substanciar artículo o incidentes de previo y especial pronunciamiento.

Acción social. Impulso coherente dirigido a la transformación de las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales o de cualquier naturaleza similar, que signifiquen un valor o interés general. Los programas que lleva a cabo el Sector Agrario tienen como finalidad ejercitar acciones a favor de la sociedad campesina, tendentes a elevar su bienestar.

Acciones serie “T”. El capital social de una sociedad propietaria de tierras agrí- colas, ganaderas o forestales, se divide en partes que se denominan acciones, en este caso los títulos que representan una parte del capital social, correspondiente a una serie especial denominada “T”, equivalente al capital aportado en tierras o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con su valor al momento de la aportación o adquisición. Ningún individuo podrá detentar más acciones de esta naturaleza que las que equivalen a la extensión de la pequeña propiedad. Estas acciones garantizan a sus titulares el derecho a recibir tierras en pago de lo que les corresponda en el haber social, al momento de la liquidación de la sociedad.

Aceptación de ejidatario o comunero. Determinación mediante la cual la asamblea de ejidatarios, órgano máximo de decisión del núcleo de población, otorga la calidad de ejidatario a alguno de sus integrantes, para lo cual se requiere ser: mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o avecindado. A efecto de evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones por la asamblea en este rubro, los reglamentos internos de los ejidos generalmente contemplan los requisitos que debe cumplir un individuo para ser aceptado como ejidatario. En términos de la LA esta facultad también es exclusiva de las asambleas de comuneros, quienes podrán aceptar a nuevos miembros de la comunidad, cumpliendo con los requisitos precisados en el estatuto comunal y respetando sus usos y costumbres.

Acta constitutiva de una sociedad. Documento jurídico que crea una persona moral. En materia agraria, puede ser una sociedad mercantil o civil propietaria de tierras, o bien una sociedad rural. El acta constitutiva debe contener los  estatutos de la figura asociativa y otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el RAN, así como en el registro público de la propiedad correspondiente. A partir de la inscripción, las sociedades contarán con personalidad jurídica.

Acta de asamblea. En materia agraria, es el documento levantado con motivo de la celebración de una asamblea de ejidatarios o comuneros; deberá formularse al término de la reunión y firmarse por quienes en ella participaron y que así deseen hacerlo e incluso podrán firmar bajo protesta. Las actas de asamblea que creen, modifiquen o extingan derechos de sus integrantes, deberán inscribirse en el RAN para que surtan efectos frente a terceros. En el acta debe asentarse lugar, fecha y hora de su celebración, quiénes participan, el orden del día y su desahogo, así como los acuerdos tomados. Para las asambleas de formalidades especiales el acta deberá ser firmada por el fedatario público que intervenga en la reunión y por el representante de la PA. Igualmente, se elaboran actas de asamblea de las reuniones de las diferentes sociedades y figuras asociativas de las que son integrantes los sujetos agrarios, con las formalidades establecidas en la normatividad aplicable y de acuerdo con sus estatutos o documento que norme su funcionamiento.

Acta de audiencia conciliatoria. Es el documento que formulan los servidores públicos de la PA, para registrar los hechos acontecidos durante la audiencia conciliatoria, insertando los acuerdos a que hayan llegado las partes; se asienta en el acta lugar, día y hora de su celebración, los nombres y demás generales de los comparecientes y los documentos con que acreditaron su personalidad e interés jurídico.

Acta de ejecución. Documento en el que se consigna la diligencia de ejecución y entrega material de las tierras dotadas o reconocidas por resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, a favor de un grupo solicitante de tierras o de una comunidad en posesión de las mismas. La derogada LFRA establecía que en la ejecución debían participar el comisionado por la autoridad agraria, los beneficiados o sus representantes y los pequeños propietarios afectados por la resolución de la acción agraria, sin que la ausencia de estos últimos suspendiera la diligencia de entrega. En este documento se insertaba la descripción de las tierras y bienes concedidos, su ubicación colindantes y bienes concedidos o reconocidos, además de cualquier otro acto o hecho que se hubiere presentado con motivo de la posesión y deslinde de las tierras concedidas. El acta debía ser firmada y estampada la huella digital de los representantes del núcleo y, en su caso, los integrantes que participaran en la diligencia y firmada por el comisionado de la SRA que intervenía en la ejecución. Dicha acta forma parte de la carpeta básica del núcleo, actualmente, también conocida como carpeta agraria.

Acta de posesión y deslinde. Documento que se levanta con motivo del cumplimiento de resoluciones presidenciales o sentencias de los tribunales agrarios, respecto de procedimientos dotatorios y de reconocimiento de bienes comunales entre otras acciones. También este documento se elaboraba con motivo de la ejecución de mandamientos del gobernador del Estado en acciones biinstanciales. Dicho documento forma parte de la carpeta básica de los núcleos ejidales y comunales y en él se determinan los terrenos entregados a los grupos solicitantes de tierras, su localización y la conformidad del núcleo con los terrenos concedidos.

Acta notarial. La Ley Notarial del Distrito Federal, define al acta notarial como el instrumento original autorizado, en el que se relacione un hecho o acto jurídico que el notario público asiente en el protocolo bajo su fe, a solicitud de parte interesada.

Acto administrativo. Será considerado acto administrativo la declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos e inmediatos; en ocasiones, el acto que realiza un órgano de la administración pública, regulado por la normatividad aplicable, crea derechos, obligaciones o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Las instituciones del Sector Agrario como integrantes del Poder Ejecutivo Federal, en términos de la LA realizan actos administrativos, que en algunos casos crean o reconocen derechos, por ejemplo, la expedición por parte de la SRA de títulos de terrenos nacionales o del RAN con la emisión de certificados y títulos respecto de tierras de uso común, parcelas o solares.

Acto de autoridad. Son los que ejecutan las autoridades por medio de facultades decisorias y, en ocasiones, mediante el uso de la fuerza pública y que con base en disposiciones de facto pretenden crear obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Los actos de autoridad son impugnables en juicio de amparo. Son impugnables en juicios de amparo cuando es emitido por el órgano del Estado, de manera unilateral, imperativa y coercitiva.

Actor. Es la persona que ejercita acción procesal mediante la interposición de la demanda ante un órgano jurisdiccional. También al actor se le llama demandante. En materia agraria, el actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia, en este supuesto se requiere a la PA para que coadyuve en su formulación e interposición ante los tribunales agrarios.

Actuación de oficio. Facultades establecidas legalmente por las que una dependencia o entidad ejercita acciones sin necesidad de promoción de parte interesada. La PA interviene de oficio cuando se presuma que la asignación de tierras de ejidos o comunidades se realizó con vicios, defectos graves o que se pueda perturbar el orden público; designando comisario representante de los ejidatarios en la constitución de una sociedad mercantil o civil, y denunciando el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y empleados de la administración de justicia agraria, así como los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o faltas administrativas.

Actuaciones judiciales. Alude a la actividad de los órganos del Poder Judicial Federal en el desempeño de sus funciones. Desde el punto de vista objetivo, se entiende por actuaciones judiciales las constancias escritas y fehacientes de los actos realizados en un procedimiento judicial. En la materia, en juicio agrario estas actuaciones se desarrollan dentro de los procedimientos instaurados ante los tribunales agrarios.

Actuario. Funcionario judicial adscrito a un juzgado o tribunal, encargado de realizar las notificaciones de los acuerdos y resoluciones, así como de otras diligencias, de acuerdo con la normatividad que establece sus funciones. La ley de la materia establece que dentro del juicio agrario, el secretario del tribunal o el actuario efectuará el emplazamiento al demandado en el lugar que designe el actor. La LOTA dispone que los actuarios de los tribunales agrarios deberán contar con título de licenciado en derecho y como obligaciones: recibir las actuaciones que le sean turnadas y practicar las notificaciones y diligencias ordenadas por los tribunales; devolver las actuaciones, previas las anotaciones correspondientes, y llevar el libro en el que se asienten diariamente las diligencias y notificaciones que lleva a cabo.

Acuerdo de radicación (auto de admisión). Acto procesal mediante el cual el juez del conocimiento admite una demanda a trámite y ordena inicie el juicio o procedimiento correspondiente. En materia agraria, el magistrado ordena la radicación del juicio si la demanda cumple con los requisitos establecidos en la ley. La PA de manera administrativa emite acuerdos de radicación en los procedimientos de quejas y denuncias, conciliación, arbitraje, entre otros.

Acuerdo Nacional para el Campo. Instrumento formalizado el 28 de abril de 2003, entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas y de productores de México, por virtud del cual se establecen diversos compromisos y las condiciones para que la soberanía y seguridad alimentarias, y el desarrollo de la sociedad rural, sean alcanzados mediante una política de Estado. Dicho Acuerdo contiene 30 considerandos, 16 principios rectores y 282 compromisos. El numeral 254 del referido Acuerdo determina fortalecer a la PA como ombudsman agrario, ajustando sus funciones a las asignadas en la C y LA, mediante su reingeniería organizacional y la reasignación de funciones dentro del Sector Agrario.

Acuerdos agrarios. Convenios suscritos entre la Secretaría de la Reforma Agraria y las organizaciones campesinas, que tenían como objetivo, con motivo del rezago agrario jurídico o administrativo, establecer vías alternas de solución a los núcleos afectados por dichos rezagos, mediante apoyos para proyectos productivos, compra de tierras, compensaciones económicas, expropiación de terrenos, regularización de posesiones precarias, etc. Actualmente, son atendidos los planteamientos de las referidas organizaciones por dicha dependencia, en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo de abril de 2003, formalizado por las centrales campesinas, productores rurales y el Gobierno Federal.

Acumulación. Se presenta cuando la decisión de dos o más litigios exige la comprobación, constitución o modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte del mismo hecho, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando dos o más juicios deben resolver total o parcialmente una misma controversia. De aplicación supletoria a la legislación federal civil adjetiva en materia agraria, de presentarse las hipótesis señaladas, los tribunales agrarios por sí o a petición de parte acuerdan la acumulación de demandas o expedientes.

Achuramiento. Forma de representar una superficie en el plano interno de los núcleos agrarios a través de un rayado diagonal, que señala un área que presenta conflicto con algún(os) colindante(s), una superficie en excedencia o un área especial. En los trabajos de medición y delimitación de tierras al interior del núcleo de población con motivo del PROCEDE, en algunas ocasiones se localizan superficies cuyo destino y asignación no es procedente al no acreditarse la propiedad del ejido o comunidad con motivo de un conflicto por límites, excedencia, demasía, expropiación, etc. Una vez resuelto el conflicto o subsanada la indefinición jurídica y comprobado que la superficie es patrimonio del núcleo, el RAN, con la documentación correspondiente, deberá elaborar el nuevo plano, incluyendo dicha superficie así como la del poblado.

Adjudicación. (Del latín adjudicatio-onis, acción y efecto de adjudicar, de ad, a, y judicare, juzgar.) Declarar que una cosa corresponde a una persona o conferírsela en satisfacción de algún derecho. Se refiere al acto por medio del cual una autoridad competente atribuye o reconoce a una persona el derecho de gozar de un bien patrimonial. En la legislación anterior en materia agraria, la adjudicación principalmente se dio como consecuencia de la privación de derechos agrarios respecto de la unidad de dotación. En términos de la normatividad vigente, los tribunales unitarios agrarios al resolver las acciones ejercitadas pueden, como consecuencia, determinar la adjudicación (o reconocimiento) de derechos individuales a sujetos agrarios sobre terrenos en ejidos y comunidades.

Adjudicatario. Persona física que reúne los requisitos de ley, a quien se adjudica un derecho real o personal. En materia agraria este término se utiliza con frecuencia para designar al ejidatario o comunero al que se le adjudica una unidad de dotación o parcela.

Administración pública. Es la organización especial del Estado creada con el objeto de cumplir la función de satisfacer los intereses colectivos. No tiene personalidad jurídica propia ya que constituye uno de los conductos por los cuales se manifiesta el Estado. Suele identificársele como la prestación de servicios públicos que atienden las necesidades de la colectividad.

Adopción del dominio pleno. Es la acción que ejercita el ejidatario con autorización previa de la asamblea de formalidades especiales, por virtud de la cual la parcela sobre la cual tiene derechos cambia de régimen a propiedad plena del ejidatario titular y se sustrae del patrimonio del ejido; para formalizar esta figura, el ejidatario deberá solicitar al RAN la expedición del título de propiedad correspondiente y la cancelación de la inscripción de la parcela como propiedad del ejido; el referido título deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Cubiertas estas formalidades la parcela se rige por el derecho común. Cabe mencionar que es requisito para que la asamblea autorice el dominio pleno, que las parcelas objeto del acuerdo hayan sido delimitadas y asignadas de conformidad con la normatividad. La adquisición del dominio pleno es potestativa de cada ejidatario.

Adquisición de derechos agrarios. De conformidad con la Ley Agraria, la adquisición de derechos en la materia puede ser mediante la sucesión, cesión de derechos, acuerdo de asamblea o resolución de los tribunales agrarios en juicios de prescripción.

Afectación agraria. Durante la etapa política del reparto agrario, así se designó al conjunto de medidas que la Federación o los estados realizaban dentro de la competencia que les otorgaba la legislación agraria aplicable, para imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público; en tales circunstancias, se satisfacían necesidades agrarias a favor de los grupos de campesinos solicitantes de tierras. Actualmente los asuntos considerados de rezago agrario relacionados con expropiación (afectación de tierras), a partir de la modificación constitucional del año de 1992 y en términos de la  vigente, son resueltos por el Tribunal Superior Agrario.

Agostadero. Terreno donde pasta el ganado. Lugar cuya vegetación consumenlos animales como alimento, junto con otros elementos que encuentren y que necesitan para subsistir. El coeficiente de agostadero es el número de hectáreas suficientes para sostener una unidad animal y varía según las condiciones de clima, suelo y vegetación de la región. Dicho coeficiente sirve para determinar los límites de la pequeña propiedad ganadera, de acuerdo con la normatividad, es decir, la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor.

Agravio. En términos generales, se entiende como la afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, comúnmente a través de una resolución judicial o acto de autoridad. También cada uno de los motivos de impugnación expresados en las demandas de amparo y recursos de apelación o de revisión contra una resolución emitida en primera instancia.

Aguas de propiedad nacional. De conformidad con la C, son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y afluentes directos o indirectos; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes cuando su cause sirva de límite al territorio nacional, a dos entidades federativas; las aguas de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riveras, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riveras de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; y las que se extraigan de las minas y de los lagos y corrientes interiores.

Aguas de propiedad privada. Son aquellas que tienen su origen dentro de un predio de propiedad privada, recurso que brota como fuente natural, o bien a través de obras que permiten la captación de aguas subterráneas, como pozos y cisternas; en otros casos se almacenan las aguas fluviales mediante presas. En términos de la C, las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización al igual que para las demás aguas de propiedad nacional; cualesquiera otras aguas no consideradas como nacionales, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos.

Aguas ejidales o comunales. Son aquellas cuyos afluentes se localizan dentro de las tierras de los núcleos agrarios, su uso y aprovechamiento corresponde a los propios ejidos o comunidades y a los ejidatarios o comuneros, según se trate de tierras comunes o parceladas. La distribución, servidumbre de uso o de paso, mantenimiento, contribuciones, tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de agua de los núcleos se regirán por lo dispuesto en la normatividad aplicable. Los núcleos de población ejidal o comunal beneficiados con aguas derivadas de distritos de riego u otros sistemas de abastecimiento están obligados a cubrir las tarifas aplicables. Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales o comunales y que no han sido legalmente asignados en lo individual, serán de uso común y su aprovechamiento será conforme lo disponga el reglamento interno o estatuto comunal o, en su defecto, de acuerdo con la costumbre de cada poblado, siempre y cuando no se contravenga la ley de la materia.

Alegatos. (Del latín allegatio, alegación en justicia.) Es la exposición oral o escrita de los argumentos de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones una vez agotada la etapa probatoria y con anterioridad a la emisión de la sentencia de fondo en las diversas instancias del proceso. Los alegatos también se presentan en el juicio de amparo a favor de los terceros perjudicados o con interés en el juicio.

Almoneda pública. Venta pública de bienes que realiza una autoridad judicial o administrativa enajenándolos al mejor postor. La ley de la materia prevé esta figura respecto de la asignación de derechos de alguna parcela ejidal o comunal, cuando los sucesores de un ejidatario o comunero, teniendo iguales derechos, no logran ponerse de acuerdo para determinar quién debe suceder al titular, por lo que el tribunal agrario provee lo necesario para esta venta, entre los ejidatarios y avecindados del núcleo, adjudicando los derechos al mejor postor. De igual forma los gobiernos de los estados podrán enajenar por esta vía, también conocida como subasta pública, los excedentes de la pequeña propiedad y de las sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras, una vez concluido el procedimiento establecido en el que se comprobó que rebasaron los límites de la propiedad establecidos en la C y la LA.

Allanamiento a la demanda. Acto jurídico procesal que implica asumir por el demandado las prestaciones contenidas en la demanda o en la reconvención, en la que se conforma, expresa e incondicionalmente, con las pretensiones que se le reclaman. Esta figura jurídica no se precisa en la LA, aun y cuando es aplicable de manera supletoria el CFPC; equiparable al allanamiento, la ley de la materia establece que cuando el demandado confiese expresamente la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jurídicos por el magistrado, cuando la confesión sea verosí mil apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato.

Ámbito de competencia. Espacio dentro del cual una autoridad jurisdiccional, de conformidad con la normatividad aplicable, ejerce sus facultades para conocer y resolver los conflictos que le son planteados. En la materia, el Tribunal Superior Agrario determina el ámbito de competencia de los tribunales unitarios agrarios, mediante la emisión de los acuerdos de competencia territorial correspondientes.

Amigable composición. (Del latín amicabilis, lo amistoso, propio de amigos.) Forma de solucionar conflictos de intereses entre las partes por obra de terceros, amigos de ambas, sin sujetar sus procedimientos a normas de derecho vigentes y apegarse para la decisión a la equidad y buena fe. En materia agraria, es la invitación que realiza el magistrado del tribunal unitario agrario a las partes en el juicio antes de dictar sentencia, para que lleguen a un acuerdo que, en su caso, resuelva el conflicto.

Amojonamiento. Trabajos que tienen como finalidad delimitar una propiedad o posesión por medio de señalamientos hechos de piedra o cemento denominados mojoneras, las cuales fueron sustituidas mediante estacas o señales de materiales durables. Esta forma de delimitación fue utilizada en la ejecución de resoluciones presidenciales dotatorias, restitutorias de tierras o confirmatorias de bienes comunales.

Ampliación de ejido. Acción que ejercitaba un grupo de campesinos carentes de tierras en un ejido constituido, de conformidad con la normatividad aplicable. En la legislación agraria vigente no existe esta acción de ampliación; sin embargo, está contemplada en los casos de rezago agrario. (Véase art. 3º transitorio del DRA 27, LFRA arts. 272 y 325 y LA 3º transitorio y “Acciones agrarias” y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”.)

Aparcería. Explotación agrícola con base en un contrato entre el propietario de la tierra y el campesino que la trabaja, por virtud del cual este último toma el nombre de aparcero y se compromete a pagar al titular, en concepto de arriendo, una parte de los productos de la explotación. En la LA los ejidatarios y comuneros tienen el derecho de celebrar este tipo de contratos con integrantes del núcleo o con terceros. (Véase LA arts. 45 y 79 y “Contrato”.)

Apelación. (Del latín apelare). Se trata de un recurso ordinario que promueve alguna de las partes, solicitando al tribunal de segundo grado una valoración respecto de la resolución dictada por un juez de primera instancia, con el objeto de que, en su caso, la revoque o modifique. En materia agraria se cuenta con el recurso de revisión que podrá promoverse en contra de las sentencias de los tribunales unitarios agrarios y que resuelve el Tribunal Superior Agrario, cuando el fondo del asunto se refiere a cuestiones relacionadas con los límites de tierras entre núcleos o de estos con pequeños propietarios o sociedades; a la restitución de tierras ejidales o comunales, y a la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. (Véase LA art. 198, LOTA art. 9º y “Recurso de revisión en materia agraria”.)

Apeo y deslinde. (Apear, del latín appedare, de pedare, sostener, deslindar, y delimitare, señalar y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad). Acción de medir, delimitar, amojonar y delimitar un inmueble. Estos trabajos de campo han sido utilizados para la ejecución de resoluciones presidenciales y de sentencias de los tribunales agrarios, principalmente en acciones dotatorias de tierras y de reconocimiento de bienes comunales. Actualmente en el juicio agrario previsto por la legislación vigente, las diligencias o trabajos de apeo y deslinde (pericial topográfica) son una prueba comúnmente ofrecida por las partes en los litigios originados por la restitución y posesión de parcelas o de terrenos del núcleo. (Véase LFRA arts. 307, 342; LA art. 186; “Servicios periciales”.)

Apertura de lista de sucesión. Acto jurídico que se realiza después del fallecimiento de un ejidatario, comunero o posesionario titular de derechos agrarios. Dicho acto se lleva a cabo en la delegación del RAN correspondiente, a petición expresa de la persona que cuenta con interés y personalidad jurídica para promover este procedimiento, dentro del cual deberá comparecer en la mencionada unidad administrativa con la documentación requerida, a efecto de que demuestre el fallecimiento del sujeto agrario, con la finalidad de que el citado Registro consulte en sus archivos si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión; en caso afirmativo, el Registrador, ante la presencia del promovente y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre que contiene la lista de sucesión e informará el nombre de la persona designada. Asentados los datos en el folio correspondiente, el RAN procederá a expedir el o los certificados respectivos que acrediten los derechos otorgados en vía de sucesión. (Véase RIRAN arts. 84- 88, “Adjudicación”, “Adquisición de derechos agrarios” y “Testamento”.)

Aplicación supletoria. La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal ésta no se encuentra regulada en forma precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Los requisitos para hacerla valer son: que el ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale la normatividad supletoria; la previsión de la institución jurídica en el ordenamiento objeto de supletoriedad; que las normas existentes en dicho cuerpo jurídico no sean suficientes, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y que las disposiciones supletorias no contraríen las bases legales de la institución suplida. En lo no previsto por la LA se aplica supletoriamente la legislación civil federal y en su caso la mercantil, según el asunto de que se trate. En materia adjetiva se aplica supletoriamente el CFPC y respecto de medidas precautorias la LDA.

Aportación de tierras. La LA faculta a la asamblea de ejidos y comunidades para aportar tierras de uso común para la constitución de sociedades civiles o mercantiles. En dicha ley se prevén las formalidades y requisitos para la celebración de estas asambleas. (Véase, LA arts. 23 fracc. IX, 75, fracc. I, 100; “Sociedades civiles” y “Sociedades mercantiles”.)

Aprovechamiento de recursos naturales. Es el uso y disfrute de las tierras, aguas, bosques, fauna y de todos aquellos recursos naturales renovables y no renovables, propiedad de la nación o de los particulares que se efectúa conforme a las condiciones o requisitos que previene y ordena la legislación administrativa aplicable. El régimen legal vigente para el aprovechamiento de los recursos naturales propiedad de la nación, hace posible que los particulares puedan explotar, beneficiarse o aprovecharse en general de dichos recursos, a través de los procedimientos administrativos de la concesión y permiso.
Aprovechamiento sustentable. Es la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos.

Arbitraje. Facultad conferida por las partes en conflicto a una persona o institución para conocer y resolver sus diferencias en un asunto determinado, sin ajustarse a las reglas estrictas de un procedimiento jurisdiccional, atendiendo los principios de la equidad y buena fe. Es uno de los medios para resolver los conflictos entre sujetos agrarios en el ejercicio de sus derechos. (Véase RIPA arts. 5º, fracc. V, 21, fracc. V, 30, fracc. III, 41, inciso a, 45 y “Procuraduría Agraria”.)

Áreas naturales protegidas. Extensiones de tierra que por los recursos naturales que en ellas se encuentran, sean minerales, boscosos, acuíferos, de fauna, etcétera, se hallan bajo protección legal con el fin de conservarlos. Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas; están sujetas al régimen previsto en la ley de la materia.

Arrendamiento. Contrato mediante el cual una persona llamada arrendador transfiere temporalmente el uso o goce de una cosa, a otra denominada arrendatario, quien paga por ello un precio cierto. La LA permite la celebración de este contrato a los núcleos respecto de sus tierras de uso común y a los ejidatarios y comuneros sobre sus parcelas.

Artículo 27 constitucional. Esta disposición contiene las bases generales que regulan las formas de tenencia en el medio rural; en específico, las referentes a la propiedad social. En él se establece el reconocimiento y personalidad jurídica de los ejidos y comunidades; la protección especial de sus tierras; su libertad para el aprovechamiento de sus recursos productivos, el derecho de los núcleos y sus integrantes para asociarse entre sí y con terceros; la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles; la posibilidad de que los ejidatarios y comuneros puedan ceder sus derechos parcelarios, entre las más importantes. Asimismo, el referido artículo de nuestra Carta Magna determina el límite de la pequeña propiedad y prevé la creación de las instituciones competentes para la administración y procuración de justicia agraria.

Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras (ADDAT). Es aquella que se verifica en ejidos y comunidades con las formalidades especiales previstas en la LA, en la cual los integrantes del núcleo determinan el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, reconocen el parcelamiento económico o de hecho, regularizan la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Igualmente, destina los terrenos al asentamiento humano, al uso común o al área parcelada a favor de ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados; dentro del PROCEDE es la culminación operativa del Programa.

Asamblea de información y anuencia. Dentro del PROCEDE es la asamblea en la cual la PA y el INEGI informan la naturaleza, objetivos y características de los trabajos a realizar en el Programa. En ella los integrantes del núcleo determinan su conformidad para incorporarse a él; esta asamblea es de formalidades simples y requiere para su validez el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad.

Asamblea de informe de la comisión auxiliar. Dentro del PROCEDE, es la asamblea en ejidos y comunidades en la que se les comunica el resultado de los trabajos preliminares en el desarrollo del Programa; generalmente se presenta a su consideración el croquis a mano alzada del plano interno del ejido, en el que se ubique en su caso la zona parcelada, la identificación de los sujetos de derecho y de los diferentes conflictos existentes entre ejidatarios y colindantes. Esta asamblea no requiere de formalidades especiales.

Asamblea del núcleo. En materia agraria es el órgano supremo del ejido o comunidad, con la organización y funciones que la LA y su reglamento o estatuto señalan, en la que participan todos los ejidatarios o comuneros legalmente reconocidos; sus resoluciones son obligatorias para todos los integrantes del núcleo. Los asuntos de competencia exclusiva de la asamblea están contenidos en el artículo 23 de la LA. Cabe mencionar que, contrario a lo previsto por la legislación derogada, en la ley vigente no se prevé la existencia de asambleas ordinaria mensual, de balance y programación y la general extraordinaria, por lo que únicamente se establece la asamblea de ejidatarios o comuneros, la cual se podrá celebrar con formalidades simples o especiales tomando en cuenta los asuntos a tratar. Al efecto, deberán cubrirse diferentes requisitos en cuanto a los plazos señalados en la convocatoria, quórum legal para su verificativo, mayorías establecidas para los acuerdos tomados y, en su caso, la participación de un fedatario público y un representante de la Procuraduría Agraria.

Asentamiento humano. Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran. En materia agraria es el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido o comunidad; es facultad de la asamblea señalar, delimitar y reservar las áreas necesarias para el asentamiento humano. Estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten al municipio o entidad para dedicarlas a los servicios públicos. Para el ejercicio de estas acciones, la asamblea deberá respetar la normatividad aplicable y los planes correspondientes a nivel federal, estatal y municipal en materia de desarrollo urbano.

Asesoría legal a los sujetos agrarios. Es una de las atribuciones de la PA, que tiene como objeto informar, orientar y aconsejar a los sujetos agrarios respecto de sus derechos en la materia y la manera de ejercitarlos.

Asociación en participación. Es un contrato por el cual una persona concede a otras, que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio; no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo. Este tipo de contrato lo pueden formalizar los sujetos agrarios cuando el bien aportado sea una parcela.

Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC). Personas morales constituidas por dos o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural, que tienen como finalidad la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamiento, sistemas de comercialización y, en general, cualquier actividad económica. (Véase LA arts. 108-110 y “Figuras asociativas”.)

Audiencia. En materia agraria se le conoce comúnmente como el acto en el que comparecen sujetos agrarios y representantes de los mismos, ante la PA o alguna institución del Sector Agrario en el que plantean, exponen o denuncian problemas o irregularidades relacionadas con sus derechos; generalmente se levanta un acta de comparecencia en la que se hace constar los datos generales del interesado, su planteamiento y la atención al asunto por el servidor público responsable.

Audiencia arbitral. Acción pública del arbitraje, en la cual se escucha a las partes en conflicto y el árbitro nombrado examina las pruebas presentadas, con el fin de resolver el problema planteado mediante la emisión de un laudo arbitral. En materia agraria, cuando un servidor público de la PA es designado como árbitro, en la audiencia las partes exponen los hechos materia de la controversia, sus pretensiones y aportan las pruebas en que funden su dicho, previo a la emisión del laudo correspondiente.

Audiencia conciliatoria. Reunión en el procedimiento conciliatorio, en la cual las partes deliberan y, en su caso, realizan concesiones mutuas sobre el conflicto, a efecto de que lleguen a un arreglo, siendo moderadas y exhortadas por el conciliador. En materia agraria, de manera administrativa la PA efectúa audiencias conciliatorias entre las partes en litigio, para, de ser procedente, sensibilizarlos con el objeto de formalizar un convenio que dirima su controversia; de estimarlo, el servidor público responsable de la conciliación programa las audiencias conciliatorias que estime necesarias.

Audiencia de Ley. Se le conoce con este nombre a la audiencia establecida en el artículo 185 de la ley de la materia dentro del juicio agrario, en la cual las partes expresan oralmente sus pretensiones y ofrecen las pruebas que estimen conducentes a su defensa, presentando en su caso, a los testigos y peritos; asimismo, hacen valer en este acto todas las acciones, excepciones o defensas; en la audiencia el magistrado del tribunal unitario agrario que invariablemente deberá presidirla, podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a los interesados y en cualquier momento del acto, antes de pronunciar el fallo, exhortará a las partes a una amigable composición.

Auditorías contables a fondos comunes de ejidos y comunidades. Es el proceso de revisión documental que tiene por objeto evaluar y brindar una opinión profesional acerca de la administración y aplicación de los fondos comunes ejidales y comunales, que fueron creados al amparo de lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En su caso, es un servicio que puede proporcionar la PA de acuerdo con sus atribuciones.

Ausencias y suplencias de los magistrados agrarios. En términos del RITA, el Presidente del Tribunal Superior Agrario será suplido en sus ausencias por el magistrado que designe el Pleno; en las licencias que no excedan de un año, designará un presidente interino y cuando se trate de manera definitiva, se nombrará un nuevo presidente. Las ausencias de los magistrados de los tribunales unitarios serán cubiertas por los magistrados supernumerarios, conforme a la adscripción que señale el Tribunal Superior Agrario y según las necesidades del servicio. En caso de faltas temporales hasta por tres días, serán autorizadas por el Presidente del Tribunal Superior Agrario y las que excedan este periodo o las licencias hasta por un año, serán autorizadas por el Pleno del citado tribunal.

Autoridad responsable. Se considera con este carácter a la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; asimismo, la SCJN ha estimado que este término, para los efectos del juicio de amparo, es aplicable a las personas que disponen de fuerza pública, por disposición de ley o de hecho. En el juicio de garantías la autoridad responsable es parte, conjuntamente con el quejoso y el tercero perjudicado cuando éste exista. De manera general, el tribunal superior y tribunales unitarios agrarios son autoridad responsable cuando sus sentencias definitivas son impugnadas en juicio de amparo. Aun y cuando la PA no es considerada como autoridad en la materia, para efectos del juicio de garantías adquiere esta categoría, cuando omite realizar las funciones que por ley tiene encomendadas o cuando sus actos vulneran garantías individuales y derechos de los sujetos agrarios. (Véase LDA arts. 11 y 87, LA art. 200; “Juicio de amparo”, “Procuraduría Agraria” y “Sentencia en juicio agrario”.)

Avalúo. Operación de tasación o justiprecio (determinación del valor) de bienes, realizada con el objeto de servir de base para su venta y división, o para la liquidación de ciertos impuestos relacionados con el bien. Se genera un documento que contiene el valor determinado en el avalúo. En la legislación agraria, se establece la emisión de un avalúo en los siguientes casos: previo a la expropiación de tierras ejidales y comunales; tratándose de la enajenación de terrenos nacionales con fines turísticos, industriales o de cualquier índole no agropecuaria; cuando se realice la primera enajenación de las parcelas sobre las que se hubiese adoptado el dominio pleno; cuando un núcleo agrario acuerde transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles; tratándose de la enajenación de terrenos nacionales destinados a actividades agropecuarias. En los dos primeros supuestos el avalúo lo debe realizar el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN, antes CABIN); en los dos siguientes, lo puede formular el referido Instituto o cualquier institución de crédito y, en el último, lo realiza el Comité Técnico de Valuación de la SRA.

Avecindado. Mexicano, mayor de edad, que haya residido por un año o más en las tierras del ejido y que haya sido reconocido con ese carácter por la asamblea del núcleo o por el tribunal agrario competente. Los avecindados tendrán derecho, en su caso, a la asignación de derechos sobre tierras ejidales; a participar en la venta de los derechos correspondientes cuando no exista sucesor del sujeto agrario; a adquirir derechos parcelarios por enajenación; al derecho del tanto en la primera enajenación de parcelas con dominio pleno, y a ser integrantes de la junta de pobladores. Los avecindados son considerados sujetos agrarios y por ello les son proporcionados los servicios de la PA.

Avenencia. Ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Jurídicamente se estima como la voluntad espontánea de cualquiera de las partes en un litigio para ponerle fin. En materia agraria, dentro de la audiencia de ley, exhortadas las partes por el magistrado del tribunal unitario agrario a una composición amigable, podrán avenirse y dar por terminado el juicio, suscribiendo el convenio respectivo. (Véase LA art. 185, fracc. VI, “Conciliación” y “Amigable composición”.)

Aviso de deslinde. Medio para notificar la delimitación de una superficie de-terminada. En materia agraria, se establece que para los terrenos baldíos la SRA llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias. El responsable de los trabajos formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar en el cual los interesados podrán consultar los planos relativos a los terrenos que se deslindarán.

B

Baldío. En materia agraria un terreno baldío es aquel que no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna por título legalmente expedido, ni delimitado o deslindado; se considera propiedad de la nación, por tanto, inembargable e imprescriptible. La SRA está facultada para investigar la existencia de terrenos baldíos, su delimitación y resolución para declararlos nacionales.

Becario campesino. Campesino joven radicado en su núcleo agrario (generalmente descendiente de sujetos agrarios), con educación básica o técnico especializado, seleccionado, capacitado y evaluado por la PA en los aspectos de la legislación en la materia y atribuciones de la Institución; a efecto de que difunda dentro de su núcleo estos conocimientos. Durante su instrucción y como apoyo al servicio social, que realiza recibe una beca.

Beneficiario. Es el campesino integrante de un núcleo o grupo peticionario de tierras que fue favorecido por una resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, por la que adquiere la calidad de ejidatario o comunero. Es el sujeto agrario que disfruta de los bienes ejidales o comunales.

Bienes comunales. Se llama así al conjunto de tierras, bosques y aguas, patrimonio de los núcleos de población, que de hecho o por derecho guardan el estado comunal. Este régimen de propiedad se caracteriza porque la titularidad de dichos bienes corresponde a la comunidad; su aprovechamiento es derecho de todos los miembros de manera colectiva, a menos que la propia asamblea decida asignar porciones de terreno en forma individual.

Bienes ejidales. Son las tierras, bosques y aguas concedidas mediante resolución presidencial, sentencia del Tribunal Superior Agrario o mediante la aportación de terrenos para la constitución de nuevos ejidos, con las modalidades y regulaciones que prevé la ley en la materia. Los bienes ejidales son susceptibles de uso y aprovechamiento de manera individualizada, de acuerdo con la propia resolución o sentencia, o de conformidad a las decisiones tomadas por la asamblea del núcleo.

Bosques y selvas. En materia agraria se prohíbe la asignación de derechos parcelarios respecto de tierras con esta vocación en la delimitación, destino y asignación de tierras o con motivo de la terminación del régimen ejidal; además de la acción de prescripción de las tierras consideradas como bosques y selvas tropicales.

Buena fe. En general, principio rector de los actos jurídicos, que hace referencia al obrar con honradez, veracidad y lealtad, lo que lleva implícita la creencia de que se está actuando conforme a lo que prescribe la ley. Este principio se encuentra previsto en numerosas disposiciones legales y se entiende también como la obligación de conducirse honradamente en la formalización y ejecución de un contrato. También se entiende la realización de un acto de buena fe, cuando existe el convencimiento de que con el mismo no se violenta o transgrede la legalidad o derechos de terceros. En la ley de la materia, como requisito de la posesión para el ejercicio de la acción de prescripción, se establece que ésta además de ser pacífica, continua y pública deberá ser de buena fe, para determinar el periodo (cinco años) mínimo en que el poseedor ha detentado el bien ejidal. En el procedimiento de conciliación, la PA exhorta a las partes sobre la conveniencia de llevar a cabo dicho procedimiento, antes de dirimir su controversia ante los tribunales agrarios y las convoca, bajo el principio de buena fe, a no interrumpir la conciliación mediante el ejercicio de acciones de carácter judicial. Por regla general en los contratos de asociación, aprovechamiento, aparcería, arrendamiento y otros, no prohibidos por la ley, que celebran los ejidos y comunidades o sus integrantes, respecto de bienes ejidales o comunales, se establece que para su formalización y cumplimiento las partes actúan de buena fe, lo que permite en su caso al juzgador dictar sentencia según las reglas de equidad y justicia en los puntos que los contratantes no habían previsto, tomando en cuenta la naturaleza del contrato.

C

Caducidad. Es la conclusión de un procedimiento jurisdiccional sin resolver el fondo del asunto, por inactividad procesal de las partes. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad. El magistrado del tribunal unitario agrario decreta la caducidad por sí o a petición de parte interesada.

Calificación registral. Acto del registrador, servidor público del RAN, investido de fe pública registral, que consiste en el examen de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de fondo y forma exigidos por la norma que los rige, con el propósito de garantizar el principio de legalidad, a efecto de autorizar o negar la inscripción solicitada.

Cancelación de inscripción. En el ámbito agrario se presenta cuando se da de baja de los asientos en los folios del RAN los derechos parcelarios como resultado de que el titular haya adquirido el dominio pleno respecto de la parcela inscrita. A partir de la cancelación de la inscripción, las tierras dejan de ser ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del derecho común.

Cancelación del régimen de explotación colectiva. Es la facultad de la asamblea de los núcleos ejidales, celebrada con formalidades especiales, para determinar la modificación del régimen de explotación colectiva.

Capacidad jurídica. Es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones (capacidad de goce) o la facultad para ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones (capacidad de ejercicio). En la materia, la capacidad jurídica la tienen los sujetos agrarios que acreditan su personalidad e interés jurídico para ejercitar los derechos establecidos en la normatividad aplicable, así como para efectuar actos jurídicos previstos en dicha normatividad.

Capital social. (Del latín capitalis, de caput, is, cabeza.) Conjunto de bienes propios de una sociedad. Originalmente se constituye por el valor en dinero o en aportaciones en especie, de los accionistas que la forman. En materia agraria se establece que el capital social de las sociedades mercantiles o civiles, distinguirá acciones serie “T” en caso de ser propietarias de tierras.

Careo. Diligencia judicial en la que se confrontan las partes o sus testigos, a efecto de determinar la veracidad de sus declaraciones o testimonios. La ley de la materia faculta al Magistrado del tribunal unitario agrario para carear a las personas que se encuentren presentes en la audiencia entre sí o con los testigos.

Carga de la prueba. Se define como la obligación que tienen las partes de probar en el proceso los hechos o actos en que fundan sus derechos o pretensiones, para obtener una sentencia favorable. Las partes que intervienen en un juicio agrario asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; no obstante, el tribunal agrario podrá solicitar a las instancias competentes, a terceros o a las propias partes, otras pruebas que considere esenciales para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto.

Carpeta básica. Conjunto de documentos del núcleo inscritos en el RAN, en los que se establece la creación, constitución y reconocimiento de ejidos y comunidades. Está integrada por la resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, acta de posesión y deslinde y plano definitivo. Actualmente se le denomina carpeta agraria y se integra con los documentos y planos resultantes de los trabajos del PROCEDE.

Carta poder. En materia agraria, es el documento suscrito ante dos testigos ejidatarios o avecindados, por virtud del cual un ejidatario o comunero otorga poder a una persona llamada mandatario para que lo represente en la asamblea del núcleo, en representación de sus derechos. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos. En asambleas de formalidades especiales, el ejidatario o comunero no podrá designar mandatario.

Catastro. Es el inventario técnico-analítico de los predios rústicos ubicados dentro del territorio nacional. El RAN opera el sistema de Catastro Rural Nacional que es un inventario de la propiedad rural en sus diversas modalidades, que tiene por objeto la adecuada identificación de inmuebles, de sus titulares, poseedores o usufructuarios, mediante el archivo de la información a través de los documentos informáticos, cartográficos y documentales. (Véase LA art. 148 y RIRAN 98-101 y “Registro Agrario Nacional”.)

Causa de utilidad pública. Es la que directa o indirectamente aprovecha la generalidad de las personas que integran una colectividad, representa un bien común de naturaleza material o social. Es requisito legal de las expropiaciones que realiza el Estado en sus tres niveles de gobierno. En materia agraria, los bienes ejidales o comunales sólo podrán ser expropiados por alguna de las causas de utilidad pública que son: el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; acciones para la ordenación y conservación de los recursos forestales y pesqueros; explotación del petróleo y sus acciones derivadas; regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios; construcción de obras que faciliten el transporte, líneas de conducción de energía, obras hidráulicas y otras relacionadas, y las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes. (Véase Art. 27, segundo párrafo y LA art. 93 y “Expropiación”.)

Cédula de Notificación. Medio de comunicación procesal. Instrumento que sirve para informar y ordenar a los sujetos que intervienen en un conflicto de intereses. Por regla general, esta cédula se utiliza, cumpliendo con las formalidades legales para su emisión, para hacer del conocimiento de parte interesada una resolución o acuerdo judicial o administrativo para que acate o cumpla la determinación de la autoridad que la haya pronunciado. En materia agraria, dentro del juicio si el actuario que hace el emplazamiento no encontrare al demandado en su domicilio, finca o principal asiento de negocios señalados por el actor, procederá a dejar la cédula para emplazamiento a juicio con la persona de mayor confianza que se encuentre en dicho lugar.

Censo agrario. En general, el censo es un registro de individuos con ciertas características. En materia agraria, el censo incluía a todos los pobladores capacitados para recibir unidad de dotación, especificando sexo, estado civil, dependencia económica, edad, ocupación u oficio, entre otros datos. En las acciones de restitución y dotación de tierras, la LFRA y los códigos agrarios que la precedieron establecían como requisito del procedimiento la elaboración de un censo agrario para determinar el número de capacitados del núcleo de población promovente de la acción. Para la realización de este censo se conformaba una junta censal constituida por un representante de la Comisión Agraria Mixta, así como los que considerara necesarios el Comité Particular Ejecutivo, de entre los solicitantes. En las acciones de reconocimiento y titulación de bienes comunales, la referida legislación determinaba como obligación de la autoridad agraria, una vez instaurado el expediente, levantar el censo general de población de la comunidad.

Cerril. Se aplica al terreno pedregoso, accidentado y desigual. Superficie de monte en la que puede pastar el ganado. Esta característica de la tierra se equipara al agostadero en terrenos áridos y sirve para fijar el límite de la pequeña propiedad de los predios con esta vocación. (Véase Art. 27, fracc. XV y LA 115-117 y “Agostadero”, “Pequeña propiedad”).

Certificación de la tenencia de la tierra. Procedimiento que tiene como finalidad otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, a favor de sus titulares y poseedores, mediante la expedición de documentos idóneos que acrediten plenamente los derechos respecto de los terrenos de los que son titulares. Los referidos documentos son inscritos en el RAN, para que surtan efectos contra terceros. (Véase LA arts. 56 a 72 y “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”.)

Certificado de derechos agrarios. Documento expedido por las autoridades agrarias, por medio del cual una persona acredita su calidad de ejidatario y los derechos inherentes a esa categoría.Actualmente, el certificado de derechos agrarios es sustituido por los certificados de derechos parcelarios o de uso común emitidos por el RAN, como resultado de las determinaciones de la asamblea para delimitar, destinar y asignar las tierras del núcleo generalmente dentro del PROCEDE. (Véase LA art. 16, fracc. I y 56 último párrafo y LFRA art. 69 y “Registro Agrario Nacional”.)

Certificado de derechos sobre tierras de uso común. Documento que acredita el derecho que tiene el ejidatario o comunero a usar y disfrutar de las tierras de uso común del núcleo. Este certificado lo emite el RAN y es decisión de la asamblea determinar el porcentaje que le corresponde a cada uno de sus integrantes; generalmente es en partes iguales, a menos que tome en cuenta las aportaciones financieras o materiales de trabajo del ejidatario o comunero, en cuyo supuesto el porcentaje podrá ser mayor. (Véase LA arts. 16, fracc. II, 23, fracc. X, 56, fracc. III, 57 y 74 y RLA arts. 19-28 y 41-46 y “Tierras de uso común”.)

Certificado de inafectabilidad. Documento expedido a los propietarios de los predios rústicos, como consecuencia del acuerdo dictado por la autoridad agraria competente con base en la legislación anterior, por el que declaraba que un predio agrícola, ganadero o agropecuario era inafectable para resolver las acciones de dotación de tierras, tomando en cuenta la extensión de su propiedad, el fin para el que estaba destinada y la explotación de la misma. Generalmente se establecía que el certificado de inafectabilidad era requisito de procedencia para que los propietarios promovieran juicio de amparo en contra de las acciones agrarias señaladas. Actualmente, al no existir afectación de tierras, el artículo cuarto transitorio de la LA establece que dichos certificados podrán ofrecerse como prueba en los procedimientos previstos por la citada ley y tendrán validez para efecto de determinar la calidad de las tierras. En las acciones agrarias en trámite (rezago agrario), podrán ser tomados en cuenta por los tribunales agrarios para determinar, en su caso, la afectación de terrenos. (Véase LFRA arts. 249-264 y LA art. 4º transitorio y “Prueba plena”.)

Certificado parcelario. Documento por el que se acredita el derecho que tiene el ejidatario, comunero o posesionario, a usar y disfrutar de una parcela determinada al interior del núcleo. El certificado lo emite el RAN con base en una determinación de la asamblea y en él se especifica el nombre de su titular, la superficie que lo compone y su localización. Con el certificado parcelario se comprueba la calidad de ejidatario o comunero. (Véase LA arts. 16, 56, 78, 101; RLA 19-35 y 60-68 y “Tierras parceladas”.)

Cesión de derechos. Es el acto jurídico por virtud del cual una persona llamada cedente transfiere a otra denominada cesionaria los derechos de los que es titular. En materia agraria, los ejidatarios o comuneros podrán enajenar sus derechos sobre las tierras de uso común y de sus parcelas a sus familiares, a otros ejidatarios o avecindados del propio núcleo. Para la validez de la enajenación bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la inscripción del documento ante el RAN. El cónyuge y los hijos del enajenante podrán ejercitar el derecho del tanto para adquirir la titularidad sobre la parcela o de las tierras de uso común. (Véase Art. 27, fracc. VII y LA arts. 20, fracc. I, 60, 80 y 101 y “Derecho del tanto”.)

Citatorio. Especie de notificación que forma parte de los actos de comunicación procesal. Llamamiento judicial hecho a personas determinadas para que se presenten a un tribunal, a efecto de llevar a cabo alguna diligencia o para que tomen conocimiento de algún acuerdo o resolución. En juicio agrario, los peritos, testigos y en general terceros que no constituyan parte, pueden ser citados por cédula o por cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose el notificador que efectúe el citatorio de la dirección de la persona citada.

Cláusulas. Disposiciones de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento análogo, público o privado. Constitutivas de un convenio o contrato que establecen derechos y obligaciones de las partes contenidas en dicho instrumento jurídico. La ley de la materia otorga el derecho para que los titulares de tierras ejidales o comunales celebren contratos diversos (aparcería, mediería, asociación, arrendamiento, etc.), por virtud de los cuales se permite el aprovechamiento de esos bienes por terceras personas. Los ejidatarios y comuneros en lo individual también cuentan con la facultad de enajenar sus derechos mediante el contrato respectivo. En los contratos que se formalizan se insertan las cláusulas que determinan las partes, en las que se definen sus derechos y obligaciones.

Coadyuvancia de la PA. Intervención de un tercero para colaborar en la causa del actor o del demandado. En materia agraria, tomando en cuenta la naturaleza y funciones de la Procuraduría Agraria, esta Institución coadyuva con los sujetos agrarios en asuntos y ante autoridades agrarias, realizando funciones de asesoramiento y gestión. Dentro del juicio agrario el tribunal unitario agrario puede solicitar la coadyuvancia de este organismo para que formule por escrito la demanda del actor; o bien elabore la contestación en el caso de que el demandado acuda al procedimiento sin representante legal, en el supuesto de que la presente por comparecencia ante dicho tribunal.

Código. Originalmente se entendía por código toda acumulación de preceptos jurídicos; actualmente se denomina así al conjunto de disposiciones que comprende el derecho positivo en alguna de sus materias (civil, penal, mercantil, etc.) con unidad, plan, sistema y método. En materia agraria fueron promulgados, anteriores a la vigencia de la LFRA, los códigos agrarios de 1934, 1940 y 1942, llamados así aun y cuando se trataba de leyes de carácter federal, ya que el primero “codificó” las diversas disposiciones (leyes, decretos, circulares, acuerdos, etc.) emitidas a partir de 1915 por las autoridades agrarias de ese entonces y se conservó esa denominación en los dos subsecuentes ordenamientos en la materia. La ley vigente permite la aplicación supletoria de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos federales y del Mercantil.

Coeficiente de agostadero. (Véase “Agostadero”.)Colonias agrícolas y ganaderas. Régimen de propiedad rural establecido por legislaciones anteriores, que tenía como finalidad la colonización de tierras y su aprovechamiento, mediante la creación de colonias y el incremento de la producción agrícola y ganadera. Generalmente se expedía un decreto de colonización y con posterioridad los interesados adquirían los lotes sujetos a este régimen para formar la colonia, la cual contaba con una protección especial respecto de las acciones de dotación de tierras; constituidas como personas morales, cuentan con un órgano de decisión denominado asamblea general y otro de representación, que es el consejo de administración. Actualmente la LA dispone que las colonias agrícolas y ganaderas podrán optar por continuar sujetas a este régimen o adquirir el dominio pleno de sus tierras, en cuyo caso se regirán por la legislación civil del fuero común; en este último supuesto el RAN expedirá los títulos de propiedad correspondientes que deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. El RLAMOPR establece las disposiciones aplicables a este tipo de propiedad.

Colono. Sujeto agrario titular de derechos en colonias agrícolas o ganaderas; dicha calidad se acredita con el título respectivo, constancia del registro como colono emitida por la SRA o el documento que compruebe la adquisición de derechos por cualquier medio legal establecido en el derecho común, sin perjuicio de terceros. Podrán ser titulares de lotes de colonias los campesinos que hubieren poseído y explotado las tierras de que se trate, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe.

Comisariado de bienes comunales. Órgano de representación y gestión administrativa de la comunidad, encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea de comuneros. Está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero propietarios y sus respectivos suplentes, electos por la asamblea; en su función duran tres años y no pueden ser reelectos durante un lapso igual al que estuvieron en ejercicio. Su actuación se rige según lo establecido en la LA, su estatuto comunal y, en su caso, los usos y costumbres del núcleo. (Véase LA arts. 21, 32-34, 37-39, 99, fracc. II, 107 y “Estatuto comunal”.)

Comisariado ejidal. Órgano de representación y gestión administrativa del ejido, encargado, entre otras atribuciones, de la ejecución de los acuerdos de la asamblea; actúa como un apoderado general para actos de administración. Está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero propietarios y sus respectivos suplentes electos por la asamblea; en su función duran tres años y no pueden ser reelectos durante un lapso igual al que estuvieron en ejercicio; dentro de sus obligaciones se encuentran la de procurar que se respeten los derechos de los ejidatarios, convocar a asamblea y dar cuenta a este órgano supremo del núcleo, de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, además del aprovechamiento de la tierra común. Otras atribuciones y obligaciones se establecen en el reglamento interno del ejido. (Véase LA arts. 21, 32-34, 37-39 y 92 y “Reglamento interno del ejido”.)

Comisario. Es la persona u órgano encargado de realizar funciones de vigilancia a las actividades desarrolladas en ciertas clases de sociedades, con independencia de quién ejerce la administración. En materia agraria, cuando en una sociedad participan socios ajenos al ejido, los ejidatarios tienen el derecho de nombrar al comisario que los represente en defensa de sus intereses, de lo contrario, será nombrado por el Procurador Agrario.

Comisión auxiliar. Dentro de los trabajos del PROCEDE la asamblea podrá determinar su constitución, con el número de personas que estime necesarias, así como la designación de un presidente y su respectivo suplente, para que coordine los trabajos de dicha comisión. Las funciones generales de esta comisión son:
  • – Atender las recomendaciones de la asamblea para los trabajos de reconocimiento de derechos y medición de los terrenos del núcleo;
  • – Organizar y verificar los trabajos de medición;
  • – Informar a la asamblea del núcleo sobre los avances de los trabajos;
  • – Mantener coordinación con los representantes de la PA durante el desarrollo de sus actividades.

Comisión Nacional del Agua. Órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con atribuciones en materia de administración y gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad conforme a la ley de la materia. Las funciones de esta Comisión y la normatividad que aplica tienen vinculación con los sujetos agrarios titulares de tierras ejidales y comunales, que cuentan con terrenos irrigables, ya que para su explotación es necesario contar con el agua necesaria para su aprovechamiento, y para ello el citado órgano desconcentrado emite las concesiones, permisos y autorizaciones correspondientes a favor de los usuarios. (Véase LAN art. 3°, fracc. XII, “Aguas ejidales y comunales” y “Aguas de propiedad nacional”.)
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Organismo público descentralizado de carácter técnico y social, sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La CORETT tiene como objetivo principal la regularización de la tenencia de la tierra, en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en ejidos y comunidades; adquirir y enajenar reservas territoriales para el desarrollo urbano, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales y promover, en su caso, las expropiaciones correspondientes para la desincorporación del patrimonio de los núcleos, a efecto de ordenar dichos asentamientos, con la expedición del título o escritura correspondiente. (Véase LA art. 93, fracc. V, Estatuto Orgánico de CORETT arts. 1 y 3 y “Expropiación”.)

Comisión vecinal. Grupo de ejidatarios y avecindados hasta un límite de diez, que a propuesta de la PA se constituyen para coadyuvar en los procedimientos para la delimitación y destino de las tierras para el asentamiento humano y la asignación y titulación de derechos sobre solares urbanos. La referida comisión vecinal, generalmente dentro del PROCEDE, coadyuva en los trabajos de orientación a los legítimos poseedores de solares; en la realización de los trabajos de medición y en la integración de la documentación para acreditar la posesión de los inmuebles. Cuando exista junta de pobladores, ésta deberá designar a los avecindados que formarán parte de la comisión y, en caso contrario, una reunión vecinal podrá elegirlos; los ejidatarios por su parte nombrarán a quienes de sus integrantes formarán parte de este grupo de trabajo. En el supuesto de que no existieren avecindados la comisión auxiliar desarrollará las actividades señaladas.

Comité jurídico estatal. Instancia colegiada en las delegaciones de la PA, integrada por el Subdelegado Jurídico, Jefe de Departamento y abogados agrarios de las diferentes residencias en el que se evalúan los resultados sobre el cumplimiento de metas del servicio de representación legal y se analiza la problemática de casos específicos, entre otros aspectos. El comité que sesiona mensualmente y es presidido por el Subdelegado Jurídico y en ocasiones por el propio Delegado, es un foro de discusión y análisis de los problemas jurídicos que se presentan en las delegaciones de la PA y se proponen sus alternativas de solución. Eventualmente, a las sesiones de este cuerpo colegiado son invitados magistrados de los tribunales unitarios agrarios, servidores públicos del Sector, de otras instituciones o del Gobierno de Estado, a efecto de que transmitan sus conocimientos y experiencia respecto de algún tema determinado; igualmente, en las reuniones del comité se realizan actividades de capacitación.

Comité Operativo Nacional del PROCEDE. Órgano colegiado interinstitucional, conformado por RAN, PA e INEGI, creado para emitir circulares, reglas generales y criterios para el desarrollo y conclusión del Programa; emite lineamientos generales a los integrantes de los comités operativos estatales y dentro de sus actividades destacan las determinaciones que toma respecto de la viabilidad para incorporar núcleos o suspender los trabajos en los mismos, atendiendo la problemática jurídica, técnica o de conflicto social. Las instituciones participantes son representadas por las direcciones generales de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural de la PA, de Titulación y Control Documental del RAN y de Registro Nacional de Información Geográfica del INEGI, contando con un Secretario Técnico que es el Director General de Catastro del RAN.

Comité Particular Ejecutivo. Órgano de representación de los grupos solicitantes de tierras en acciones de dotación, ampliación y nuevo centro de población ejidal, cuya atribución principal era representar legalmente a los núcleos o grupos en la tramitación del expediente; se encontraba constituido por el presidente, secretario y vocal electos por los integrantes del poblado peticionario. Sus funciones concluían al momento en que era ejecutado el mandamiento del gobernador de la entidad en primera instancia, o la resolución presidencial que concluía el expediente. Este órgano de representación subsiste en expedientes de rezago agrario que no cuentan con sentencia definitiva del Tribunal Superior Agrario.
Comité Permanente de Control y Seguimiento. Instancia creada en la PA que tiene por objeto la interlocución y participación de las organizaciones campesinas, para el análisis de temas agrarios trascendentes, el análisis y seguimiento de asuntos específicos planteados ante dicha instancia. Las actividades de este Comité se realizan a través de una unidad administrativa denominada Secretaría Técnica del Comité Permanente de Control y Seguimiento. En las delegaciones de este organismo se establecen Comités Estatales de Control y Seguimiento en los que participan las organizaciones campesinas de la entidad y son atendidas por los servidores públicos de la Delegación de la PA correspondiente. Está integrado en cada una de las entidades federativas por el mayor número posible de las organizaciones campesinas con presencia en el estado.

Comité Técnico de Valuación. Instancia técnica de la SRA responsable de la emisión de avalúos de terrenos nacionales con fines agropecuarios, de excedentes de tierras ejidales y de lotes de colonias. Está integrado por cinco peritos en la materia que son designados por el titular de dicha Secretaría, quien emite los lineamientos para el funcionamiento de este Comité, así como las normas generales conforme a las cuales se realizarán las valuaciones.

Comités operativos estatales del PROCEDE. Instancia creada por convenio celebrado entre las instituciones del Sector Agrario, el INEGI y el Gobierno del Estado correspondiente, que tiene como objetivo planear y coordinar los trabajos y acciones dentro del Programa en la entidad. Órgano de decisión en el ámbito estatal, que de manera colegiada establece los criterios necesarios para cumplir las metas establecidas en la certificación de las tierras de ejidos y comunidades. Son representantes ante el referido Comité los delegados de la PA, RAN e INEGI, así como de la SRA y del Gobierno del Estado.

Competencia. (Del latín competentia, a competens, entis, relación, proposición, apto y competente.) Idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Conjunto de facultades o atribuciones legales con que está investido un órgano jurisdiccional para conocer y resolver los asuntos que le plantean. En materia agraria, de conformidad con el Artículo 27 constitucional, se dispone la creación de tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, competentes para la administración de la justicia en esta materia, dichos tribunales denominados Superior y Unitarios Agrarios, en términos de su Ley Orgánica, son los que cuentan con facultades y atribuciones para conocer y resolver las controversias de derechos establecidos en la normatividad agraria.

Compromiso arbitral. Acuerdo de voluntades entre las partes en litigio por el que se obligan a someter su controversia a la decisión de un tercero, fijando las reglas procedimientales que se deben observar. En materia agraria generalmente este compromiso se formaliza cuando los sujetos agrarios con intereses controvertidos, de común acuerdo solicitan a la PA que dirima el conflicto a través del arbitraje; con el documento correspondiente firmado por las partes en el que se fijan las cuestiones objeto del laudo, esa Institución designa al servidor público que funja como arbitro.

Comunero. Titular de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida, establecidos en la LA y el estatuto comunal; esta calidad le permite, en su caso, el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común. (Véase LA arts. 101-102 y “Bienes comunales”.)

Comunidad. En sentido amplio es el conjunto de personas que viven en el medio rural y comparten tradiciones, usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, bosques y aguas. Por regla general en el ámbito agrario, la comunidad y sus bienes fueron reconocidas con base en la legislación anterior mediante acciones restitutorias, confirmatorias o de titulación de sus tierras. La comunidad cuenta constitucionalmente con un reconocimiento a su personalidad jurídica y una protección especial de sus bienes y recursos; los terrenos comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, excepto que se aporten para la constitución de sociedades civiles o mercantiles. La comunidad, mediante acuerdo de asamblea podrá cambiar al régimen ejidal. (Véase LA arts. 99, 100 y “Bienes comunales”, “Tierras comunales” y “Tierras de grupos indígenas”.

Comunidad indígena. Grupo indígena ocupante de un territorio común, cuyos miembros participan de una forma colectiva de vida y de un sistema propio de relaciones sociales directas. Este concepto relaciona dos términos cuya definición está orientada más al ámbito sociológico que al del derecho agrario y designa a un grupo humano que se ha conservado históricamente como tal, reproduciendo sus condiciones étnicas, lingüísticas, de organización social y política, sus costumbres, usos y tradiciones que le pertenecen de manera común; también el concepto define al vínculo que este grupo mantiene con la tierra que posee de manera colectiva desde tiempo inmemorial. (Véase C arts. 2º y 27, fracc. VII segundo párrafo, y “Tierras de grupos indígenas”.)

Concesión. Es el acto administrativo a través del cual la administración pública, federal o estatal, otorga a los particulares, en términos de la normatividad aplicable, el derecho para explotar un bien propiedad del Estado o un servicio público.

Concesión de agua. Título que otorga la Comisión Nacional del Agua conforme a su competencia para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado. (Véase LAN art. 3 fracc. XIII.)

Concesión en zona federal. Es el permiso o autorización otorgado por la autoridad competente que le otorga a una persona el derecho de uso, aprovechamiento o explotación de terrenos considerados como zona federal patrimonio de la nación, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes aplicables y en términos de títulos de la concesión, permiso o autorización correspondiente. Al beneficiario con dicha autorización se le conoce como concesionario.

Conciliación. Acuerdo o avenencia de partes, por las que mediante renuncia, allanamiento o transacción resuelven un litigio o evitan un eventual conflicto.

Conciliación agraria. Procedimiento por el que los sujetos agrarios en conflicto de común acuerdo dirimen su controversia. La conciliación constituye la vía administrativa preferente para resolver los litigios sobre derechos agrarios que le son planteados a la PA. En juicio agrario dentro de cualquier fase del procedimiento y en todo caso antes de emitir sentencia, el Tribunal Unitario Agrario exhortará a las partes a la conciliación y de lograrse su avenencia, se dará por terminado el procedimiento y se suscribirá el convenio respectivo, el cual, aprobado por dicho tribunal, tendrá el carácter de sentencia. (Véase LA art. 136, fracc. III y RIPA arts. 13, fracc. VIII, 21, fracc. II, 30, fracc. III y 41 y “Amigable composición”, “Acta de audiencia conciliatoria”.)

Concubina o concubinario. Respectivamente, es la mujer o el hombre, solteros, que cohabitan de manera habitual y permanente en concubinato; a su vez, es el acuerdo mediante el cual un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio, deciden hacer vida conyugal. Es un hecho lícito que produce efectos jurídicos a partir de los cinco años. En materia agraria se establece el derecho de sucesión de la concubina o del concubinario, dentro del orden de preferencia, cuando el titular de los derechos no haya hecho designación de sucesores. (Véase LA arts. 17-18, fracc. II y CCF art. 1368, fracc. V, “Derecho de preferencia” y “Derecho del tanto”.)

Conexidad. (Del latín connexus, atar juntos.) Es la relación entre dos o más procesos jurisdiccionales, por lo que la resolución que se dicte en uno de ellos puede tener efectos en los otros. Es el acuerdo del juzgador que, al comprobar dicha relación, determina en su caso la acumulación de dichos procesos, con el fin de evitar sentencias contradictorias. Para que haya conexidad de causa se requiere que haya identidad de personas y acciones. La LA establece que la conexidad sólo procede cuando se trate de juicios que se sigan ante el mismo tribunal y se resolverá una vez promovida, sin necesidad de audiencia especial ni otra actuación. (Véase LA art. 192, “Acción procesal agraria”, “Juicio” y “Juicio agrario”.)

Conflicto por límites. La LFRA disponía que la SRA se avocaría de oficio o a petición de parte al conocimiento de los conflictos que surgieran sobre límites de terrenos de las comunidades, o entre éstas y las tierras de ejidos. Esta acción era resuelta por el Presidente de la República, en la que se determinaba los lí- mites de las tierras que correspondían a cada uno de los núcleos en conflicto; en el supuesto de inconformidad con el fallo presidencial, las comunidades podían promover se instaurara el juicio correspondiente que era resuelto por la SCJN, de manera análoga a un juicio de amparo, en el que se revisaba la legalidad del fallo presidencial. De acuerdo con la normatividad vigente, las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal y comunal y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones, son resueltas por los tribunales unitarios agrarios y sus sentencias podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, y en contra de la determinación de este último sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. (Véase LFRA arts. 367-390; LA art. 98, LOTA art. 18, fracc. I, “Tribunal Superior Agrario” y “Tribunal Unitario Agrario”.)

Consejo de administración de las sociedades rurales. Órgano de dirección de este tipo de sociedades, nombrado por la asamblea de la persona moral; se constituye por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, que permanecen en sus funciones tres años. El consejo tiene la representación de la sociedad rural ante terceros y las funciones que los propios estatutos le confieren. (Véase LA art. 109, párrafo tercero.)

Consejo de vigilancia. Órgano del ejido o de la comunidad encargado de vigilar que los actos del comisariado ejidal o de bienes comunales se ajusten a la legislación aplicable y cumpla con los acuerdos de asamblea. Dentro de sus funciones están revisar las cuentas y operaciones que realice el comisariado y, en su caso, denunciar ante la asamblea las irregularidades detectadas, así como convocar a asamblea cuando no lo realice el comisariado. Está constituido por un presidente y dos secretarios y sus respectivos suplentes; son electos por la asamblea y ejercen su función por tres años. Al igual que el comisariado, sus miembros pueden ser removidos por acuerdo de la asamblea, en términos de la normatividad aplicable.

Consejo de vigilancia de las sociedades rurales. Órgano encargado de la vigilancia de las sociedades rurales conforme a los estatutos de la sociedad, nombrado por la asamblea de la persona moral; lo integra un presidente, un secretario y un vocal propietario y sus respectivos suplentes, que ejercen en sus funciones tres años. (Véase LA arts. 109, párrafo cuarto.)

Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (CONACOSA). Órgano de consulta y análisis en materia agraria, que cuenta con la participación de especialistas e interesados en la materia, con el objeto de que, en un contexto de entendimiento, diálogo, discusión constructiva y acciones organizadas, examine, diagnostique y, en su caso, proponga alternativas que tiendan a mejorar e impulsar los diversos aspectos de la problemática agraria del país. Desde su creación, en este foro han participado activamente las organizaciones campesinas, presentando propuestas de solución a los problemas generales o específicos que son planteados en el seno de este cuerpo colegiado. En el CONACOSA se discutió en el año 2005 una propuesta de reformas a la LA, en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo.

Consejo técnico estatal. Es el órgano interno constituido en las delegaciones de la PA, en el cual se definen, orientan y evalúan los programas de trabajo de las delegaciones. Su funcionamiento es de carácter obligatorio. En el referido consejo participan: el delegado quien lo preside, los subdelegados, los jefes de departamento, los jefes de residencia y en su caso los visitadores y abogados agrarios. Cuando los temas a tratar así lo requieren, se podrá invitar a otros servidores públicos de la propia institución, o de otras dependencias y entidades del Sector Agrario.

Constitución de ejido. En términos de la LA un grupo de 20 o más individuos tienes derecho a crear un ejido, con personalidad jurídica y patrimonio propio; para ello es necesario que aporten tierras para su constitución, que elaboren un proyecto de reglamento interno del ejido y que tanto dicha aportación como el citado reglamento consten en escritura pública, solicitando su inscripción en el RAN. (Véase LA arts. 9-10 y 90-92; “Ejido”, “Fedatario público”.)

Contestación de demanda. Acto por el cual el demandado en juicio responde a las pretensiones solicitadas por el actor, ya sea negándolas, confirmándolas u oponiendo excepciones. En materia agraria instaurado el juicio, el demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia de ley, pudiendo hacerlo por escrito o mediante comparecencia, en cuyo caso el tribunal solicitará el auxilio de la PA para que la formule por escrito. En el supuesto de que el demandado al contestar la demanda o en la audiencia de ley confiese expresamente la demanda en todas sus partes y dicha confesión sea verosímil, apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, se pronunciará sentencia de inmediato; en caso de negarla o reconvenirla al momento de la contestación, el procedimiento continuará su trámite.

Continuidad del juicio de amparo por un sucesor. Es el derecho que se actualiza en caso de fallecimiento de un ejidatario o comunero que sea parte en un juicio de amparo, para que quien tenga derecho a heredarlo, conforme a la normatividad agraria, continúe con el procedimiento del citado juicio. (Véase LA arts. 17 y 18, LDA art. 216, y “Sucesor”.)

Contradicción de tesis de los tribunales agrarios. Constituye la existencia, sustentación y en su caso la aplicación de criterios contrapuestos en sentencias emitidas por los tribunales unitarios agrarios. La PA, a través del Procurador, podrá hacer del conocimiento del Pleno del Tribunal Superior Agrario la contradicción existente, a fin de que resuelva qué tesis debe prevalecer. (Véase LOTA art. 9o, fracc. V párrafo tercero, RIPA art. 11, fracc. X; “Procuraduría Agraria”.)

Contrato. (Del latín contractus, derivado del verbo contrahere, reunión, lograr, concertar.) Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce consecuencias jurídicas; convenio o acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. En materia agraria los núcleos de población ejidal y comunal y los ejidatarios o comuneros, podrán celebrar contratos que impliquen el uso de tierras, de uso común o parceladas, según sea el caso, por un tercero; en el supuesto de integrantes de núcleos en lo particular, que celebren este tipo de contratos, no requerirán autorización de la asamblea cuando se encuentren sus tierras formalmente parceladas. (Véase LA arts. 23, fracc. V, 45 y 79 y CCF arts. 1792-1793.)

Contrato de arrendamiento. Acuerdo de voluntades mediante el cual el ejidatario concede el uso o goce temporal de su parcela a un tercero, a cambio de una retribución periódica; en caso de tierras de uso común, el contrato debe ser autorizado por la asamblea del núcleo y su vigencia deberá ser acorde al proyecto productivo que se pretenda desarrollar, sin que en ningún caso el instrumento estipule un aprovechamiento para el arrendatario mayor a 30 años. (Véase LA arts. 45 y 79 y “Arrendamiento”.)

Contrato de uso o usufructo sobre tierras ejidales o comunales. Acuerdo de voluntades mediante el cual el ejido, comunidad o el titular de una parcela otorgan a un tercero su aprovechamiento, a fin de que obtenga los beneficios derivados de la explotación de las tierras objeto del contrato por un periodo establecido; para su celebración, en caso de tierras de uso común, se requiere la anuencia de la asamblea; la duración del contrato en cualquier caso no podrá exceder de 30 años prorrogables. Este contrato también podrá celebrarse bajo la modalidad del arrendamiento, aparcería, mediería o de usufructo en general. (Véase LA arts. 45, 79 y 100 y “Contrato” y “Contrato de arrendamiento” y “Uso (usufructo)”.)

Contumacia. (Del latín contumacia, obstinación o rebeldía.) También llamada rebeldía, en el derecho procesal es la reiterada actitud de no atender un mandato de una autoridad judicial; es la situación producida de no realizar el acto procesal respecto del cual existe la carga de la prueba. En juicio agrario, la ley de la materia no precisa esta hipótesis, no obstante se presenta cuando el actor o demandado de manera reiterada se abstiene de atender un requerimiento o mandato del tribunal agrario, en cuyo supuesto este órgano jurisdiccional podrá dictar las medidas de apremio o sanciones correspondientes; para el caso de la ejecución de sentencias, el referido tribunal cuenta con facultades para dictar las medidas necesarias que considere procedentes. En ocasiones dentro de los juicios agrarios las partes retardan el procedimiento y la consecuente emisión de la resolución, al no acudir a las audiencias fijadas por el tribunal, cuando se apersonan sin su representante legal a pesar de que así les fue requerido; no aportan los elementos de prueba necesarios o impiden el desahogo de alguna diligencia, y finalmente, al realizar actos de oposición que impiden la ejecución de las sentencias. (Véase LA arts. 183 y 191.)
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Instrumento jurídico aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión; dicha norma entró en vigor el 5 de septiembre de 1991, de conformidad a lo establecido por el propio Convenio; esta determinación de la OIT fue ratificada por el Senado de la República el 11 de julio de 1990 y se ordenó su publicación por el Ejecutivo Federal en el DOF, el 3 de agosto de ese año. En términos de la C, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y los tratados internacionales, como el que se señala, son Ley Suprema de toda la Unión. Dicho instrumento es aplicable a los pueblos indígenas y tribales que se localizan en distintos países, cuyas condiciones étnicas, sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la población en el ámbito nacional; se reconocen sus tradiciones o costumbres, así como el control de sus instituciones, forma de vida y desarrollo económico, a efecto de fortalecer su identidad en el marco normativo de los Estados en que se localizan. En México, la C señala que la nación tiene una composición pluricultural y la identidad indígena, determinando que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio, con autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Asimismo, establece que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. La LA dispone el reconocimiento jurídico de las comunidades respecto a su personalidad y propiedad sobre sus tierras y determina que deberán ser protegidas por las autoridades en términos de la normatividad aplicable. Además, establece que en los juicios agrarios en que se involucren tierras de los grupos indígenas deberán de considerar sus costumbres y usos, siempre que no contravengan lo dispuesto por esta ley, ni se afecten derechos de terceros. Igualmente determina que el tribunal agrario se asegurará que dentro del procedimiento los indígenas cuenten con traductores, cuando ello sea necesario. (Véase “Convenio 169 de la OIT”, C, art. 2º, LA arts. 99, 106 y 164, “Comunidad indígena” y “Tierras de grupos indígenas”.)
Convenio conciliatorio agrario. Es el documento que contiene el acuerdo de voluntades, que resuelve una controversia; instrumento que concluye el procedimiento conciliatorio en vía administrativa. El referido documento deberá contener como mínimo: a) la manifestación de las partes en el sentido de que en la suscripción del convenio no hubo error, dolo ni mala fe y que, por tanto, habrán de cumplirlo en todos sus términos, y b) asentar en el convenio la necesaria ratificación por la asamblea del núcleo, para el caso de que se pudieran afectar derechos colectivos. Suscrito el convenio conciliatorio se promoverá su ratificación ante el tribunal unitario que corresponda y su inscripción en el RAN. (Véase LA arts. 136, fracc. III y RIPA 5º fracc. IV, 21 fracc. II y 44 y “Acta de audiencia conciliatoria” y “Conciliación”.)

Conversión de régimen en propiedad social. Facultad de las asambleas celebradas con formalidades especiales en ejidos y comunidades en las que se adopta el cambio de régimen de ejidal a comunal o viceversa; en ambos casos, la decisión de la asamblea surtirá efectos legales a partir de la inscripción del acta correspondiente en el RAN. En el supuesto de los ejidos convertidos a comunidad, la asignación parcelaria que se hubiere efectuado será reconocida como legítima; cuando los inconformes con esta determinación formen un número mínimo de 20, podrán mantener el régimen ejidal con las tierras que en su caso les correspondan. Igualmente, cuando los comuneros inconformes con la conversión al régimen ejidal sean 20 o más, podrán continuar como comunidad con las tierras que en su caso les correspondan.

Convocatoria a asamblea de núcleo agrario. Documento mediante el cual el comisariado ejidal, consejo de vigilancia o PA cita formalmente a los ejidatarios o comuneros, con el fin de que concurran a la celebración de la asamblea ejidal o comunal, para tratar los asuntos señalados en dicho documento y el lugar y fecha de la reunión; el comisariado ejidal será responsable de la permanencia de las convocatoria en los lugares más visibles del núcleo hasta el día en que se verifique la asamblea.

La convocatoria a asamblea podrá ser solicitada por al menos veinte ejidatarios o 20% del total de quienes integran el núcleo; si el comisariado o consejo no emitieren la convocatoria requerida en un plazo de cinco días, los citados sujetos agrarios podrán solicitar a la PA que convoque a la reunión. En asamblea de formalidades simples, la convocatoria deberá expedirse con no menos de ocho ni más de quince días anteriores a la celebración de la asamblea. Para asambleas de formalidades especiales, en primera convocatoria, deberá emitirse por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la reunión.

La segunda convocatoria se lanza de inmediato, por cualquiera de los órganos del ejido o la PA según sea el caso, cuando el día señalado para la asamblea en primera convocatoria no se cumplió la mayoría de asistencia requerida para su validez, programando la verificación de la reunión en un plazo no mayor a ocho días para asambleas con formalidades simples o de 30 para la de formalidades especiales.
La LA prevé la emisión de una ulterior (tercera, cuarta, etc.), cuando por causas de fuerza mayor, iniciada la asamblea en segunda convocatoria, no sea posible culminar la sesión y se tenga que citar de nueva.
Cónyuge en materia agraria. Es la persona que unida en matrimonio con un sujeto de derechos agrarios tiene derecho de prelación en la sucesión del ejidatario, comunero o posesionario, para el caso que no haya elaborado y depositado la lista respectiva, así como al derecho del tanto, en el caso de la enajenación de sus derechos como integrante del núcleo de población ejidal o comunal.

Copropiedad. En el derecho civil, derecho real por virtud del cual una cosa o derecho pertenece proindiviso a varias personas. Esta figura se aplica de manera supletoria cuando la asamblea asigna una parcela a un grupo de ejidatarios que gozan de los derechos sobre la misma en partes iguales, salvo que los coderechosos determinen una forma de participación diferente; quienes además precisarán el ejercicio de sus derechos, o bien según lo disponga el reglamento interno del núcleo. (Véase LA art. 62, CCF art. 938 y “Reglamento interno del ejido”.)

Cosa juzgada. Se entiende como tal la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes. Cuestión que ha sido resuelta en juicio por sentencia de los tribunales judiciales o administrativos. De acuerdo con el CFPC hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria por ministerio de ley o declaración judicial. La cosa juzgada en materia de amparo es una causal de improcedencia.

Costumbre. Es la observancia en un grupo social de ciertas conductas que, sin incluirse en la legislación, las considera obligatorias, por su repetición constante se deben cumplir y por la convicción de la colectividad; dichas conductas son obligatorias. En las comunidades indígenas la C protege sus usos y costumbres respecto de la elección de sus autoridades, formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural y sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos dentro de la propia comunidad, siempre y cuando no sean contrarios a la Carta Magna y leyes reglamentarias. En los juicios agrarios en que se involucren tierras de los grupos indígenas, para su resolución, los tribunales agrarios deberán considerar las costumbres y usos de la comunidad indígena, mientras no contravengan lo dispuesto por la LA ni se afecten derechos de terceros.

Cuerpo Consultivo Agrario. Órgano colegiado que funcionaba por mandato constitucional, integrado por cinco miembros titulares y con el número de supernumerarios que determinara el Ejecutivo Federal, con las funciones que las leyes reglamentarias le fijaran; sus atribuciones en la LFRA eran las de: a) dictaminar sobre los expedientes que debían ser resueltos por el Presidente de la República o por el Secretario de la Reforma Agraria, cuando su trámite había concluido; b) revisar y autorizar los planos proyectos correspondientes a los dictámenes que aprobaba; c) opinar sobre los conflictos que se suscitaran con motivo de la ejecución de las resoluciones presidenciales, cuando hubiera inconformidad de los núcleos agrarios; d) emitir opinión cuando el Secretario de la Reforma Agraria lo solicitara, respecto de las iniciativas de ley o los proyectos de reglamento que en materia agraria correspondía formular al Ejecutivo Federal; e) resolver las inconformidades derivadas de los juicios privativos de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, y f) las demás que la LFRA, otras leyes y reglamentos le señalaran. Con motivo de las reformas al Art. 27 constitucional del 6 de enero de 1992, las facultades de este cuerpo colegiado concluyeron, quedando a cargo de la SRA, inicialmente a través de la Dirección General de Apoyo para la Conclusión del Rezago Agrario, actualmente Unidad Técnica Operativa, integrar y poner en estado de resolución todos los expedientes de las acciones agrarias iniciadas al amparo de la legislación anterior, que no hubieran culminado con resolución presidencial, para su envío al Tribunal Superior Agrario, a efecto de que se dictara la sentencia definitiva. (Véase LFRA arts. 14 y  16 y arts. terceros transitorios del DRA 27 y de la LA, respectivamente.)

Cumplimiento sustituto. Figura jurídica establecida en la fracción XVI del Artículo 107 constitucional, a efecto de que cuando la naturaleza del acto lo permita, la SCJN, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso; igualmente éste podrá solicitar ante el órgano que corresponda dicho cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita. En el juicio de amparo en materia agraria, esta figura jurídica ha representado una alternativa para las autoridades responsables en el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuya exacta ejecución afectaría gravemente el interés colectivo o social en mayor proporción que el que obtendría el quejoso. En términos de la LA, los tribunales agrarios se encuentran facultados para interrogar a las partes acerca de la forma que propongan para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento, hipótesis en la que se pudiera presentar un cumplimiento substituto, cuando el propio tribunal determine la existencia de alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia, principalmente si se trata de la cumplimentación sobre tierras de un núcleo, que afecte gravemente a la sociedad o a terceros, en mayor proporción que los beneficios que pudiera obtener la parte a quien benefició la sentencia.

D

Daño en propiedad ajena. En materia penal, se establece como el atentado contra el patrimonio, consistente en la destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero, de conformidad a lo previsto por el art. 397 del CPF. Deber jurídico. (Del latín debere, a su vez de habere, tener que, ser necesario, tener la obligación, deber.) Indica el comportamiento al que un individuo está obligado, de conformidad con una regla o precepto; se entiende como lo correcto, lo bueno, lo justo, lo lícito.  Decreto. (Del latín decernere, decrevi, decretum.) En general, acuerdo o resolución, decisión o determinación del Ejecutivo Federal, de un gobierno estatal o de un tribunal. En el ámbito administrativo, es la expresión jurídica de la voluntad del Poder Ejecutivo, mediante resoluciones en el ejercicio de sus atribuciones, sobre alguna especie particular de sus actividades públicas.

Deber jurídico. (Del latín debere, a su vez de habere, tener que, ser necesario, tener la obligación, deber.) Indica el comportamiento al que un individuo está obligado, de conformidad con una regla o precepto; se entiende como lo correcto, lo bueno, lo justo, lo lícito.  Decreto. (Del latín decernere, decrevi, decretum.) En general, acuerdo o resolución, decisión o determinación del Ejecutivo Federal, de un gobierno estatal o de un tribunal. En el ámbito administrativo, es la expresión jurídica de la voluntad del Poder Ejecutivo, mediante resoluciones en el ejercicio de sus atribuciones, sobre alguna especie particular de sus actividades públicas.

Decreto. (Del latín decernere, decrevi, decretum.) En general, acuerdo o resolución, decisión o determinación del Ejecutivo Federal, de un gobierno estatal o de un tribunal. En el ámbito administrativo, es la expresión jurídica de la voluntad del Poder Ejecutivo, mediante resoluciones en el ejercicio de sus atribuciones, sobre alguna especie particular de sus actividades públicas.

Decreto expropiatorio. Acto del Poder Ejecutivo por el cual impone, atendiendo al interés público, a los particulares la cesión de su propiedad para realizar obras a favor de la colectividad o de beneficio social. En materia agraria, los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna de las causas de utilidad pública establecidas en la LA; el procedimiento deberá tramitarse ante la SRA y previo a la emisión del decreto correspondiente, se deberá cubrir la indemnización a los núcleos o a sus integrantes afectados. (Véase LA arts. 93-97, RLAMOPR arts. 76-79 y “Causa de utilidad pública”, “Expropiación” e “Indemnización”.)

Delegación de facultades. Es el acto jurídico por el cual un órgano administrativo transmite parte de sus poderes o facultades a otra unidad administrativa. La LOAPF establece en el artículo 16 que los titulares de las secretarías de Estado pueden delegar facultades en sus subordinados, siempre y cuando se determine el cargo del servidor público en que se delegarán la totalidad o una parte de sus atribuciones. Según lo previsto por el art. 12 del RIPA, el Procurador Agrario podrá delegar algunas de las facultades precisadas en el art. 11 de dicho ordenamiento a sus subalternos y para tal efecto emitirá el acuerdo correspondiente que deberá ser publicado en el DOF. (Véase LOAPF arts. 14-16 y RIPA art. 12.)

Delegación de la Procuraduría Agraria. Unidad administrativa de la PA establecida en las entidades federativas de la República, con domicilio en la capital del Estado, creada por determinación del Procurador Agrario. Las delegaciones ejercen dentro del ámbito territorial del Estado las atribuciones señaladas en el RIPA y es la representante de la Institución en la entidad federativa correspondiente. Está a cargo de un delegado, auxiliado por subdelegados, residentes, jefes de departamento, visitadores, abogados agrarios y demás personal que se requiera.

Demanda. Acto procesal por el cual una persona se constituye en parte actora o demandante, expresando la causa y su fundamento ante el órgano jurisdiccional, con el cual inicia el proceso y solicita una sentencia favorable a sus pretensiones. También se conoce como demanda al escrito que contiene lo precisado anteriormente. En juicio agrario el actor puede presentar su demanda por escrito o por comparecencia; en este último caso, el tribunal unitario agrario solicitará la coadyuvancia de la PA para que formule la demanda por escrito; el tribunal del conocimiento analizará la demanda y si hubiere irregularidades o no cumple con los requisitos previstos legalmente prevendrá al promovente para que lo subsane, en el término de ocho días.

Demandado. Persona contra la cual se endereza una demanda judicial, exigiéndole alguna cosa o prestación determinada. En materia agraria, el demandado debe contestar la demanda a más tardar el día de la audiencia y podrá reconvenir o contra-demandar las pretensiones del actor; en este caso, se notificará a este último para que en un término no mayor a diez días conteste dicha reconvención. (Véase LA arts. 170, 178, 180, 182-185, fraccs. I y V, “Contestación de demanda” y “Reconvención”.)

Demasías. En términos de la abrogada Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, eran los terrenos poseídos por particulares con título y en extensión mayor de la que este determinaba, encontrándose el exceso dentro de los linderos demarcados por el documento de propiedad y, por lo mismo, confundido en su totalidad con la superficie que el mismo amparaba. De conformidad con dicho ordenamiento los poseedores de demasías tenían preferencia para su adquisición por composición. La ley de la materia no contempla este tipo de superficie y sólo se refiere a los terrenos baldíos y nacionales, los cuales, en su caso, son regularizados mediante el procedimiento establecido en dicha ley y su reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural. (Véase Ley de Terrenos Nacionales y Demasías DOF 07-02-51, arts. 6º y 15, LA arts. 157-162, “Baldío” y “Terrenos nacionales”.)

Denuncia. (Del latín denuntiare, hacer saber, remitir un mensaje.) Acto por el cual una persona hace del conocimiento de un órgano de autoridad la verificación o comisión de determinados hechos, con el objeto de que dicho órgano aplique las consecuencias jurídicas o sanciones previstas en la normatividad como consecuencia de los actos denunciados. La PA tiene facultades para denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar los derechos de los sujetos agrarios; así como denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los servidores públicos agrarios y los hechos que puedan ser constitutivos de delitos, infracciones o faltas administrativas en materia agraria. (Véase LA art. 136, fraccs. IV, VI, VIII y X y RIPA arts. 5º, fracc. X y 20, fraccs. II, III, V y X.)

Denuncia de excedentes. Acto por medio del cual se hace del conocimiento de la SRA o PA que una persona física o moral posee una superficie mayor de tierras a la permitida legalmente; este acto inicia el procedimiento correspondiente para determinar y en su caso enajenar los terrenos excedentes de las personas físicas o morales. (Véase LA arts. 132-133 y 136, fracc. VIII, RLAMOPR arts. 43-58 y “Demasías”.)

Derecho Agrario. Conjunto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia de carácter social tendentes a regular las diversas formas de propiedad y de tenencia de la tierra en el medio rural, así como las actividades que se vinculan con la explotación y aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal; esta disciplina surge de manera formal a partir de 1915 y su orientación social se establece en el Artículo 27 constitucional de 1917. Actualmente, el derecho agrario tiene su fundamento en el referido artículo constitucional, modificado en el año de 1992 y en la LA, los reglamentos que la norman y diferentes legislaciones relacionadas (ecológica, de aguas, forestal, de asentamientos humanos, entre otras).

Derecho Agrario Integral. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el acceso, uso y administración de la tierra, así como su situación jurídica. Esta categoría comprende el estudio que formalmente corresponde a otras ramas del derecho, generales o especiales, que resultan complementarias a la materia agraria. Actualmente, en el Sector Agrario existen procesos que se encuentran estrechamente vinculados con las actividades de los núcleos agrarios como: la producción, los actos jurídicos que se realizan respecto a su tierra, el aprovechamiento de los recursos naturales y preservación del medio ambiente, la organización agraria y la capacitación como instrumentos necesarios para lograr el desarrollo rural integral. A partir de la reformas al Art. 27 constitucional del año de 1983, se ha promovido el establecimiento de políticas públicas con el propósito de impulsar el desarrollo rural integral. Las modificaciones a dicho precepto realizadas en 1992, dan sustento al denominado derecho agrario integral al vincular la tenencia de la tierra, su aprovechamiento, con el ejercicio de acciones de fomento para elevar el nivel de vida de los campesinos.

Derecho ambiental. Conjunto sistemático y ordenado de leyes que regulan la protección, conservación, preservación y utilización de los recursos naturales y del equilibrio ecológico del entorno. (Véase LA art. 5º y LGEEPA.)

Derecho de preferencia. Es la primacía que confiere la ley o la voluntad de las partes a una persona o a un derecho, real o personal, en relación con otros. En materia agraria, tendrán derecho de preferencia, en este orden, cuando el ejidatario o comunero no haya hecho designación de sucesores, su cónyuge, concubina o concubinario, uno de sus hijos, uno de sus ascendientes o cualquier persona que dependa económicamente de él. Asimismo, en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras tendrán derecho de preferencia respecto de las tierras de uso común los posesionarios reconocidos, ejidatarios y avecindados, hijos de ejidatarios y avecindados que hayan trabajado las tierras por más de dos años y otros individuos a juicio de la propia asamblea. (Véase LA arts. 18 y 57, “Avecindados”, “Cónyuge” y “Concubina o concubinario”.)

Derecho del tanto. Facultad que tiene una persona para adquirir determinados derechos con preferencia a otra en igualdad de condiciones; en caso de incumplimiento de los requisitos de ley el contrato puede ser anulado. En materia agraria tendrán el derecho del tanto, en caso de cesión de derechos parcelarios, el cónyuge o los hijos del ejidatario o comunero enajenante; el ejercicio de este derecho se deberá efectuar en un término de 30 días naturales contados a partir de la notificación. Igualmente, tendrán el derecho del tanto en la primera enajenación de parcelas, sobre las que se hubiera adoptado el dominio pleno, los familiares del vendedor, las personas que hayan trabajado la parcela por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población en ese orden; dicho derecho lo deberán ejercitar también en un término de 30 días naturales. (Véase LA arts. 80 y 84; “Cónyuge” y “Avecindado”.)

Derecho social. Conjunto de normas jurídicas que establecen derechos y desarrollan principios y procedimientos protectores de las personas, grupos o sectores de la sociedad, en condiciones de desigualdad económica, en relación con otros actores de la misma sociedad, a efecto de lograr una convivencia armónica dentro de un estado de derecho. A la tradicional clasificación del derecho privado y público, doctrinalmente se añadió una tercera rama o clasificación denominada derecho social; en este ámbito se ubican el derecho laboral, el agrario, el económico, el de seguridad social, el de asistencia y el cultural. El derecho social se concibe como proteccionista en favor de grupos sociales vulnerables, como son campesinos y trabajadores, principalmente. En este contexto, el derecho agrario inicialmente se conformó por la serie de disposiciones orientadas principalmente a la equitativa distribución de la tierra y su explotación en beneficio de un mayor número de campesinos. Actualmente, con el fin del reparto de la tierra y en términos de la normatividad vigente, se cuenta con una serie de disposiciones que protegen a los núcleos ejidales y comunales así como su patrimonio; además cuentan con una institución encargada de la procuración de justicia y para dirimir sus controversias con tribunales especializados en la materia. (Véase Art. 27, fracc. VII y XIX; LA art. 136 y “Derecho agrario”.)

Derechos agrarios individuales. Prerrogativas o beneficios establecidos en la ley de la materia, que corresponden a los ejidatarios o comuneros en lo individual y en algunos supuestos a los avecindados y posesionarios del núcleo; generalmente tienen relación con la parcela, los derechos sobre las tierras de uso común o el solar urbano, que pudiéramos considerar como “derechos reales”. Asimismo cuentan con otros derechos individuales que pudieran estimarse como “personales”, consistentes en la designación de sucesores, derechos del tanto y de preferencia, derechos de participación y de toma de decisiones en asambleas, a ser electos en los órganos de representación y vigilancia, entre los más importantes.

Desahogo de pruebas. Actividad judicial para apreciar el grado de conven- cimiento del juzgador respecto de la veracidad de los hechos objeto de prue- ba, determinando el valor que deben tener los medios probatorios en el procedimiento. En el juicio agrario, el desahogo de pruebas se efectúa dentro de la audiencia de ley y serán admisibles toda clase de ellas mientras no sean contrarias a la normatividad; el tribunal agrario podrá acordar en todo tiempo la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de los puntos cuestionados. Dentro del procedimiento, las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. (Véase LA arts. 184-187 y “Prueba”.)

Desarrollo rural sustentable. Mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas, en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos, de acuerdo con las disposiciones aplicables; asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales. (Véase LDRS art. 3, fracc. XIV.)

Desistimiento. Acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no continuar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite, en un procedimiento iniciado. El CFPC, de aplicación supletoria en materia agraria, determina que opera la caducidad por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada y declarada por el tribunal ante el que se haya hecho valer. En juicio agrario, aun y cuando la ley de la materia no precisa esta figura, el desistimiento se presenta principalmente cuando las partes logran una composición amigable, por lo que en el convenio correspondiente que se formalice, se establece el desistimiento por parte del actor y el demandado, en el supuesto de que hubiere reconvenido; acuerdo de voluntades que debe ser sancionado por el tribunal unitario agrario del conocimiento. Independientemente de lo anterior, el actor en cualquier momento puede desistirse de la acción ejercitada y por ello del procedimiento iniciado, acordando el tribunal agrario la conclusión y archivo del expediente instaurado. (Véase LA art. 167 y 185; CFPC arts. 357 y 373, fracc. II, y “Caducidad”.)

Deslinde. Señalar y distinguir a través de trabajos técnicos de campo una superficie determinada. Poner los límites o linderos a un lugar. En materia agraria se establece esta acción para deslindar la superficie necesaria o para el establecimiento de parcelas con destino específico, la zona de urbanización y los terrenos baldíos y nacionales. (Véase LA arts. 66, 70 y 160 y RLAMOPR art. 108, “Zona de urbanización”, “Terrenos baldíos” y “Terrenos nacionales”.)

Desposesión. (Del latín possessio-onis.) Fin de la relación de posesión del sujeto con el objeto material o con un derecho. Puede producirse por acto voluntario del titular, o contra de su voluntad; en este último caso puede ser por un acto lícito y pacífico o por uno delictivo, violento o fraudulento denominado despojo. En materia agraria la denuncia presentada ante el ministerio público por el delito de despojo interrumpe los plazos señalados para que opere la prescripción de terrenos ejidales. (Véase LA art. 48 y “Prescripción”.)

Destino de las tierras ejidales y comunales. De conformidad con la LA, las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: tierras para el asentamiento humano, de uso común y parceladas. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas en las disposiciones aplicables de dicha ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas y efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico y regularizar la tenencia de los posesionarios; consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas en la forma señalada anteriormente y asignar los derechos que correspondan. Las comunidades además determinarán el destino y uso de sus tierras, su división en distintas porciones según diversas finalidades y la organización que consideren conveniente para el aprovechamiento de sus bienes.

Diario Oficial de la Federación. Publicación del Poder Ejecutivo Federal a través de la cual se difunden leyes, decretos, circulares y demás disposiciones emitidas por los tres poderes de la Unión, con el objeto de darlos a conocer a fin de que sean observados y aplicados debidamente. Orgánica y administrativamente la unidad administrativa responsable de esta actividad depende de la Secretaría de Gobernación. En el DOF se publican en términos de la LA el acuerdo respectivo para la terminación del régimen ejidal, los decretos expropiatorios sobre bienes ejidales y comunales y las resoluciones de la SRA respecto de la titulación de terrenos nacionales; además se difunden en este medio las resoluciones dictadas por los tribunales agrarios. (Véase C art. 89, fracc. I y LOAPF art. 27, fraccs. II-III y LA arts. 29, 94 y 160.)

Dictamen. Opinión y juicio de un perito en cualquier ciencia o artes acerca de una cuestión de su especialidad, a requerimiento de parte interesada o de una autoridad. En materia agraria la PA emite dictamen previo a la terminación del régimen ejidal en el que determina que ya no existen las condiciones para su permanencia; asimismo, formula opinión o dictamen del proyecto de desarrollo y de escritura social de aportación de tierras de uso común, propiedad de ejidos y comunidades a sociedades mercantiles o civiles. (Véase LA art. 23, fracc. XII, 75 fracc. II y 100, “Aportación de tierras” y “Terminación del régimen ejidal”.)

Dictamen de improcedencia. Acuerdo que dentro del procedimiento de queja emite la PA mediante el cual califica el planteamiento presentado cuando el asunto de que se trate no se relacione con violaciones a leyes agrarias; el referido acuerdo o dictamen debe notificarse de manera oportuna al quejoso en forma oficial. (Véase RIPA arts. 57 y 58 y “Queja”.)

Dictamen paleográfico. Es la opinión que versa sobre la autenticidad de documentos antiguos, especialmente de la época colonial, con base en un análisis minucioso que verifica su escritura, signos, abreviaturas, tipo de papel, tinta, autoridades investidas con facultades para su emisión y otros elementos relacionados con la época en que fueron expedidos. En la materia, la LFRA, dentro de los procedimientos de restitución y de reconocimiento y titulación de bienes comunales, establecía como requisito la elaboración de un dictamen paleográfico cuando la comunidad aportaba títulos primordiales que acreditarían en su caso la propiedad de las tierras. Básicamente se trataba de cédulas reales, composiciones de tierras, adjudicaciones, diligencias de apeo y deslinde, creaciones de condueñazgos, resoluciones judiciales, etc. En términos de la LA que prevé la acción de reconocimiento de una comunidad, el núcleo promovente pudiera presentar títulos primordiales y el tribunal unitario agrario ordenar la elaboración de dicho dictamen, para comprobar la autenticidad de los documentos y determinar la propiedad del núcleo sobre las tierras de las que solicita dicho reconocimiento. (Véase LFRA art. 281 y 359; LA art. 99, fracc. I; LOTA art. 18, fracc. III, “Dictamen” y “Dictamen pericial”.)

Dictamen pericial. Es el informe que rinde un perito o experto en cualquier profesión o actividad, en el que da a conocer sus puntos de vista o resultados respecto del examen o análisis que haya hecho de una cuestión sometida a sus conocimientos. Dentro del juicio agrario se concederá el tiempo necesario cuando se requiera que un perito emita el dictamen correspondiente. (Véase LA art. 194 y “Servicios periciales”.

Diferir. Dilatar, retardar o suspender la ejecución de un acto determinado a fin de realizarlo posteriormente. En los procedimientos jurisdiccionales el juez del conocimiento determina el diferimiento de los actos procesales cuando así lo permite la normatividad o de manera discrecional por la naturaleza del asunto o la complejidad para el desahogo de las pruebas. En juicio agrario, es procedente se difiera la audiencia de ley cuando fuere necesario esperar a alguna persona a quien se hubiere llamado al procedimiento o para conceder tiempo a los peritos que hayan de emitir dictamen, o por cualquier otra circunstancia que así lo exija a juicio del magistrado del tribunal agrario. (Véase LA art. 194.)

Diligencia de deslinde. Estudio técnico y topográfico de un terreno rústico que la SRA realiza por sí o mediante terceros, en presencia de sus propietarios, poseedores, colindantes o afectados por el deslinde, a fin de resolver si el terreno es o no nacional. (Véase LA art. 160, “Deslinde” y “Terrenos nacionales”.)

Diligencia de inspección ocular. Prueba ofrecida por alguna de las partes den- tro de un procedimiento jurisdiccional, para dilucidar alguno de los hechos motivo de la controversia cuyo resultado, en su caso, será considerado por el juzgador al momento de dictar su sentencia. Dentro del juicio agrario, el Magistrado se encuentra facultado para examinar los lugares y hacerlos reconocer por peritos y podrá acordar en todo tiempo la práctica o perfeccionamiento de cualquier diligencia, incluida la inspección ocular, para el conocimiento de la verdad. Esta prueba es fundamental en los casos en que se dirime la posesión y titularidad de las tierras ejidales o comunales. (Véase LA arts. 185, fracc. IV, y 186, CFPC art. 80, “Inspección judicial” y “Prueba”.)

Diligencias precautorias. Aquellos actos que emite el juez con el objeto de proteger los intereses de una o ambas partes dentro de un juicio. Son diligencias previas a la iniciación del proceso; ejemplo: embargo precautorio. En el juicio agrario, los tribunales competentes proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger los derechos de los interesados que se dirimen dentro del procedimiento. (Véase LA art. 166 y “suspensión”.)  Distrito de riego. Unidad productiva que se crea por decreto presidencial; está conformado por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal de protección y demás bienes y obras conexas; el distrito de riego en ocasiones se conforma con una o varias unidades de riego. La ley de la materia establece que los ejidos y comunidades beneficiados con aguas correspondientes a distritos de riego u otros sistemas de abastecimiento están obligados a cubrir las tarifas aplicables. (Véase LA art. 54, LAN art. 3°, fracc. XXV, “Aguas ejidales y comunales” y “Aguas de propiedad nacional”.)

Distrito de riego. Unidad productiva que se crea por decreto presidencial; está conformado por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal de protección y demás bienes y obras conexas; el distrito de riego en ocasiones se conforma con una o varias unidades de riego. La ley de la materia establece que los ejidos y comunidades beneficiados con aguas correspondientes a distritos de riego u otros sistemas de abastecimiento están obligados a cubrir las tarifas aplicables. (Véase LA art. 54, LAN art. 3°, fracc. XXV, “Aguas ejidales y comunales” y “Aguas de propiedad nacional”.)

Distritos de justicia agraria. Son las circunscripciones territoriales en las que ejercen su jurisdicción los tribunales unitarios agrarios. El pleno del Tribunal Superior Agrario determina la división del país en distritos de justicia agraria; actualmente existen 49 distritos con sendos tribunales. (Véase RITA art. 46, “Tribunales agrarios” y “Tribunales Unitarios Agrarios”.

División de ejidos. Acción por virtud de la cual se segregan parte de los bienes ejidales concedidos a un núcleo para conformar otro u otros ejidos, conservando ambos su naturaleza como propiedad social respecto de sus tierras, debiendo quedar integrados con no menos de 20 ejidatarios; en la legislación anterior el procedimiento concluía cubiertos los requisitos establecidos con la emisión de la resolución presidencial correspondiente. Actualmente, la asamblea de un núcleo ejidal, de acuerdo con las formalidades y requisitos previstos en la LA, está facultada para dividir sus tierras en dos o más partes. Estas partes pueden ser agregadas a otro u otros ejidos constituidos o bien pasar a constituir nuevos. (Véase LFRA arts. 109, 110, 339-342 y LA art. 23, fracc. XI.)

Documento. Representación material para poner de manifiesto la existencia de un hecho o acto jurídico, susceptible de acreditar dicho acto o hecho; en su caso, se utiliza como elemento probatorio en algún procedimiento judicial o administrativo. Los documentos se clasifican en públicos y privados, los primeros se refieren al documento escrito otorgado por autoridad, servidor público de acuerdo con sus atribuciones o por persona investida del ejercicio de fe pública; los segundos son aquellos también escritos, elaborados y formalizados por particulares. Por regla general, en el juicio agrario los documentos públicos y las inscripciones de los documentos que obren en el RAN hacen prueba plena. (Véase “Prueba plena”.)
Domicilio legal. Es considerado como el lugar donde reside una persona física o moral, con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en el que tiene el principal asiento de sus negocios y ante la inexistencia de uno y otro, en el lugar en el que se halle; puede señalarse como domicilio convencional en un contrato aquel que las partes designan para el cumplimiento de determinadas obligaciones y el legal, para el ejercicio de sus derechos y también el cumplimiento de obligaciones. Dentro del juicio agrario, el actor señalará el domicilio del demandado, considerándose éste como la finca, oficina, principal asiento de sus negocios o el lugar en que labore; a efecto de que sea emplazado al procedimiento y de contestación a la demanda promovida en su contra o, en su caso, reconvenga al actor. (Véase LA arts. 171, fracc. I y 173.)

Dominio pleno. (Véase “Adopción del dominio pleno”.)
Dotación de tierras y aguas. Acciones previstas en la legislación anterior que tenían por finalidad otorgar a los grupos solicitantes de tierras, bosques y aguas suficientes para constituir ejidos e irrigar las tierras de riego concedidas, a través de la correspondiente resolución presidencial. En la legislación agraria vigente se resuelve este procedimiento por el Tribunal Superior Agrario en los asuntos considerados de rezago agrario. (Véase DRA 27, art. 3º transitorio, LFRA arts. 195-240, 272-279 y 286-324, LA 3º transitorio, “Acciones agrarias” y “Resoluciones presidenciales en matera agraria”.)

E

Edicto. Notificación pública realizada por un órgano administrativo o jurisdiccional, de un acuerdo o resolución que debe ser conocido para su cumplimiento o para que surta efectos legales en relación con los interesados en el asunto de que se trate. En materia agraria, al acreditarse que el demandado en el juicio agrario no tiene domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, se realizará la notificación por edictos que contendrán la resolución que se notifica y, en su caso, una breve síntesis de la demanda y el emplazamiento y se publicarán por dos veces, dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación de la región donde esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado correspondiente. (Véase LA art. 173 y “Juicio agrario”.)

Ejecución de sentencia. (Del verbo exsequor, significa cumplimiento, ejecución o administración). En términos legales se entiende por ejecución el cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que sea la fuente de que proceda, ya sea contractual, legal o judicial. En materia agraria, los tribunales están obligados a proveer la inmediata ejecución de sus sentencias; para tal efecto, podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio. (Véase LA art. 191, “Cosa juzgada” y “Sentencia”.)

Ejidatario. Sujeto agrario integrante del núcleo ejidal, mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo, que cuenta con certificado de derechos agrarios expedido por la autoridad competente, con certificado parcelario o de derechos comunes o con resolución de la autoridad agraria o sentencia del tribunal agrario. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Para adquirir la calidad de ejidatario, se requiere ser avecindado del ejido y cumplir con los requisitos que se establezcan en la ley de la materia y su reglamento interno, además de ser aceptado por la asamblea del núcleo; asimismo, se obtiene dicha categoría cuando se trate de un sucesor de ejidatario. Se pierde la calidad de ejidatario por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes, por la renuncia a sus derechos y por prescripción dictada por el tribunal agrario. (Véase LA arts. 10, 12, 15, 16, 20, 23, fracc. II y 78, “Certificado de derechos agrarios”, “Certificado sobre tierras de uso común”, “Certificado parcelario” y “Sujeto agrario”.)

Ejido. Tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio. (Véase Art. 27, fracc. VII y LA arts. 9-10, “Bienes ejidales” y “Tierras ejidales”.)

Ejido colectivo. Conformado por un grupo de individuos titulares de derechos agrarios que explotan sus tierras en forma conjunta; la legislación anterior, a partir de 1984, determinaba que en la propia resolución presidencial dotatoria se precisara que la explotación en los ejidos creados fuera preferentemente colectiva, atendiendo principalmente la imposibilidad de entregar unidades mínimas de dotación de manera individual y para un mejor aprovechamiento de los terrenos. Actualmente, la ley de la materia faculta a la asamblea del núcleo para resolver la instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva. (Véase LFRA arts. 130, 131, LA arts. 11, 23, fracc. XIV y “Cancelación del régimen de explotación colectiva”.)

Elección de órganos de representación y vigilancia. (Del latín electio-onis.) La acción y efecto de elegir a través del voto a personas que habrán de ocupar un cargo o representación. En materia agraria la asamblea está facultada para elegir a los miembros titulares y suplentes del comisariado ejidal, de bienes comunales y del consejo de vigilancia. El voto de los integrantes de los núcleos será secreto y el escrutinio público e inmediato. (Véase LA arts. 23 fracc. III, 37, “Comisariado de bienes comunales”, “Comisariado ejidal”, “Consejo de vigilancia” y “Convocatoria a asamblea de núcleo agrario”.)

Emplazamiento a juicio. Constituye una forma especial de notificación que se hace al demandado llamándolo a juicio. Acto formal por virtud del cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de la demanda entablada en su contra por el actor y el acuerdo del juez de admitirla. En juicio agrario se emplaza al demandado mediante notificación personal efectuada por el secretario o actuario del tribunal agrario, en el lugar que seña- le el actor o, en su caso, por edictos. El emplazamiento debe contener como mínimo el nombre del actor, sus pretensiones, la causa de la demanda y la fecha y hora para la celebración de la audiencia; generalmente se le hará la preven- ción al demandado a que conteste a más tardar durante la audiencia de ley.

Emplazamiento por edictos en juicio agrario. Notificación que realiza el tribunal competente al demandado en un juicio agrario cuando se desconoce su domicilio legal, a través de dos publicaciones en uno de los diarios de mayor circulación de la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento y en el Periódico Oficial del Estado en que se encuentra localizado el bien. Por esta vía se le comunica la síntesis de la demanda en su contra y del emplazamiento.

Enajenación de derechos agrarios. (Véase “Cesión de derechos”.)

Error de concepto. Equivocación en la que incurre el Registrador del RAN al realizar una inscripción, derivado de una apreciación errónea, por la cual altera o varía el sentido de los documentos o actos jurídicos objeto de inscripción, al momento de efectuar la calificación registral. (Véase art. 76 del RIRAN, “Registrador” y “Rectificación de asientos registrales”.)

Error material. Equivocación en la que incurre el Registrador del RAN al realizar una inscripción, mediante la cual no cambia el sentido general de la misma o de alguno de sus conceptos; consiste en inscribir unas palabras por otras, omitir la expresión de alguna circunstancia o equivocar los nombres o las cantidades, al ser copiadas de alguno de los documentos en que constan los actos jurídicos para emitir una certificación o al realizar la calificación registral. (Véase art. 75 del RIRAN, “Registrador” y “Rectificación de asientos registrales”.)

Escrito de agravios. (Véase “Agravio”.)

Escritura pública. (Del latín scriptura.) Es el documento público otorgado en presencia de un notario o fedatario público; la normatividad establece los actos que se deben realizar en escritura pública. La LA establece que para la constitución de ejidos, la aportación de tierras para este fin y el reglamento interno del núcleo deberán constar en escritura pública. (Véase LA art. 90.)

Escrutinio. (Véase “Elección de órganos de representación y vigilancia”.)

Estatuto comunal. Ordenamiento que tiene por objeto regular la organización, explotación y aprovechamiento de los recursos de la comunidad, así como los derechos y obligaciones de sus integrantes. Para su elaboración, deberán tomarse en cuenta las tradiciones, usos y costumbres del núcleo comunal, siempre y cuando no contravengan la normatividad agraria. (Véase LA arts. 10, 99, 101 y 107, “Costumbre” y “Reglamento interno del ejido”.)

Estatuto del Servicio Profesional Agrario. Documento interno que establece las normas para la organización, operación y desarrollo del servicio profesional en la PA; determina los derechos y obligaciones de sus integrantes; es aplicable desde los niveles de visitadores y abogados agrarios hasta los de delegados y directores generales; su objetivo es formar servidores públicos capacitados permanentemente y su ascenso dentro del servicio con base en el mérito, experiencia y capacidad.

Evaluación de proyectos. Estudio técnico-económico que cuantifica y valora costos-beneficios de un proyecto productivo, con el propósito de establecer sus fortalezas, viabilidad y rentabilidad del proyecto para su instrumentación. La evaluación de proyectos se lleva a cabo tomando en cuenta tres aspectos, el financiero, el económico y el social. En los casos de aportación de tierras ejidales o comunales a una sociedad civil o mercantil, la PA evalúa el proyecto de desarrollo y de escritura social, determinando en su opinión, entre otros aspectos, la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones propuestos en el documento constitutivo de dicha sociedad. Asimismo, con relación a la orientación jurídica a los sujetos agrarios para la constitución de figuras asociativas en la realización de proyectos productivos, en algunos casos, la PA evalúa dichos proyectos, determinando su viabilidad; además las instituciones del Sector Agrario, dentro de los diversos programas que manejan para financiar proyectos productivos, realizan funciones de evaluación para establecer la rentabilidad de los proyectos presentados a su consideración. (Véase LA arts. 75, 100 y 136, RIPA arts. 5º, 11, 22, “Aportación de tierras”, “Procuraduría Agraria” y “Programa Sectorial Agrario”.)

Excedencia. Existen diversas clases de excedencias, en términos del Artículo 27 de la C, previstas en sus fracciones IV, VII y XV; para el caso de derechos parcelarios, su titular no podrá tener en posesión más de 5% del total de las tierras ejidales; respecto de las sociedades civiles o mercantiles, éstas no podrán detentar tierras agrícolas, ganaderas o forestales que excedan una extensión equivalente a 25 veces los límites de la pequeña propiedad y ésta a su vez no debe exceder los límites establecidos en la fracción XV (100 hectáreas de riego o sus equivalentes en otras calidades de tierras). Por otra parte, se considera excedencia la superficie en posesión de un núcleo agrario fuera de los linderos señalados en el plano definitivo y acta de ejecución, que amparan la propiedad del núcleo. (Véase Art. 27, fraccs. IV, VII y XV; LA arts. 47, 115, 132; RLAMOPR arts. 7°-58 y “Propiedad privada”.)

Excepción. Es la acción que tiene el demandado para oponer, frente a la pretensión del actor, aquellas cuestiones que afecten la validez del proceso e impiden un pronunciamiento de fondo. Son las manifestaciones que el demandado plantea al juzgador, con el objeto de oponerse a la continuación del proceso o a las prestaciones que se le reclaman. En el juicio agrario, abierta la audiencia, las partes podrán hacer valer todas las acciones y excepciones o defensas, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento; si una de las excepciones resultara proce-dente y como consecuencia se suspenda el procedimiento, el tribunal lo declarará así y dará por terminada la audiencia. (Véase LA art. 185, “Demanda” y “Juicio agrario”.)

Excitativa de justicia. Institución del proceso contencioso administrativo que tiene por objeto la promoción que efectúan las partes en un procedimiento ante el órgano de mayor jerarquía, a fin de que requiera al magistrado que conoce del asunto, para que formule el proyecto o emita la resolución o sentencia correspondiente, cuando no lo ha efectuado dentro de los plazos establecidos por los ordenamientos respectivos. En materia agraria esta acción tiene por objeto que el Tribunal Superior Agrario ordene, a petición de parte legítima, que los magistrados cumplan con las obligaciones procesales en los plazos y términos que marca la normatividad, sea para dictar sentencia o formular proyecto de la misma, o para la substanciación oportuna del procedimiento del juicio agrario. (Véase RITA arts. 21-24 y “Ejecución de sentencia”.)

Exclusión de propiedades particulares. Derecho que tienen los propietarios o poseedores de predios localizados dentro de superficies comunales, reconocidas y tituladas por resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, por virtud del cual, acreditada en términos de ley su propiedad o posesión, se encuentran facultados para solicitar a la autoridad la exclusión de dicha superficie, cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos. Anterior a la vigencia de la LA las exclusiones eran determinadas mediante dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, siguiendo el procedimiento establecido para la tramitación de los expedientes de confirmación y titulación de bienes comunales publicado en el DOF el 15 de febrero de 1958. Aun y cuando la LA no precisa esta acción, los tribunales unitarios agrarios la han resuelto, en virtud de la atención de los asuntos de rezago agrario remitidos por la SRA; o bien, como resultado de las sentencias emitidas para el reconocimiento por parte de los citados tribunales en la acción de reconocimiento del régimen comunal. Son requisitos indispensables para ejercitar la exclusión, que la propia resolución o sentencia de reconocimiento señale la existencia de propiedades particulares enclavadas en el perímetro comunal y que el interesado acredite la naturaleza privada del inmueble con los datos registrales previos a la solicitud del núcleo. (Véase LA art. 3º transitorio, LOTA art. 18, fracc. III, art. 16 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, “Bienes comunales” y “Reconocimiento de comunidad”.)
Explotación colectiva. Es la que emplean los ejidatarios o comuneros que trabajan en forma conjunta los terrenos del núcleo; en esta figura no existe un parcelamiento de las tierras de cultivo; se distribuyen las faenas agrícolas entre sus integrantes y las utilidades obtenidas se dividen proporcionalmente al trabajo aportado personalmente. (Véase LA art. 11 y “Ejido colectivo”.)

Explotación individual. Contrario al régimen de explotación colectiva, es la forma de organización económica por virtud de la cual la asamblea del núcleo ejidal o comunal determina, cumpliendo las formalidades especiales establecidas en la ley de la materia, asignar o reconocer derechos individuales a sus integrantes, respecto de determinadas superficies consideradas como parcelas; generalmente este procedimiento y los acuerdos tomados por parte del órgano supremo del núcleo se realizan dentro del PROCEDE. En el supuesto de que el núcleo haya adoptado formalmente el régimen de explotación colectiva, éste debe ser modificado o cancelado, previo a la asignación de derechos individuales. La LFRA determinaba dos tipos de explotación, individual y colectiva, establecida en la propia resolución presidencial o bien por acuerdo de asamblea. (Véase LA arts. 23, fraccs. VII y XIV, 56-62, LFRA art. 130 y “Explotación colectiva”.)

Expropiación. Es el acto por el cual se priva a una persona de su propiedad y supone por lo mismo una determinación de autoridad con poder para esa privación. La expropiación de las tierras y aguas se fundamenta en el Art. 27, el cual establece que la propiedad de éstas corresponde originariamente a la nación, por lo que tiene la facultad de imponer las modalidades que dicte el interés público. (Véase LA arts. 93-97, “Causa de utilidad pública” y “Decreto expropiatorio”.)

Expropiación de tierras ejidales y comunales. Afectación y adjudicación de los bienes del núcleo por la Federación, los Estados o los Municipios, por decreto presidencial expropiatorio, atendiendo causas de utilidad pública y mediante indemnización. La expropiación debe tramitarse ante la SRA, en los casos en que la administración pública federal sea la promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad que corresponda, en términos de sus atribuciones señaladas en la normatividad aplicable. El monto de la indemnización será determinado por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo el valor comercial de los bienes expropiados, los cuales sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe total de la indemnización. La indemnización se pagará a los ejidatarios o comuneros atendiendo a sus derechos; si la expropiación sólo afecta parcelas asignadas individualmente, sus titulares recibirán la indemnización y si existiere duda, la PA intentará la conciliación de intereses y de no obtener resultados favorables, la controversia se planteará ante el tribunal agrario para su resolución. (Véase Art. 27, 2º y 3º párrafos, LA arts. 93, 94 y 96, RLAMOPR arts. 59-98, “Avalúo”, “Causa de utilidad pública”, “Decreto expropiatorio”, “Expropiación” e “Indemnización por expropiación en ejidos y comunidades”.)

F

Facultad. Aptitud o potestad de una persona para modificar su situación jurídica o de otro. En derecho agrario, es el poder o la capacidad del sujeto agrario para ejercer los derechos establecidos en la legislación de la materia. (Véase “Sujeto agrario”.)

Facultad de atracción del Tribunal Superior Agrario. Facultad de este Tribunal  por la que adquiere atribuciones para conocer de determinado juicio agrario, que por sus características así lo amerite según el criterio del propio Tribunal, ya sea de oficio o a petición fundada del Procurador Agrario. (Véase LOTA art. 10.)

Facultad de atracción del Tribunal Superior Agrario. Facultad de este Tribunal  por la que adquiere atribuciones para conocer de determinado juicio agrario, que por sus características así lo amerite según el criterio del propio Tribunal, ya sea de oficio o a petición fundada del Procurador Agrario. (Véase LOTA art. 10. )

Fe pública. Se entiende como la actividad que realiza el notario público o el servidor público facultado para ello por la legislación aplicable, cuando da fe de lo que ha percibido o visto; por ejemplo, su participación y asistencia en la realización de alguna asamblea ejidal o comunal; por otra parte, la certificación del acta que al efecto se levante así como de los documentos que de ella emanen, a efecto de otorgar seguridad jurídica al acto en el que interviene, así como los documentos derivados de dicho acto. (Véase “Fedatario público”.)

Fedatario público. Persona que por disposición de la ley está facultada para realizar una función autenticadora a nombre del Estado, de tal manera que su dicho es verdad oficial; su intervención otorga certeza jurídica al contenido de documentos o a los actos en los que interviene. La fe pública puede ser judicial, mercantil, registral y notarial. En la LA se establece la intervención del fedatario público en los siguientes casos: formalización de la lista de sucesión cuando no se deposita ante el RAN; en las asambleas de formalidades especiales; cuando se otorga en garantía el usufructo de las tierras de uso común o parceladas; asignación de parcelas que lleve a cabo la asamblea por sorteo; en la primera enajenación sobre parcelas en las que se haya adoptado el dominio pleno; en el sorteo para determinar la preferencia del derecho del tanto con posturas iguales respecto de la primera enajenación con parcelas de dominio pleno; en la creación de ejidos y en la constitución de sociedades rurales. El fedatario público está obligado a dar aviso al RAN cuando autorice actos relativos a la creación de ejidos y de la adquisición y enajenación de tierras por sociedades mercantiles o civiles. En la participación del fedatario público en asambleas de formalidades especiales, se entenderá además de notario público, el que ejerza dicha función en la localidad, de conformidad con la legislación aplicable. Para el ejercicio de sus funciones, el Director en Jefe del RAN habilitará servidores públicos del citado Registro como depositarios de la fe pública registral.

Fianza. Obligación que tiene una persona de pagar al acreedor si el deudor no cumple; contrato gratuito u oneroso, por el cual el fiador se obliga con tal carácter. En materia agraria, el vencido en juicio podrá proponer fianza de institución autorizada o persona arraigada en el lugar, para garantizar la obligación que se le impone; por su parte el tribunal deberá calificar la fianza o garantía según su arbitrio y si la acepta podrá conceder un término de 15 días para el cumplimiento. Si transcurrido el plazo no se hubiere cumplido, se hará efectiva la referida fianza.

Fideicomiso. Contrato por el cual una persona física o moral transfiere la propiedad sobre parte de sus bienes a una institución fiduciaria, para que con ellos se realice un fin lícito, que la propia persona señala en el contrato respectivo. Son partes en este contrato el fideicomitente titular de los bienes y derechos aportados al fideicomiso; el fiduciario institución de crédito que administra dichos bienes y derechos, y el fideicomisario que es quien recibe el beneficio. El fideicomiso público, nueva categoría jurídica del derecho administrativo, puede ser constituido por disposición de ley o por actos del Ejecutivo Federal en la esfera de sus atribuciones; generalmente se destina un patrimonio público autónomo al financiamiento de proyectos, programas y actividades que beneficien a la colectividad o se apoyen acciones de fomento económico.

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Fideicomiso público auxiliar del Ejecutivo Federal, sectorizado en la SRA que cuenta con autonomía financiera. Dentro de sus objetivos destacan: captar, promover y entregar los fondos comunes de los núcleos agrarios; verificar el cumplimiento de la causa de utilidad pública en los decretos expropiatorios de tierras ejidales y comunales y, en su caso, ejercitar la acción de reversión; financiar la constitución de sociedades mercantiles inmobiliarias en terrenos de propiedad social, con fines urbanos, turísticos e industriales, con el propósito de coadyuvar en el desarrollo socioeconómico de los núcleos y sus integrantes, y promover y financiar los proyectos productivos de grupos de mujeres y jóvenes campesinos. (Véase LA arts. 94 y 97, Contrato Constitutivo del FIFONAFE y sus modificaciones y “Reversión”.)

Figuras asociativas. Las tierras ejidales y comunales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo o sus integrantes, según se trate de tierras de uso común o parceladas; para un mejor aprovechamiento y beneficio se podrán constituir figuras asociativas en las diversas modalidades que la ley prevé. Asimismo, las figuras asociativas son las asociaciones y sociedades integradas por sujetos agrarios, sus familiares y campesinos en general, con el objeto de realizar actividades productivas para mejorar su nivel de vida, conformando el patrimonio de estas figuras, aportaciones y financiamientos, en su caso, del gobierno en sus tres niveles y de los sectores social y privado.

Financiar. Aportación de los recursos económicos necesarios para la creación de una empresa, el desarrollo de un proyecto productivo, el objetivo de una figura asociativa o el desarrollo de una operación comercial. Puede ser con recursos propios o externos, con fondos de créditos bancarios, empréstitos, crédito de proveedores, etcétera.

Financiera Rural. Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido conforme a su Ley Orgánica, el 1º de julio de 2003. Dicho organismo tiene como atribución principal el otorgamiento de créditos primordialmente a los sujetos agrarios, mediante financiamiento y garantías, operaciones de factoraje y manejo de inversiones y valores; también está facultada para brindar capacitación y asesoría en materia de proyectos productivos.

Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural. Programa instrumentado por la SRA, que tiene como objetivo fundamental propiciar el arraigo de los jóvenes emprendedores rurales en los núcleos agrarios, mediante el desarrollo de un mercado social de la tierra en ejidos y comunidades. Propone el impulso de la actividad productiva en los núcleos agrarios mediante el otorgamiento de financiamientos, para emprender y desarrollar proyectos productivos. Este Fondo permite la adquisición de derechos o el arrendamiento de parcelas ejidales y comunales, a favor de grupos de jóvenes campesinos que desarrollarán dichos proyectos. (Véase Reglas de Operación, publicadas en el DOF del 30 de septiembre de 2004 y sus modificaciones del 30 de noviembre del mismo año y 18 de febrero de 2005.)

Fondos comunes de ejidos y comunidades. La legislación anterior determinaba que en cada ejido o comunidad se constituiría un fondo común con los recursos provenientes de la explotación de sus bienes, de prestaciones derivadas de contratos, de indemnizaciones por expropiación, de cuotas acordadas por la asamblea para obras; por venta o arrendamiento de solares y en general cualquier ingreso que no correspondiera a los ejidatarios en particular. Dicho fondo se destinaría prioritariamente para la realización de obras en beneficio de la colectividad adquisición de bienes y servicios para fomentar la productividad del núcleo y sus recursos debían ser depositados en el FIFONAFE. La LA no recoge en sus términos esta figura y sólo hace alusión a ella cuando la asamblea así lo disponga con un fin determinado o el propio reglamento interno o estatuto comunal lo determinen. En este supuesto, la PA podrá proporcionar el servicio de auditoría, relativa a la captación, administración y aplicación de los referidos fondos, a petición expresa de cualquiera de sus órganos. (Véase LFRA arts. 164-166; LA art. 11 y RIPA art. 21 fracc. IX, “Auditorías contables a fondos comunes de ejidos y comunidades” y “Servicios periciales”.

Fondos de garantía. Reserva económica establecida por los ejidatarios o comuneros para cubrir las obligaciones crediticias que contraiga el núcleo; se crea y organiza de conformidad con los lineamientos que dicte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La asamblea del ejido o comunidad tiene facultades para determinar la aplicación de recursos económicos, y por ello deberá ser este órgano el que en su caso establezca la constitución de dichos fondos. (Véase LA arts. 23 fracc. IV, 51, 107 y “Garantía”.)

Formalidades esenciales del procedimiento. Son los principios fundamentales del procedimiento judicial, necesarios para que las partes tengan la posibilidad real de lograr una decisión justa de la controversia planteada; por lo mismo, son un aspecto fundamental de defensa procesal. Es una garantía individual establecida en la C por la que a nadie se le puede privar de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio ante los tribunales establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas previamente. (Véase C art. 14 y LA título X “De la justicia agraria”.)

Formato Único de Trámite (FUT). Documento interno de la PA por el cual se registran los asuntos planteados por los sujetos agrarios. Con el FUT se establece el control y seguimiento ordenado y sistemático de todos los casos en los que interviene dicha Institución. (Véase “Sistema Único de Información”.)

Fraccionamiento. Gramaticalmente es la acción de dividir un bien en partes o fracciones. En la ley de la materia, para la localización, deslinde y fraccionamiento de las zonas de urbanización dentro del asentamiento humano de ejidos y comunidades, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observará la normatividad aplicable. En algunos estados, la venta y fracionamiento con fines de urbanización sin que se observe dicha normatividad es considerado un delito grave. Por otra parte, las tierras que excedan la extensión de la pequeña propiedad individual deberán ser fraccionadas y, en su caso, enajenado el remanente, de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes de las entidades federativas; igual criterio se seguirá cuando una sociedad civil y mercantil rebase los límites legales permitidos. (Véase LA arts. 66, 124 y 132, “Asentamiento humano”, “Tierras de asentamiento humano” y “Zona de urbanización”.)

Fundo legal. Porción de suelo destinada para la fundación y edificación de un poblado. En la actualidad se regula por la normatividad agraria, así como por disposiciones de carácter federal o estatal, relativas a asentamientos humanos. En la LA constituye parte de las tierras del asentamiento humano y está especialmente protegido, siendo inalienable, imprescriptible e inembargable. Es atribución de la PA la protección y vigilancia del fundo legal. Ésta también se llevará a cabo por las autoridades federales, estatales y municipales. (Véase LA arts. 63-64 y “Asentamiento humano”.)

Fusión de ejidos. Facultad de la asamblea del núcleo de formalidades especiales para que dos o más ejidos se integren total o parcialmente conformando un nuevo ejido. En la derogada LFRA la fusión se determinaba mediante resolución presidencial, siempre y cuando fuera benéfica económicamente para ambos núcleos, como resultado de la realización de estudios técnicos y económicos.

G

Garantía. Es un contrato para asegurar el cumplimiento de una obligación, ya sea por tercera persona (garantía personal) o mediante una cosa (garantía real). La LA concede a los núcleos agrarios o a sus integrantes la facultad de otorgar en garantía el usufructo de tierras de uso común o de parcelas, sólo en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el RAN. Cabe mencionar que en caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor podrá hacer efectiva la garantía, mediante resolución del tribunal unitario agrario. (Véase LA art. 46 y “Fondo de garantía”.)

Gestión administrativa de la PA. Para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios y su ejercicio, es la actividad realizada por la Institución que tiene como finalidad la atención de los diversos asuntos planteados por sus asistidos, que estén en trámite o deban resolver autoridades o instancias administrativas. Para proporcionar este servicio se recaba información, orienta al promovente y finalmente se requiere a la instancia competente para que, en su caso, determine lo procedente respecto de la petición del interesado. (Véase LA art. 136, fracc. IX y RIPA Art. 4º y “Procuraduría Agraria”.)

Grupo comunal o subcomunidad. Anexos o grupos que perteneciendo formalmente a una comunidad debidamente reconocida, ocupan una porción territorial determinada, con una administración independiente, en razón de las condiciones que guardan las tierras del núcleo original. La LA establece que para su administración, la asamblea de la comunidad puede establecer la existencia de grupos comunales o subcomunidades, que cuenten con órganos de representación y gestión administrativa, así como sus regímenes de organización interna y, en su caso, adoptar formas organizativas sin perjuicio de las facultades establecidas de sus órganos de representación y vigilancia.

Grupo étnico. (Véase “Comunidad indígena”.)

H

Hectárea. Medida equivalente a cien áreas o a diez mil metros cuadrados; en materia agraria los terrenos son delimitados con base en esta unidad de medida, tomando en cuenta las extensiones de la propiedad privada y social en el medio rural.

Heredero. Persona que por testamento o por ley adquiere a título universal en todo o en parte una herencia. En materia agraria al heredero se le conoce comúnmente como sucesor, aun y cuando la disposición relativa contempla como derecho del ejidatario la elaboración de una “lista de herederos” y se refiere con este carácter a las personas que tienen derecho de preferencia en el supuesto de que el titular no hubiere efectuado la designación correspondiente. (Véase LA arts. 17, 18 y “Derecho de preferencia”.)

Herencia. (Del latín Hereditas-tatis, heredero o bien). Se refiere a la masa o conjunto de bienes que en su caso pueden ser transmitidos a una persona por muerte del titular. De esta figura jurídica propiamente del derecho civil, alguna de sus reglas se han incorporado a la materia agraria en la sucesión de derechos ejidales o comunales, aplicando supletoriamente el derecho común federal. (Véase LA arts. 17-18 y “Aplicación supletoria”.)

Homologación. En términos generales, es otorgar firmeza al fallo de los árbitros. Es el reconocimiento que hace un tribunal de la regularidad de un laudo pronunciado por un árbitro, a efecto de proceder a su ejecución; implica la aprobación judicial de un acto jurídico que no había adquirido eficacia antes de ser homologado. En materia agraria, se conoce como homologación de convenio conciliatorio cuando, con fundamento en una composición amigable, las partes dan por terminado un juicio, suscriben el instrumento respectivo, el que una vez calificado y en su caso aprobado por el tribunal unitario agrario tendrá el carácter de sentencia; cabe mencionar que los referidos tribunales son competentes para conocer de la ejecución de los mencionados convenios, así como de los laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales. El RIPA establece que en los casos en que la PA haya emitido el laudo correspondiente en un procedimiento arbitral deberá promover ante el tribunal unitario agrario competente su homologación, la que traerá aparejada ejecución. (Véase LA art. 185, fracc. VI, LOTA art. 18 fracc. XIII, RIPA art. 54, “Arbitraje”, “Compromiso arbitral”, “Convenio conciliatorio agrario” y “Laudo arbitral”.)

I

Impedimento y excusa. En términos generales, es la prohibición legal para que un juez o magistrado conozca de determinado asunto y con motivo de ello se debe excusar para tramitarlo. En el ámbito de la administración de la justicia agraria, se presenta cuando los magistrados y secretarios de acuerdos están impedidos para conocer de los asuntos, por las causas establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en estos supuestos, los referidos funcionarios deben excusarse inmediatamente, expresando el fundamento de su decisión. Cuando el magistrado o secretario no se excuse debiendo hacerlo, cualquiera de las partes puede acudir en queja ante el Tribunal Superior Agrario. Por otra parte, los referidos funcionarios de los tribunales agrarios, con excepción de los de carácter docente, están impedidos para desempeñar otro cargo, empleo público o en carácter de particulares en el ejercicio de su profesión, salvo en causa propia. (Véase LOPJF art. 146, LOTA 27- 29 y RITA arts. 66-68.)

Inactividad procesal. (Véase “Caducidad”.)

Incidente. (Del latín incidere, sobrevivir, interrumpir, producirse.) Procesalmente, los incidentes son procedimientos que resueltos dirimen controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal. En el juicio agrario, las cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios se resolverán conjuntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, o que se refieran a la ejecución de la sentencia; en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento, sino que se decidirán de plano. (Véase LA art. 192.)

Incompetencia. Facultad que permite al juez analizar de oficio, antes de entrar al conocimiento de un litigio, si procede o no a su tramitación, a efecto de determinar si resulta incompetente, para lo cual deberá emitir la declaración respectiva y se abstendrá de cualquier actuación en cuanto a la resolución del asunto. Es la falta de jurisdicción de un juez para conocer de una determinada causa; la incompetencia del juez o tribunal se presenta cuando pretende conocer de un juicio para el cual no es competente. La LA establece que el tribunal unitario agrario al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento, podrá determinar su incompetencia en razón de corresponder a otro de diversa jurisdicción y competencia, con motivo de la materia, grado o territorio; suspendiendo de plano el procedimiento, en cuyo caso, remitirá lo actuado al tribunal que considere competente. En el supuesto de existir conflicto por competencia entre dos tribunales unitarios agrarios, el Tribunal Superior Agrario resolverá lo conducente, atendiendo principalmente respecto de materia y territorio. (Véase LA arts. 168 y 169, LOTA art. 9º, fracc. IV, “Inhibitoria”, “Impedimento” y “Excusa”.)

Inconformidad. En términos gramaticales es estar no conforme u oponerse a un acto o hecho. En la LA, es el derecho que tienen los integrantes de los ejidos y comunidades respecto de los acuerdos emitidos en asamblea, quienes podrán firmar bajo protesta haciendo constar dicha inconformidad. De igual forma en conversión del régimen de tierras ejidales a comunales y viceversa, si el grupo inconforme con estas decisiones lo integran un número mayor de 20 sujetos, podrán continuar en el régimen original. Por otra parte, en materia de terrenos baldíos y nacionales, dentro de los trabajos de deslinde que realiza la SRA, se levantará acta de las diligencias en las que los propietarios, poseedores, colindantes e interesados harán constar, en su caso, su inconformidad con las referidas diligencias. Finalmente, en la ejecución de sentencias por los tribunales agrarios, en caso de inconformidad por la parte que obtuvo sentencia favorable con la ejecución, presentará al actuario los alegatos correspondientes, mismos que se asentarán en el acta circunstanciada levantada dentro de este procedimiento. (Véase LA arts. 31, 103, 104, 160 y 191, “Conversión de régimen en propiedad social”, “Deslinde” y “Ejecución de sentencia”.)

Incorporación de tierras al régimen ejidal. Gramaticalmente incorporar es unir dos o más cosas para formar un todo, es sinónimo de anexar. En la legislación anterior se determinaba que cuando el núcleo adquiriera terrenos con recursos propios, créditos o por cualquier medio legal, podría por acuerdo de asamblea solicitar su incorporación al régimen ejidal, siguiendo el procedimiento establecido para la acción de ampliación de ejido, por lo que dicha incorporación culminaba con la resolución presidencial correspondiente. En la LA no se precisa y reglamenta el ejercicio de esta acción, aun y cuando se determina que son propiedad del ejido las tierras dotadas o las que hubieren adquirido por cualquier otro título; por lo que de una interpretación integral y tomando en cuenta las atribuciones de la asamblea, se advierte que es su facultad incorporar terrenos al patrimonio del ejido que hubiere adquirido, cumpliendo con los requisitos establecidos en lo que fuera aplicable para la constitución de ejidos. (Véase LFRA art. 241, LA arts. 9, 43 y 92 y “Constitución de ejido”.)

Indemnización por afectación agraria. En términos de la legislación anterior es el derecho que tenía el propietario a recibir un pago por sus terrenos afectados, con motivo de una resolución presidencial dotatoria de tierras. Este derecho debía ejercitarse dentro del término de un año contado a partir de la publicación del fallo presidencial en el DOF. Con motivo de la reforma al Art. 27 del año de 1992, se derogó la fracción correspondiente al darse por concluido el reparto agrario; por lo que sólo en los asuntos de rezago agrario podrían, en su caso, los propietarios afectados por la sentencia del Tribunal Superior Agrario solicitar esta indemnización. (Véase Art. 27, fracc. XIV derogada, LFRA art. 219 y LA 3º transitorio.)

Indemnización por expropiación en ejidos y comunidades. Pago o contraprestación que se efectúa a los núcleos por la expropiación de sus bienes ejidales o comunales. La LA determina que dichos bienes podrán ser expropiados por causas de utilidad pública y mediante indemnización, establecidas en el decreto presidencial correspondiente. El monto de la indemnización será determinado por el INDABIN, antes CABIN, atendiendo su valor comercial. En el caso de la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural como causa de utilidad pública, la indemnización se fijará atendiendo a la cantidad que se cobrará a los posesionarios por la regularización. Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización de preferencia en el FIFONAFE, o, en su defecto, mediante garantía suficiente. Cuando se trate de tierras de uso común la indemnización se cubrirá a nombre del núcleo. Si existiere duda sobre el porcentaje que corresponda a cada ejidatario, la PA intentará la conciliación de intereses, y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva. Si la expropiación sólo afecta parcelas asignadas en lo individual, sus titulares recibirán la indemnización correspondiente. (Véase Art. 27, segundo párrafo, y LA arts. 93-97, “Avalúo”, “Decreto expropiatorio” y “Expropiación”.)

Indivisibilidad. Aquellos bienes u obligaciones que no pueden ser divididos; esta calidad puede establecerse por disposición de la ley, por acuerdo de voluntades o por disposición testamentaria. La LA en materia de sucesiones establece que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos inherentes a dicha calidad, elaborando la lista de sucesión correspondiente en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia, para lo cual al momento de su fallecimiento, únicamente podrán transmitirse esos derechos y tal carácter a una sola persona, sin que se considere la posibilidad de su división, ya que los derechos que tiene el sujeto agrario son indivisibles. Refuerza lo anterior el hecho de que cuando el ejidatario no haya designado sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista correspondiente pueda heredar, los derechos se transmitirán a uno de los familiares en el orden de preferencia establecido. Respecto a la cesión de derechos de parcelas, ha sido criterio institucional limitar su división, ya que se considera, de una interpretación integral de la LA, que los derechos sobre la parcela son indivisibles, además de que permitir su fraccionamiento fomenta su pulverización, no garantiza el sustento de la familia y es económicamente inviable. (Véase LA art. 16, fracc. II, 17, 18, 78 y 80.)

Industrias rurales. La LFRA, establecía un capítulo relativo al fomento de dichas industrias en el rubro de organización económica del ejido; en dicho capítulprincipalmente se señalaban los apoyos y subsidios otorgados por las diversas dependencias competentes; asimismo, se preveía la posibilidad de que los ejidatarios pudieran asociarse con particulares para la explotación de recursos que no pudieran destinarse a las actividades agrícolas y ganaderas. La LA permite la creación de sociedades rurales por los sujetos agrarios, personas morales que en su caso pueden contemplar a las que anteriormente fueron denominadas industrias rurales; asimismo, la referida ley contiene un título de desarrollo y fomento agropecuarios, que en términos generales precisa la actuación de la administración pública federal en la promoción y fomento de las actividades productivas; finalmente, este ordenamiento, con base en la Constitución, permite la creación de sociedades civiles y mercantiles con la aportación de tierras de ejidos y comunidades. (Véase Art. 27, fracc. VII, LFRA arts. 178-186, LA arts. 4º-8º, 75, 100, 108-111, 125-133 y “Figuras asociativas”. Información y sensibilización al ejido dentro del PROCEDE. (Véase “Asamblea de información y anuencia”.

Inhibitoria. Solicitud fundada y motivada que se formula a un juez para que acepte conocer un litigio y se dirija a otro o a cualquier autoridad judicial ante quien se encuentre en trámite un juicio, señalándole que dicho asunto no es de su competencia y, por tanto, debe abstenerse de continuar conociéndolo y remita lo actuado a una autoridad superior, a efecto de que determine el órgano competente. En materia agraria, cuando el tribunal se percate en cualquier fase del procedimiento que el asunto no es de su competencia por corresponder a otro tribunal en virtud de la materia, grado y territorio, suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al competente; lo actuado por el tribunal incompetente será nulo, salvo cuando la causa sea por razón de territorio. Cuando el tribunal recibiere inhibitoria de otro que promueva su competencia y considere que debe seguir conociendo del asunto, lo comunicará al tribunal promovente y remitirá el expediente al Tribunal Superior Agrario, para que decida la competencia. (Véase LA arts. 168-169 y LOTA art. 9º, fracc. IV.)

Inmediatez. Característica del juicio agrario que se refiere a la comunicación directa entre las partes, sus representantes legales y los tribunales agrarios (Magistrado, encargado o secretarios). (Véase LA art. 185 y “Audiencia de ley”.)

Inscripción registral. Genéricamente es toda anotación, inscripción o asiento que se realiza de los documentos o títulos sujetos a registro; para el registro debe acreditarse la causa jurídica, el acto o contrato contenido en el documento. Dicha inscripción puede practicarse a través de diversos sistemas fundamentales: el de trascripción en los libros de registro; el de archivo del registro y el de la anotación o extracto del folio de que se trate en el libro correspondiente. En materia agraria, de toda asamblea ejidal o comunal que se realice deberá levantarse el acta correspondiente, la que una vez cubiertas las formalidades que la LA prevé deberá inscribirse; de igual forma, serán inscritos los certificados que se otorguen como resultado de los trabajos del PROCEDE; la escritura de constitución de un ejido; las resoluciones por las que se incorporen tierras al régimen ejidal serán inscritas en el RAN, y los títulos de propiedad cuando se adopte el dominio pleno de tierras ejidales deberán inscribirse en el RPP. Las inscripciones que obren en el RAN y las constancias que él expida, hacen prueba plena dentro y fuera de juicio, salvo prueba en contrario. (Véase LA arts. 31, 56, 69, 82, 90, 92 y 150, RLA arts. 60-68, “Prueba plena” y “Registro Agrario Nacional”.)

Inspección judicial. Examen o comprobación directa que realiza el juez o tribunal, respecto a hechos o circunstancias de un juicio, debiendo consignarse tales hechos en autos para dar fe de su existencia, así como de personas, cosas o lugares que deban ser analizados a petición de parte interesada. Es la observación de algo o alguien, así como la descripción que se hace de lo observado. En el juicio agrario, cualquiera que sea el estado de trámite del asunto, el tribunal unitario agrario podrá acordar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, incluida la inspección judicial, siempre que sea conducente para conocer la verdad, respecto de la controversia puesta a su consideración. (Véase LA art. 186 y “Prueba”.)

Instancia. De manera genérica se le conoce como las etapas procesales que se llevan a cabo dentro de un juicio. Asimismo, es la competencia de los juzgados y tribunales en razón de grado; los juzgados del fuero común se conocen como de primera instancia y los tribunales de alzada como de segunda instancia. En materia agraria, las instancias dentro del juicio en materia general son: presentación de la demanda, contestación y en su caso reconvención, la audiencia de ley, la emisión de la sentencia y su ejecución. Por otra parte, en algunos juicios agrarios que versan sobre tierras de ejidos y comunidades o respecto de nulidades, se pudieran considerar de primera instancia los tribunales unitarios agrarios y de segunda al Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá el recurso de revisión que determine la legalidad de la sentencia emitida por el tribunal unitario agrario.

Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. (INDABIN antes CABIN). Órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública para el ejercicio de las atribuciones que a esa dependencia le confieren la Ley General de Bienes Nacionales y demás leyes, reglamentos y ordenamientos jurídicos de carácter federal, en materia de avalúos; entre sus funciones se encuentran: la justipreciación de rentas; de inventario, registro y catastro de inmuebles federales y de los pertenecientes a entidades paraestatales, así como de administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales competencia de la citada Secretaría. La ley de la materia establece la intervención de este Instituto (antes Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales) para que efectúe las justipreciaciones correspondientes en el caso de expropiaciones de bienes ejidales o comunales; para establecer el valor de las acciones o partes sociales en caso de aportación de tierras ejidales o comunales a una sociedad y para determinar el precio de una parcela en la que se haya adoptado el dominio pleno, cuando se enajene por primera vez. (Véase LA arts. 75, fracc. IV, 86, 93 y 94 y “Avalúo”.)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como propósito proporcionar el servicio de información, estadística y geográfica, de manera eficiente, oportuna y confiable, para satisfacer las necesidades de los usuarios del sector público, social y privado. EI INEGI define, en materia de informática, las acciones de las dependencias gubernamentales relacionadas con actividades estadísticas y geográficas; presenta y difunde dicha información. Respecto a las acciones dentro del PROCEDE, el INEGI identifica, ubica y mide los linderos y superficies de las tierras de los núcleos ejidales y comunales bajo las normas técnicas emitidas por el RAN. Es en consecuencia, el ejecutor de los trabajos técnico-operativos del Programa en apoyo a dicho Registro. Además, participa en actividades relacionadas en el procedimiento de denuncia de excedencias en tierras ejidales o pequeña propiedad. (Véase LA art. 149 y LOAPF art. 31, fracc. XIX y “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”.)

Interés jurídico. Conjunto de expectativas o derechos tutelados por la norma jurídica. En materia procesal, es la pretensión que se tiene para acudir a los tribunales y hacer valer un derecho sustantivo que será materia del litigio. En el juicio agrario por regla general, cuentan con interés jurídico el actor, que tiene el ánimo y convencimiento de hacer valer un derecho ante el tribunal agrario, para prevenir un daño o perjuicio o para corregir y cesar los efectos con motivo de un acto contrario a sus intereses, así como el demandado que cuenta con el mismo interés por haber sido beneficiado con los actos o documentos que se impugnan en el procedimiento. Es requisito esencial del procedimiento acreditar el interés jurídico de quienes participen en el juicio. (Véase LA arts. 170 y 178 y “Formalidades esenciales del procedimiento”.)
Interés público. Conjunto de aspiraciones surgidas de las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. Pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para los integrantes de una comunidad. El interés público tiene mayor peso y alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. Mediante disposiciones legislativas y por medio de acciones de carácter administrativo, que integran la actividad permanente de los poderes públicos, y que están orientadas a satisfacer las necesidades colectivas; el interés público es protegido por el Estado y la normatividad aplicable. La C dispone que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. La LA establece que los bienes ejidales y comunales sólo podrán ser expropiados por las causas señaladas en su artículo 93, así como las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes aplicables.

Itinerancia de los tribunales agrarios. Gramaticalmente, itinerante significa que recorre varios sitios para desempeñar sus funciones. En el ámbito agrario esta figura es utilizada por los tribunales unitarios a efecto de desahogar diversas diligencias y etapas del procedimiento fuera de su sede y en lugares previamente establecidos, para facilitar la participación de los sujetos agrarios, partes dentro del procedimiento, con la finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita impartición de justicia. El RITA establece que cada magistrado responsable de los tribunales deberá presentar al Tribunal Superior Agrario un programa trimestral de administración de justicia itinerante, señalando los poblados y tipo de asuntos, a cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y competencia, así como las actividades a desarrollar. Este programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados, además de notificar su contenido sustancial a los órganos de representación de los núcleos correspondientes. Al término de cada recorrido el magistrado deberá informar al Tribunal Superior Agrario sobre sus resultados. Para la realización del programa, el magistrado se hará acompañar de los peritos, actuarios y demás personal de su adscripción que estime necesario, sin menoscabo de las actividades en la sede del tribunal unitario. En la impartición de la justicia itinerante, el magistrado recibirá las promociones de las partes, desahogará si ello fuera posible las pruebas correspondientes, oirá sus alegatos y las citará para notificarles la sentencia que dictará en la sede del tribunal unitario. En ningún caso podrá dictar sentencias fuera de la sede. Cuando lo considere necesario, el magistrado solicitará apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales para la realización del programa de justicia itinerante. En las acciones de itinerancia que realizan los tribunales unitarios, la PA coadyuva a través de sus abogados y visitadores agrarios, quienes se encargan de difundir el referido programa y notificar a los interesados para que se encuentren presentes en los actos y diligencias que presidirá el magistrado del referido tribunal. (Véase RITA arts. 56, 57 y 58 y “Tribunales Agrarios”.)

J

Jornalero agrícola. Es la persona que percibe un salario, por su fuerza de trabajo, en una actividad propia del campo dentro de un proceso productivo. En la mayoría de los casos, el salario otorgado es por día y se denomina jornal. En materia laboral no se distingue entre el trabajador del campo o la ciudad, ya que la connotación jurídica ha quedado inserta en el concepto de salario. Al respecto, el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo determina las actividades desarrolladas por los jornaleros agrícolas, bajo el rubro de trabajos especiales. En materia agraria, la LA y el RIPA consideran al jornalero agrícola como sujeto agrario cuando cuenta con derechos establecidos en la referida ley; bajo este supuesto, la PA proporciona los servicios respectivos, con independencia del apoyo de representación legal que en su caso le pudieran proporcionar las Procuradurías de la Defensa del Trabajo en los diversos estados y los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. (Véase LA art. 135 y RIPA art. 1º.)

Juicio. (Del latín iudicium, acto de decir o mostrar el derecho.) En forma genérica, se entiende como sinónimo de proceso o procedimiento; este último a través de una secuencia ordenada de actos por los cuales se realiza el juicio, que culmina con la emisión de una sentencia o resolución. (Véase “Sentencia”.)
Juicio agrario. Procedimiento jurisdiccional resuelto por tribunal administrativo que tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones de la LA; generalmente por esta vía son resueltos los conflictos que se presentan entre los sujetos agrarios o con terceros. En los juicios agrarios los tribunales competentes se sujetarán al procedimiento previsto por la LA y quedará constancia por escrito. Las características de este juicio serán la oralidad, inmediatez, economía procesal e igualdad formal entre las partes. Los tribunales suplirán la deficiencia de los planteamientos de derecho, cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales así como ejidatarios o comuneros y considerarán las costumbres y usos cuando se trate de tierras de grupos indígenas. (Véase LA arts. 163-164, 178-190, LOTA art. 18, “Competencia”, “Audiencia de ley”, “Suplencia de la queja”, “Tierras de grupos indígenas” y “Tribunales Agrarios”.)


Juicio de amparo. Tiene por objeto resolver las controversias que se presenten por actos de autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de autoridad federal, que restrinja la soberanía de los estados o por leyes o actos de autoridad local que invada la esfera de competencia de la autoridad federal. Es el recurso extraordinario por virtud del cual se podrán impugnar los procedimientos judiciales o administrativos, por violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que se traduzcan en una afectación actual, personal y direc- ta de los derechos de una persona en lo individual o colectivo. En general, el juicio de amparo deberá promoverse por escrito. Se contempla como el medio de control de constitucionalidad, ejercitado por órganos jurisdiccionales, en vía de acción, que tiende a proteger al quejoso o agraviado, en los casos señalados previstos en la C siendo procedente cuando se hayan agotado todas las instancias o recursos ordinarios previstos en la ley aplicable. Son partes en este juicio: el (los) agraviado (s), la (s) autoridad (es) responsable (s) y (los) el tercero (s) perjudicado (s). En materia agraria está referido a las demandas de amparo en que se reclaman actos de autoridad que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o posesión y disfrute de las tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros. La LA determina que se podrá promover el juicio de amparo contra sentencias definitivas de los tribunales unitarios agrarios o del Tribunal Superior Agrario, ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Tratándose de otros actos de los tribunales unitarios, que por su naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda. Podrán promover el amparo: el comisariado ejidal o de bienes comunales, alguno de sus integrantes o cualquier ejidatario o comunero del núcleo perjudicado, si después de transcurrido el término de 15 días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no interpuso la demanda de amparo; en este supuesto lo podrá presentar cualquier integrante del núcleo en representación sustituta. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, contra actos que tengan por efecto privar total o parcialmente de las tierras o disfrute de sus derechos a los ejidos o comunidades. En el juicio de garantías en materia agraria, deberá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el quejoso o tercero perjudicado sean: los ejidos, comunidades o sus integrantes.

Junta de pobladores. Órgano de participación integrado por los ejidatarios y avecindados del núcleo de población. Su finalidad es hacer propuestas sobre cuestiones relativas al poblado, los servicios públicos, los trabajos comunitarios en la zona de urbanización y, en general, sobre los asuntos referentes a las tierras del asentamiento humano. Constituida deberá informar, conjuntamente con el comisariado ejidal, a las autoridades municipales sobre el estado que guarden las escuelas, mercados, hospitales o clínicas; sobre problemas de vivienda y sanidad, entre otros, con el propósito de plantear las necesidades de los avecindados del poblado, para mejorar, entre otros, aspectos de vivienda y sanidad. Dentro de la junta se podrán conformar las comisiones que se estimen necesarias, de acuerdo con el reglamento respectivo. (Véase LA arts. 41-42 y “Asentamiento humano”, “Reserva de crecimiento” y “Zona urbana”.)

Jurisdicción. (Proviene del latín jurisdictio-onis, poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes.) Potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas a los casos concretos sobre los que deben decidir. En materia agraria, constitucionalmente se estableció la creación de los tribunales agrarios, con plena autonomía y jurisdicción para la solución de controversias con motivo de los derechos establecidos en la LA que sean sometidos a su consideración. La LOTA y la normatividad emitida con base en ella, precisa la jurisdicción atendiendo la materia y territorio. (Véase Art. 27, fracc. XIX; LA art. 168 y LOTA arts. 1º y 18 y RITA art. 46 y “Competencia”, “Tribunales Agrarios”, “Tribunal Unitario Agrario”.)

Jurisdicción voluntaria. Procedimiento no contencioso que se instaura ante un tribunal para que reconozca o declare un derecho, sin que se promueva conflicto entre partes. Con dicha expresión se ha buscado designar aquellos actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales, con el objeto de que verifiquen la existencia de ciertas situaciones jurídicas o la satisfacción de determinados requisitos legales, sin que exista litigio o que las resoluciones en estos procedimientos adquirieran el carácter de la cosa juzgada. La LA dispone que quien hubiere poseído tierras en carácter de titular de derechos de ejidatario, siempre que no sean las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas tropicales, podrá acudir ante el tribunal unitario agrario competente, para que en vía de jurisdicción voluntaria adquiera los derechos sobre la parcela de que se trate. De igual forma, quienes guarden el estado comunal podrán promover su reconocimiento ante el órgano jurisdiccional respecto de la posesión y propiedad de las tierras de carácter comunal. Además, los tribunales agrarios conocerán en esta vía de los asuntos no litigiosos que les sean planteados que requiera la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes. (Véase LA art. 48, 98, fracc. II y 165 y LOTA art. 18, fracc. X, “Cosa juzgada” y “Competencia”.)

Jurisprudencia. Interpretación que efectúan los jueces de los preceptos legales en casos concretos. Se considera como una norma que colma omisiones y lagunas de la ley y que se funda en las prácticas seguidas por los tribunales, en casos iguales o análogos. Por ser un criterio interpretativo de la normatividad, se encuentra establecida en la C, la cual dispone que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, acerca de la interpretación de la ley fundamental, leyes, reglamentos federales o locales y los tratados internacionales. En materia agraria, el Tribunal Superior Agrario tiene competencia para conocer del establecimiento de jurisprudencia; para ello, se requerirá de cinco sentencias en un mismo sentido sin ninguna en contrario, las que deberán ser aprobadas por el Pleno del citado tribunal al menos por cuatro de sus cinco magistrados. Dicha jurisprudencia será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario. (Véase C art. 94, párrafo octavo, LOTA art. 9°, fracc. V y RITA art. 19 y “Suprema Corte de Justicia de la Nación”.)

Justicia agraria. (Del latín justitia, que a su vez proviene de jus, que significa lo justo.) Doctrinariamente se entiende como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. A la justicia se le vincula con la aplicación e interpretación de la ley. Se habla de justicia social, incorporada al derecho agrario, laboral y la seguridad social, como concepto de protección de la clase campesina y laboral. En la LA se establece que quien imparte justicia agraria son los tribunales agrarios, dotados de plena autonomía y jurisdicción, quienes conocen de las controversias que les son planteadas, a través del juicio agrario; igualmente se establece que la PA es el órgano de procuración de justicia en este ámbito. (Véase “Juicio agrario”, “Procuraduría Agraria” y “Tribunales Agrarios”.)

Justipreciación de bienes ejidales y comunales. (Véase “Avalúo”.)

Juzgados de Distrito. Tribunales de primera instancia constituidos para el conocimiento de asuntos del orden federal, que forman parte del Poder Judicial de la Federación. La C establece que el ejercicio de este poder se encuentra depositado en la SCJN, en los Tribunales de Circuito Colegiados (en materia de amparo y unitarios en materia de apelación), así como en los Juzgados de Distrito. Los jueces de Distrito en Materia de amparo, conocerán: – De las controversias con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República y de los Gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que por su vigencia o con motivo de su aplicación causen perjuicio al quejoso. – Contra actos que no provengan de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si con dicha violación el quejoso o persona extraña a la controversia hubiere quedado sin defensa. – Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. – Contra actos en el juicio que sean de imposible reparación. – Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas cuando no se encuentre establecido recurso ordinario que los modifique o revoque. – Contra resoluciones del ministerio público que determinen el no-ejercicio o desistimiento de la acción penal. La LA establece que contra las sentencias definitivas de los tribunales agrarios sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente y que tratándose de otros actos de los tribunales unitarios agrarios en que por su naturaleza procede el juicio de garantías, conocerá el juez de distrito competente.
L

Latifundio. Es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad particular por individuos o de alguna sociedad, siempre y cuando excedan los límites establecidos en la C o LA. El Art. 27 determina que las propiedades agrícolas o ganaderas que excedan el límite establecido, serán fraccionadas y enajenadas, de acuerdo con los procedimientos precisados en las leyes estatales que se promulguen para tal efecto. El reglamento correspondiente de la LA precisa las acciones y procedimiento previo a la enajenación de los excedentes, en el que participan la SRA y PA. (Véase Art. 27 fracc. IV, XV y XVII; LA arts. 115-124 y RLAMOPR art. 11, 43-58 y “Denuncia de excedentes”.)

Laudo arbitral. Decisión emitida por el árbitro designado por las partes para resolver una controversia que haya sido sometida a su análisis y estudio. El laudo deberá ser preciso y congruente con los hechos materia del conflicto, definir las pretensiones y su estructura formal es la de una sentencia (hechos, consideraciones y conclusiones). Dicha resolución se ajustará a reglas jurídicas cuando la naturaleza de las cuestiones controvertidas lo permitan. En materia agraria es emitido por el árbitro que haya sido designado por la PA y aceptado por las partes en el compromiso arbitral. El laudo deberá presentarse ante el tribunal unitario agrario, para su homologación, en cuyo caso traerá aparejada ejecución. (Véase RIPA arts. 5°, fracc. V, 13, fracc. V, 21, fracc. V, 30, fracc. III, 53 y 54, “Arbitraje”, “Audiencia arbitral” y “Compromiso arbitral”.)

Legítimo poseedor de solar. Persona a quien la asamblea del núcleo haya asignado un solar en la zona urbana de los ejidos y comunidades. La asignación que se haga a favor de sus integrantes será en forma gratuita; dicho solar podrá formar parte del patrimonio familiar. Para el caso de los avecindados la asignación comúnmente es de manera onerosa, siempre que existan solares excedentes o vacantes. En la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras que se lleve a cabo, la adjudicación de solares a ejidatarios, comuneros y posesionarios se realizará en presencia de un representante de la PA, el acta correspondiente deberá inscribirse en el RAN. Los certificados que al efecto sean expedidos constituyen los títulos de propiedad respectivos y deberán registrarse en el Registro Público de la Propiedad, quedando el solar a partir de ese momento sujeto a la legislación común. (Véase LA arts. 68-69 y RLA arts. 51 y 52 y “Solares urbanos”.)

Ley Agraria. Conjunto de normas jurídicas reglamentarias del Art. 27 en materia agraria; regula las cuestiones relativas a la propiedad de ejidos y comunidades, su organización, personalidad jurídica y derechos sobre su patrimonio, así como el ejercicio de los derechos en lo individual de sus integrantes. Este ordenamiento establece los procedimientos por los cuales los núcleos y los ejidatarios o comuneros podrán asociarse y otorgar el uso de sus tierras. La LA norma la expropiación de bienes ejidales y comunales, así como el procedimiento para la denuncia de excedencias de la pequeña propiedad individual y de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, así como las disposiciones referentes a terrenos baldíos o nacionales. La LA establece las atribuciones de la PA y del RAN y prevé en su articulado las relativas a la justicia agraria, normando el procedimiento del juicio agrario. (Véase Art. 27 fraccs. VII, XV, XVII y XIX y LA.)

Ley de Aguas Nacionales. Ley reglamentaria del Art. 27 en materia de aguas nacionales; de observancia general en el territorio nacional, de orden público e interés social. Esta normatividad tiene como objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de la cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable. Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto a las aguas superficiales como a las del subsuelo, así como a los bienes nacionales señalados en la propia ley (playas y zonas federales; vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales; cauces de las corrientes de aguas nacionales; riveras o zonas federales; islas formadas en los vasos, presas y depósitos, y obras de infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno Federal). (Véase LAN arts. 1, 2 y 113, “Aguas de propiedad nacional” y “Comisión Nacional del Agua”.)

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Ordenamiento legal de orden público e interés social, que tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal o acuícola. Esta ley define los principios y la política nacional en la materia y determina la competencia para su aplicación por parte de diversas dependencias de la administración pública federal; asimismo, establece las bases para la celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, los productores rurales y la sociedad en general. Esta ley tiene efectos en las actividades productivas en la agricultura, ganadería y acuícolas que realizan los sujetos agrarios en la utilización de organismo genéticamente modificados. (Véase DOF 18-03-05.)

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Ley reglamentaria del Art. 27, de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, que tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal corresponden a los tres niveles de gobierno, bajo el principio de concurrencia establecido constitucionalmente. Dicho ordenamiento tiene como finalidad propiciar el desarrollo forestal sustentable; cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por la Carta Magna en cuanto a los derechos que establece. Esta ley debe ser observada por los núcleos ejidales y comunales que tengan como patrimonio bosques y recursos forestales. (Véase DOF 26-12-05; “Bienes comunales” y “Bienes ejidales”.)

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Ley reglamentaria de la fracción XX del Art. 27, de observancia general y de orden público. Dicho ordenamiento tiene como objetivo promover el desarrollo rural sustentable y propiciar un medio ambiente adecuado, considerando de interés público la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, así como todas las acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de la población rural. Son sujetos de esta ley, entre otros: los ejidos y comunidades, así como las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, local, regional, municipal o comunitaria de productores rurales, constituidas de conformidad con las leyes aplicables y en las que en muchos de los casos intervienen sujetos agrarios. La ley de la materia determina que el ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural, a través del fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población rural. Los productores por su parte podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo. (Véase DOF 07-12-01 y LA arts. 4º y 5º.)

Ley de Expropiación. Ordenamiento federal y, por excepción, local para el Distrito Federal, de orden público e interés social, reglamentario del Art. 27, que tiene por objeto establecer las normas generales del procedimiento de expropiación, precisando entre los aspectos más importantes, las causas de utilidad pública, la substanciación del expediente respectivo, recursos del propietario del bien motivo de la afectación, reversión total o parcial del inmueble, monto de la indemnización y su pago. Esta ley remite respecto de las causas de utilidad pública, a las que señalen las leyes especiales, como es la Ley Agraria, en relación con expropiaciones de tierras ejidales y comunales y generalmente se aplica en procedimientos expropiatorios de propiedades particulares. La ley de la materia establece que los bienes de los núcleos ejidales y comunales podrán ser expropiados, además por las causas de utilidad pública en ella determinadas, por las previstas en la Ley de Expropiación. (Véase Art. 27 2º y 3º párrafo, LA art. 93, Ley de Expropiación [DOF 25-11-36, última reforma 04-12-97], “Causa de utilidad pública” y “Expropiación”.)

Ley General de Asentamientos Humanos. Ordenamiento de orden público e interés social, que tiene por objeto establecer la concurrencia de los tres niveles de gobierno para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas que regulen la propiedad de dichos centros, y determinar las bases de participación social en la materia. (Véase LA arts. 2º, 87 y 89, “Asentamiento humano”, LGAH [DOF 21-07-93, adicionada el 05-08-94], “Plan de desarrollo urbano municipal”, “Proyecto inmobiliario”, “Reserva de crecimiento” y “Zona de urbanización”.)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ley reglamentaria de las disposiciones de la C que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: – Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. – Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. – La preservación, restauración y el mejoramiento del ambiente. – La preservación y protección de la biodiversidad así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas. – El aprovechamiento sustentable, la preservación y la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera compatible con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preserva- ción de los ecosistemas. – La prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo. – Garantizar la participación corresponsable de la sociedad en la preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. – El ejercicio de las atribuciones en materia ambiental en los tres niveles de gobierno. – El establecimiento de mecanismos de coordinación entre autoridades y entre éstas y la sociedad en materia ambiental. – El establecimiento de medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella deriven incluidas la imposición de sanciones administrativas y penales que correspondan. La LA establece que el ejercicio de los derechos de propiedad, en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables. Asimismo, determina que las dependencias y entidades de la administración pública federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional para preservar el equilibrio ecológico. De igual forma, dispone la prohibición para la urbanización de tierras ejidales o comunales que se ubiquen en áreas naturales protegidas y en zonas de preservación ecológica. (Véase LA arts. 2º, 5º y 88, LGEEPA art. 1º y “Derecho ambiental”.)

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Ordenamiento que establece las bases de organización y funcionamiento de los tribunales agrarios. Dicha ley determina las atribuciones del Tribunal Superior Agrario y de los tribunales unitarios; los requisitos para obtener el nombramiento de magistrado, así como su designación; reglamenta los procedimientos de impedimentos y excusas; así como el relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de los citados tribunales, por los actos y omisiones que cometan en el ejercicio de sus atribuciones. (Véase LOTA [DOF 26-02-92, reformado 09-07-93], “Tribunales Agrarios”, “Tribunal Superior Agrario” y “Tribunal Unitario Agrario”.)

Libertad de asociación. Es el derecho de toda persona para poder asociarse con otras para la realización de determinadas actividades o la protección de intereses comunes. En materia agraria es la libertad que se otorga a los núcleos de población ejidal o comunal, a sus integrantes en lo individual, respecto al aprovechamiento de sus tierras de uso común o parceladas, según sea el caso, para conceder a terceros su uso o usufructo, mediante la celebración de contratos. Asimismo, podrán aportar sus tierras de uso común o sus derechos de usufructo a la formación de sociedades, tanto mercantiles como civiles, en los casos de manifiesta utilidad.

Libro de contabilidad y administración. Instrumento de apoyo de los órganos de representación y vigilancia de los ejidos y comunidades, en el que se asientan los ingresos y egresos del núcleo agrario, derivados de sus actividades económico-productivas que realiza por sí o en asociación con terceros, respecto del aprovechamiento de sus tierras y demás recursos de uso común. Este libro tiene como finalidad, entre otras, transparentar el manejo y administración de dichos recursos, las ganancias obtenidas y los gastos originados por diversos conceptos. Dentro de los programas de organización agraria básica que instrumenta la PA, realiza como actividades de asesoramiento en esta materia, las siguientes: – Difundir en los núcleos la conveniencia de adoptar sistemas de administración y contabilidad para un adecuado control de sus recursos. – Asesorar a los ejidatarios y comuneros sobre el sistema contable. – Capacitar al comisariado ejidal o comunal respecto del sistema de administración y contabilidad. – De igual manera asesorar en la elaboración de los informes contables y administrativos para el conocimiento y aprobación de la asamblea.

Libro de registro. En el marco de la organización agraria básica es el documento de registros a cargo del comisariado ejidal o de bienes comunales, en el que se asientan los datos básicos de identificación de los ejidatarios o comuneros que integran el núcleo agrario, los derechos respecto de las parcelas, solares y tierras de uso común y lo relativo a las enajenaciones y los actos jurídicos que se lleven a cabo sobre derechos ejidales. La asamblea del núcleo tiene facultades para revisar los asientos que el comisariado realice en el libro de registro. (Véase LA art. 22 y RLA art. 17.)

Lindero. Es el señalamiento de una línea que divide dos o más propiedades; en el medio rural se utiliza para delimitar y definir las superficies de los sujetos agrarios, tanto de núcleos como de sus integrantes; el señalamiento de lindero se realiza por diversos medios visibles para proteger la propiedad. Dentro de los trabajos del PROCEDE, la comisión auxiliar debe notificar a los colindantes del núcleo para que asistan al recorrido y delimitación del perímetro del patrimonio ejidal o comunal, a efecto que de ser procedente se firmen las actas de conformidad de linderos correspondientes. (Véase RLA art. 24 y “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”.)

Liquidación de sociedades. Es el procedimiento establecido para la disolución de una sociedad civil o mercantil; tiene como finalidad concluir la vida jurídi- ca de la persona moral por el cumplimiento de su objeto, porque haya transcu- rrido el plazo de su duración, voluntad de sus socios, mandato de ley o por declaración judicial. La LA dispone que en caso de liquidación de una sociedad en la que se hayan aportado tierras de uso común, el núcleo y los ejidatarios o comuneros de acuerdo con la participación en el capital social y bajo la estricta vigilancia de la PA, tendrán preferencia para recibir tierras en pago de lo que les corresponda en su carácter de socios. Asimismo, quienes sean titulares de acciones o partes sociales con serie “T”, sean sujetos agrarios o no, al momento de la liquidación de la sociedad tendrán derecho a recibir terrenos en pago de lo que les corresponda por sus derechos en el haber social. (Véase LA arts. 75 y 127 y “Acciones serie ‘T’”, “Sociedades civiles” y “Sociedades mercantiles”.)

Litigio. Se identifica con juicio o con procedimiento judicial; también se considera como el conflicto de intereses por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia de la contraparte. En materia agraria, los litigios se dirimen y resuelven a través del juicio agrario, la conciliación o el arbitraje, esto es de manera judicial o administrativa, según convenga a los intereses de las partes. (Véase “Arbitraje”, “Conciliación” “Juicio agrario”.)

Lotificación. Son trabajos técnicos para fraccionar en lotes la totalidad o parte de la superficie que compone la zona urbana, para destinarlos como solares en los que ejidatarios, comuneros y avecindados edificarán su vivienda. Para realizar los trabajos de lotificación se debe observar la legislación en materia de desarrollo urbano y los planes respectivos del estado y municipios. (Véase LA art. 87 y “Solares urbanos” y “Zona de urbanización”.)

M

Magistrado. Funcionario judicial que integrado a una sala forma parte de un tribunal colegiado o unitario. Se le conoce de manera genérica como el juez encargado de un tribunal o juzgado. En materia de justicia agraria, los tribunales unitarios agrarios están a cargo de un magistrado numerario, quienes deberán reunir los siguientes requisitos: – Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 30 años cumplidos; – Ser licenciado en derecho, con título, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación; – Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, y – Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional. El magistrado es designado por la Cámara de Senadores y en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal. El Tribunal Superior Agrario está integrado por cinco magistrados numerarios, cumpliendo con los mismos requisitos y forma de designación establecida para los magistrados de los tribunales unitarios agrarios.  Los magistrados son responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y por ello sujetos a los procedimientos y sanciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Mandato. Contrato por virtud del cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra, denominada mandante, los actos que le son encomendados. En la LA se establece que para la asistencia válida de un mandatario a asamblea, bastará una carta-poder suscrita ante dos testigos, ejidatarios o avecindados del propio núcleo ejidal o comunal. Para el caso de que el mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que la firme y asiente el nombre de ambos. Dicha ley dispone que no se podrá designar mandatario para asistir a asamblea de formalidades especiales.

Masa hereditaria. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y constituyen el patrimonio que podrá ser transmitido por sucesión. En materia agraria, se constituye con los derechos parcelarios, de uso común y los demás que correspondan al ejidatario o comunero, quien tiene la facultad de designar a la persona que deba sucederle en los mencionados derechos.

Medidas cautelares. Son las providencias que decreta el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas, con motivo de la tramitación de un proceso. En juicio agrario, los tribunales competentes proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger los intereses de las partes; asimismo podrá acordar la suspensión del acto de autoridad que pudiera afectarlos en tanto resuelve en definitiva. Igualmente, deberán considerarse las condiciones socioeconómicas de los interesados para fijar la garantía inherente a la reparación del daño o la indemnización que pueda causarse con la suspensión, en caso de una sentencia desfavorable para el quejoso.

Medidas de apremio. Es el conjunto de medidas dictadas por el juez o tribunal para hacer cumplir coactivamente sus sentencias o resoluciones. La LA dispone que los tribunales agrarios están obligados a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y para tal efecto podrán dictar todas las medidas necesarias incluidas las de apremio en la forma y términos que a su juicio fueren procedentes. (Véase LA art. 191 y “Ejecución de sentencia”, “Sentencia”.)

Mediería. Contrato que celebra un ejidatario o comunero titular de una parcela, con un tercero con el objeto de que este último la explote en beneficio de ambos y se beneficien de manera convenida con los productos obtenidos. (Véase LA arts. 45, 79 “Aparcería” y “Contrato”.

Medios de impugnación. Son las acciones jurídicas previstas en las leyes, que tienen como finalidad corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones emitidas por la autoridad judicial, cuando el promovente considere que existen inconsistencias jurídicas, errores, ilegalidad o injusticia en el acto impugnado. En la LA se establecen como medios de impugnación el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, en contra determinadas sentencias emitidas por los tribunales unitarios agrarios (litigios relacionados con los límites de los núcleos ejidales o comunales, restitución de tierras de ejidos y comunidades y nulidades de resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria), así como el juicio de amparo directo en contra de las sentencias definitivas de dichos tribunales y del Tribunal Superior Agrario. En contra de otras resoluciones y actos emitidos por los tribunales unitarios agrarios durante el procedimiento, procede el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito competente.

Método topográfico directo. Trabajos de levantamiento técnico-específico de medición en campo, con el propósito de recabar datos geográficos y particularidades de una superficie terrestre (ángulos, rumbos y distancias), efectuándolo directamente en el terreno.

Método topográfico indirecto. Trabajos de delimitación que se realizan a partir de la utilización de materiales fotográficos, fotogramétricos, cartas topográficas, planos informativos y definitivos u otros elementos técnicos con que se cuente, para lograr la identificación de determinadas superficies.

Minifundio. Son pequeñas superficies de propiedad ejidal, comunal o particular, con dimensiones menores a cinco hectáreas, en usufructo de integrantes del núcleo, posesionarios o propietarios privados; esta forma de tenencia de la tierra es considerada como una limitante a la viabilidad de la unidad productiva que impide el desarrollo rural y bienestar de las familias campesinas; además conlleva a la pulverización de las tierras de los núcleos y de la pequeña propiedad.

Ministerio público. Es un órgano que depende del Poder Ejecutivo en el orden federal y local, que cuenta con el monopolio del ejercicio de la acción penal. Constitucionalmente el ministerio público es el encargado de realizar la investigación y persecución de los delitos, para lo cual se auxilia con la policía que está bajo su mando inmediato. Son los agentes de esta Institución los únicos legitimados para iniciar la acusación o consignación que inicia un proceso o juicio penal; en el sistema procesal mexicano el ministerio público valora los elementos de la acusación y con base en ello puede hacer valer la acción penal o negarla. Por otra parte, este organismo interviene en los procesos civiles en representación de ausentes, menores o incapaces; en la quiebra y suspensión de pagos y en los asuntos de familia. En juicio de amparo en materia agraria, el juez del conocimiento da vista al ministerio público cuando se trata de intereses y derechos colectivos de ejidos y comunidades y tiene la obligación de cuidar que las sentencias dictadas a favor de dichos núcleos sean debidamente cumplidas por las autoridades responsables. La ley de la materia faculta a la PA para denunciar ante el ministerio público, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, los actos o hechos que sean de su conocimiento y que puedan constituir algún delito.

N

Nacionaleros. Son los poseedores de terrenos baldíos o nacionales que tienen su uso y usufructo. La LA señala que estos poseedores tendrán preferencia para adquirir dichos terrenos en forma onerosa, siempre que los hayan explotado durante un periodo de al menos tres años, anteriores a la presentación de la solicitud de regularización a la SRA. Se les considera sujetos agrarios para recibir algunos de los servicios que proporciona la PA. Una vez que el nacionalero recibe su título de propiedad pierde esta categoría y se convierte en pequeño propietario. (Véase LA art. 162; RIPA arts. 1°, “Terrenos baldíos” y “Terrenos nacionales”.)

Notariado. Es la institución que integra lo relativo a la notaría y a los notarios, a quienes se concede el conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la función notarial, que es una prerrogativa del poder público orientada a otorgar certeza jurídica, mediante manifestaciones y registros con los que se da forma y contenido al acto jurídico. La PA ha celebrado convenios de colaboración con los colegios de notarios, a nivel nacional y estatal, por virtud de los cuales se garantiza la intervención de los notarios públicos en los actos que por ley deben participar, abaratando los costos por los documentos que expide y, en su caso, de manera gratuita. (Véase LA arts. 17, 23, 28, 31, 46, 58, 84, 85, 90 y 108 y “Fedatario público”.)

Notificación. Acto mediante el cual se hace del conocimiento de los interesados una resolución judicial o administrativa, con el objeto de que se cumpla un acto procesal. En juicio agrario, el demandado debe ser notificado de manera personal del emplazamiento, lo que podrá hacerse en el domicilio que al efecto se haya señalado, en el lugar de su principal asiento de negocios o en el que se le encuentre. En el supuesto que no sea posible la notificación personal, el tribunal acordará la notificación por edictos en los que se contenga la resolución que se notifica, una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días en alguno de los diarios de mayor circulación e la región y en el periódico oficial del gobierno del estado, así como en la oficina de la presidencia municipal y en los estrados del tribunal. Esta notificación surtirá efectos una vez transcurridos 15 días, a partir de la fecha de la última publicación. (Véase LA arts. 170-178, 180, 182 y 184 y “Cédula de notificación”.

Núcleo agrario. Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales, que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria o sentencia de los tribunales agrarios, a través de la cual les fueron concedidas tierras, bosques y aguas. (Véase Art. 27, fracc. VII; LA arts. 9°, 43 y 98 y “Acciones agrarias”, “Bienes comunales” y “Bienes ejidales”.)

Núcleo de población. Término genérico con el que el Art. 27 se refiere a los ejidos y comunidades, al prever en su fracción VII, el reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales. El Art. 27 fracción VI, en su texto original para señalar a las comunidades, establecía diversas modalidades ya que disponía que los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás “corporaciones de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal”, tendrían capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. Mediante reforma de 1934 al Art. 27, la fracción VI pasó a ser la fracción VII y se sustituyó el término corporaciones de población por núcleos de población, para referirse a las comunidades, al determinar que los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras que les pertenezca o que se les hayan restituido o restituyeren, sin que se hiciera una enunciación de las diversas modalidades de las comunidades, como en el texto original. Con la reforma de 1992, vigente a la fecha, en la fracción VII se mantiene el término núcleos de población y se incluye en éstos, además de las comunidades a los ejidos, al prever el reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales; cabe aclarar que, respecto de las comunidades, no se distingue entre las de hecho y las de derecho, lo que interpretándose literalmente podría dejar a las primeras en estado de indefensión cuando se afecten sus intereses, al no contar con el reconocimiento de su existencia y, por ende, el de su personalidad. (Véase Art. 27, fracc. VII, LA art. 9º, y “Núcleo agrario”.)

Nulidad de actos y documentos. En términos generales es la acción que se ejercita para dejar sin efectos o invalidar un acto o documento. En el ámbito procesal, esta acción se concede a las partes en juicio, contra actuaciones judiciales violatorias de la normatividad dentro del procedimiento; también se conoce como los acuerdos incidentales por virtud de los cuales promociones, acuerdos, diligencias o ratificaciones y cualquier determinación del juez pueden ser revocadas o modificadas por la existencia de un vicio; nulidad que deberá promover la parte interesada y declararla la autoridad judicial competente. En juicio agrario, procede la nulidad de lo actuado ante el tribunal unitario agrario cuando no tenga competencia en razón de territorio o la audiencia de ley no sea presidida por el magistrado; asimismo los sujetos agrarios pueden ejercitar la nulidad ante los referidos tribunales, respecto de resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria que vulneren los derechos establecidos en la LA. Por otra parte, se determina en la LA que podrá promoverse la nulidad de los siguientes asuntos: en materia de asamblea de formalidades especiales en ejidos o comunidades, cuando haya violación al procedimiento; en la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales (en este caso existe la nulidad de pleno derecho); de los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie “T”; en la constitución de ejidos, será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores; por la falta de notificación para enajenar un derecho parcelario y en la primera enajenación de parcelas en que se haya adoptado el dominio pleno. En la LFRA se  preveía un capítulo relativo a la nulidad de actos. (Véase LA arts. 28, 59, 80, 84, 90, 133, 168, 185, 198, fracc. III, LFRA arts. 406-412, LOTA art. 18, fracc. VIII.)
Nulidad de asignación de parcelas. La LA establece en forma categórica que será nula de pleno derecho, por parte de la asamblea, la asignación individual de parcelas en bosques o selvas tropicales de ejidos y comunidades. (Véase LA art. 59 y 107.)

O

Obligación. En general, está considerada como el vínculo que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa. Para la imposición de una obligación es necesario conocer su fuente, sin ella no estaríamos en presencia de un acto jurídico; en consecuencia, las obligaciones nacen de un acuerdo de voluntades, por disposición legal o de un ilícito, entre otras causas. El cumplimiento de las obligaciones sólo puede ser de tres tipos: de dar, de hacer y no hacer. En la LA, es obligación de los notarios públicos y de los registros públicos de la propiedad dar aviso al RAN respecto a las operaciones realizadas sobre parcelas en que se haya adoptado el dominio pleno o de conversión de tierras al régimen ejidal, así como de la adquisición de tierras por las sociedades civiles o mercantiles. Asimismo, los ejidatarios o comuneros deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el reglamento interno y estatuto comunal, e integrantes del comisariado ejidal o de bienes comunales y del consejo de vigilancia deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la ley de la materia. (Véase LA arts. 33, 36, 74 y 156, “Comisariado ejidal”, “Comisariado de bienes comunales”, “Estatuto comunal” y “Reglamento interno”.)

Ocupación previa. Es el acto por virtud del cual la dependencia o entidad promovente de una expropiación toma posesión de un bien ejidal o comunal, para realizar una función propia o para prestar un servicio público, atendiendo causas de fuerza mayor urgentes o prioritarias. Para la procedencia de esta ocupación, es requisito indispensable que los ejidos o comunidades a través de acuerdo de asamblea o sus integrantes, tratándose de tierras de uso común o parceladas según sea el caso, aprueben dicha ocupación. Para formalizar este acuerdo de voluntades deberá suscribirse el convenio correspondiente entre la promovente de la expropiación y el titular de los bienes, en el supuesto de tierras de uso común a través del comisariado ejidal con la aprobación de la asamblea; dicho documento deberá contener como mínimo el plano de la superficie a ocupar; la contraprestación por la ocupación y la garantía de cumplimiento; las causas de rescisión del convenio y el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación. Para la formalización del convenio deberá intervenir la PA, quien además solicitará su inscripción en el RAN. (Véase LA art. 95, RLAMOPR arts. 66-69 y “Expropiación”.)

Ombudsman. Institución de origen escandinavo; en general, es el encargado de la defensa en vía administrativa de los derechos humanos de los ciudadanos; su función última es solicitar a las autoridades, instancias competentes y servidores públicos la estricta aplicación de la constitución y la ley. La PA comparte algunos rasgos de ombudsman en las facultades determinadas por la LA para instar a las autoridades agrarias a la realización de sus funciones, emitir las recomendaciones que considere pertinentes y denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los servidores públicos. Esta concepción ha sido confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando a la PA como un ombudsman especializado para atender las quejas de los sujetos agrarios en contra de autoridades por incumplimiento de sus obligaciones, obstaculización de los trámites efectuados por ellos o desistimientos sin fundamento en sus peticiones. La característica de ombudsman le ha permitido a la PA atender quejas de los campesinos en otros ámbitos no vinculados de manera precisa con la materia agraria, relacionados indirectamente con los derechos sobre sus bienes.

Orden de preferencia. (Véase “Derecho de preferencia”.)

Ordenamiento de la propiedad rural. Conjunto de acciones tendentes a identificar, ordenar y registrar las diversas formas de la tenencia de la tierra en ejidos, comunidades, pequeñas propiedades, terrenos nacionales y colonias agrícolas y ganaderas, a favor de los titulares o poseedores de la superficie rural. La regularización de la tenencia de la tierra y su titulación constituyen pilares básicos para el ordenamiento de la propiedad rural, a efecto de garantizar los derechos de propiedad de los sujetos agrarios; de igual forma, el control registral y documental del proceso permite su continuidad y sustentabilidad. (Véase Programa Sectorial Agrario 2001-2006, “Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural” y “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”.)

Ordenamiento ecológico. Instrumento de política ambiental que tiene por objeto regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. (Véase LGEEPA art.  3º, fracc. XXIII, “Aprovechamiento de recursos naturales” y “Aprovechamiento sustentable”).

Organismo público descentralizado. Entidad de la Administración Pública Federal paraestatal establecida legalmente con el objeto de realizar actividades correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias, para la prestación de un servicio público o social, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. De conformidad con la ley de la materia, la PA es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cumple funciones de servicio social, encargado de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, en asuntos y ante autoridades agrarias. (Véase LOAPF art. 45, LA arts. 134 y 135, “Procuraduría Agraria”.)

Organización agraria. Es el proceso de integración de los sujetos agrarios, mediante la adopción de diversos instrumentos que regulan las bases generales de su organización económica y social; elementos necesarios para lograr su incorporación al desarrollo productivo del país y propiciar que sus derechos de aprovechamiento de la tierra se traduzcan en un mejor nivel de vida, motivando la participación voluntaria, conciente y comprometida de los sujetos agrarios. La PA otorga asesoría en la elaboración de los reglamentos internos o estatutos comunales de ejidos y comunidades; en la actualización de sus órganos de representación y vigilancia; en el manejo de sus libros de registro y contabilidad; en la elaboración y depósito o formalización de las listas de sucesión de los ejidatarios, comuneros y posesionarios, y fomenta la organización de los núcleos en la utilización de esquemas de aprovechamiento sobre los recursos que poseen, mediante la orientación para la celebración de contratos y convenios, constitución y consolidación de figuras asociativas tendentes a la realización de actividades productivas entre los sujetos agrarios y el establecimiento y desarrollo de parcelas con destino específico. (Véase Programa Sectorial Agrario 2001-2006, LA arts. 10, 22, 39, 45, 71, 75, 79, 100 y RIPA art. 22.)

Órgano desconcentrado. Órgano administrativo constituido para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos competencia de las Secretarías de Estado, jerárquicamente subordinado a dichas dependencias y con las facultades específicas, de conformidad con las disposiciones aplicables. La LA establece que el RAN es un órgano desconcentrado de la SRA, quien estará encargado del control de la tenencia de la tierra en el medio rural y de la seguridad documental correspondiente, debiendo inscribirse en el citado Registro, los documentos en que consten las operaciones originales y modificaciones de la propiedad de las tierras y derechos de carácter agrario. (Véase LOAPF art. 17; LA arts. 148-155 y RIRAN art. 1º.)

Órganos ejidales y comunales. De conformidad con la C y la LA, tienen este carácter la asamblea como órgano supremo, el comisariado ejidal y de bienes comunales, órgano de representación y el consejo de vigilancia como órgano de supervisión. Dichos órganos cuentan con las facultades y obligaciones previstas en la LA y el reglamento interno o estatuto comunal. (Véase Art. 27, fracc. VII, LA arts. 21-23 y 32-36 y 107, “Asamblea del núcleo”, “Comisariado de bienes comunales” y “Comisariado ejidal”.

P

Parcela ejidal. Superficie asignada por la asamblea a los integrantes de un ejido o comunidad; acto a partir del cual corresponde a los ejidatarios o comuneros su uso y disfrute en términos de la LA, el reglamento interno o estatuto comunal. (Véase LA arts. 14, 56, fracc. II, 62 y 76 y “Tierras parceladas”.)

Parcela escolar. Es la superficie asignada por la asamblea a la escuela del poblado, destinada a la divulgación, investigación, enseñanza y prácticas agrícolas, que permitan un uso eficiente y racional de los bienes del ejido o comunidad. El reglamento interno o estatuto comunal establecerá la normatividad para el funcionamiento de la parcela escolar. Goza de la misma protección que las tierras del asentamiento humano, con las características de inalienable, imprescriptible e inembargable.

Parcelamiento económico. Es el fraccionamiento de hecho de las tierras del núcleo, efectuado por los ejidatarios, comuneros y posesionarios, quienes detentan y usufructúan cada una de las parcelas resultado de este fraccionamiento, sin contar con un certificado que legitime de manera precisa su derecho sobre el bien que ocupa. Actualmente, la LA faculta a la asamblea para reconocer el parcelamiento económico o de hecho y regularizar la tenencia de posesionarios, respetando los derechos adquiridos con anterioridad. Para el ejercicio de esta atribución coadyuva el PROCEDE con las acciones que realiza dentro de su programa operativo y la emisión de los certificados parcelarios correspondientes.
Parcelamiento formal. (Véase “Tierras parceladas”.)

Partes en juicio. (Véase “Actor”, “demandado”.)

Patrimonio. Suma de bienes que pertenecen a una persona. Conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a su titular. En materia agraria, constitucionalmente se protege el patrimonio de los ejidos y comunidades respecto de las tierras que les pertenecen, tanto las que les fueron dotadas o reconocidas, como las que hubieran adquirido por cualquier título.

Pequeña propiedad. (Véase “Propiedad privada”.)

Perito. Persona que tiene experiencia y conocimientos en determinada materia, arte o ciencia y por ello se encuentra facultado para emitir opinión, llamada dictamen, sobre la materia que conoce y en el que el juzgador puede apoyarse para emitir una resolución sobre una controversia. En el juicio agrario, los peritos pueden ser citados por cédula o cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose el notificador de la exactitud de la dirección del perito. En la audiencia de ley, las partes presentarán a los testigos y peritos a quienes se les podrán formular las preguntas conducentes. (Véase CFPC art. 144, LA arts. 177, 185 fraccs. I y II, “Dictamen pericial” y “Servicios periciales”.)

Permuta. Contrato de naturaleza civil, por el cual uno de los contratantes se obliga a dar un bien mueble o inmueble, a cambio de otro. La permuta requiere que los contratantes acrediten la propiedad de los bienes objeto del contrato. En el Código Agrario de 1942, este procedimiento era reglamentado y resuelto por el Presidente de la República, permitiéndose la permuta entre núcleos y de estos con particulares. La LFRA limitó esta acción únicamente a ejidos. La ley vigente no prevé esta figura, aun y cuando pudiera ser procedente la permuta de parcelas entre ejidatarios y comuneros, mediante la cesión de derechos en forma simultánea. (Véase CCF arts. 2327-2331, Código Agrario de 1942 arts. 278-281, LFRA arts. 336-338 y “Cesión de derechos”.)

Plan de desarrollo urbano municipal. Es el documento rector por medio del cual se planea y regula la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, sobre un territorio bajo la jurisdicción de un municipio. Dicho Plan es aprobado, ejecutado, controlado, evaluado y modificado por las autoridades locales, con las formalidades establecidas en la legislación estatal de desarrollo urbano; dicha legislación determinará la forma y procedimientos para que los sectores sociales y privados participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia del mencionado Plan. De conformidad con la ley de la materia, las tierras ejidales y comunales para ser destinadas al asentamiento humano, incluida la zona de urbanización y reserva de crecimiento, requerirán la intervención de las autoridades municipales correspondientes; cuando la asamblea constituya dicha zona y reserva, establecerá las superficies necesarias para los servicios públicos. La incorporación de tierras ejidales y comunales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en la materia; en toda enajenación de terrenos ejidales declarados como reservados para el crecimiento de un centro de población, en términos de desarrollo urbano municipal, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios. (Véase LGAH arts. 14 y 15, LA arts. 66, 67, 87 y 89, “Asentamiento humano”, “Reserva de crecimiento”, “Zona urbana” y “Zona de urbanización”.)

Plan de manejo forestal. Conjunto de acciones y procedimientos tendentes a la ordenación, cultivo, protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos forestales, respetando la integridad del ecosistema y sin que merme la capacidad productiva y recursos existentes. Los ejidos y comunidades que cuenten dentro de su superficie dotada o reconocida con tierras forestales, para su aprovechamiento deberán ejercitar estas acciones y procedimientos en términos de la normatividad aplicable y bajo la supervisión de las instancias federales y estatales competentes. (Véase LGDFS art. 7°, fracc. XVI.)

Plan Nacional de Desarrollo. Instrumento rector de la planeación del desarrollo económico, político y social del país; en él se definen las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales que observará el Ejecutivo Federal para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. Documento normativo de mediano plazo en el que se precisan los propósitos y criterios políticos para el desarrollo nacional; así como los programas que deben elaborarse e instrumentarse para atender de forma estratégica y prioritaria las cuestiones económicas y sociales del Estado. (Véase LP arts. 7-9, 14, fracc. II, 16 y 21.)

Plano. En general es la representación gráfica de una superficie determinada, en la que se señalan sus dimensiones, medidas y colindancias, así como otras características y bienes que la conforman. En materia agraria el plano definitivo es el documento legal y gráfico que determina la localización, extensión y límites de las tierras, aguas y bosques con que fue dotado, ampliado, restituido o reconocido un núcleo ejidal o comunal. Se elabora generalmente a partir de la ejecución de la resolución presidencial o sentencia del tribunal agrario, tomando como base la ejecución correspondiente; este plano forma parte de la carpeta básica o agraria del núcleo. (Véase LFRA arts. 305 y 308, LA art. 56 y RIRAN art. 21 fraccs. I y II.)

Plano interno. Dentro de los trabajos del PROCEDE, es el plano que resulta de la delimitación de las tierras al interior de los núcleos de población ejidales o comunales, en él se localizan las tres grandes áreas de las tierras del núcleo: tierras parceladas, de uso común y del asentamiento humano. (Véase RLA art. 25.)

Plano proyecto. Es el plano levantado con motivo de los trabajos técnicos realizados dentro de un procedimiento de dotación y reconocimiento y titulación de bienes comunales de grupos solicitantes o comunidades, en el cual se señalaban gráficamente los terrenos susceptibles de afectación o reconocimiento, así como sus medidas y colindancias. En términos de la LFRA, dicho plano lo autorizaba el Cuerpo Consultivo Agrario y era un elemento necesario para la ejecución de la resolución presidencial. Posteriormente se formulaba el plano definitivo, que contenía las superficies entregadas o reconocidas según el acta de ejecución. En materia de rezago agrario, el Tribunal Superior Agrario está facultado para elaborar planos proyectos y aprobar los definitivos, al cumplimentar sus sentencias dotatorias o de reconocimiento. (Véase LFRA arts. 16, fracc. II, 305, fracc. V, 306, LA art. 3º transitorio, “Acta de posesión y deslinde” y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”.)

Pliego de posiciones. Escrito que contiene las preguntas relativas al desahogo de la prueba confesional y testimonial tanto de las partes como de los testigos, dirigidas a las personas señaladas con ese carácter; las posiciones o preguntas deberán concretarse a hechos que sean objeto de la controversia y propios de la persona a quien van dirigidas. En el juicio agrario, las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que estimen necesarias e interrogar a los testigos y peritos, por lo que es procedente para ello presentar un pliego de posiciones, las cuales, previamente al desarrollo de la audiencia o dentro de la misma, podrán ser calificadas por el magistrado del tribunal unitario agrario que conozca del asunto. (Véase LA arts. 185, fraccs. I y II, 186 y “Prueba”.)

Poblado. En términos generales es un asentamiento humano en el que habitan campesinos con su familia, que tienen características e intereses comunes. En la legislación anterior con esta figura se vinculaba al grupo gestor o solicitante de tierras en acciones dotatorias de tierras y de reconocimiento de bienes comunales. En materia agraria se identifica con este nombre a los núcleos ejidales o comunales beneficiados mediante resolución presidencial o sentencia dictada por los tribunales agrarios, por la cual les fueron concedidas o reconocidas tierras, bosques y aguas.

Polígono ejidal. Trazo geométrico que integra la superficie de tierras que ha sido dotada al ejido, que se representa gráficamente en el plano definitivo o en los diferentes planos, cartas y croquis que se elaboran al respecto. Se señala en él la división en tierras del asentamiento humano, tierras parceladas y tierras de uso común. En el terreno, los ángulos, límites y colindancias de la propiedad del núcleo se marcan con mojoneras.

Posesionario. En términos generales es la persona que ejerce un poder de hecho sobre un bien ejercitando actos de uso y goce como si fuera su propietario. En materia agraria, es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con tal carácter por la asamblea del núcleo o el tribunal unitario agrario competente; en términos del RIRAN quien haya sido reconocido como posesionario podrá solicitar la expedición del certificado parcelario con esta categoría. El posesionario o poseedor cumpliendo los requisitos establecidos en la LA puede ejercitar la acción de prescripción respecto de las tierras ejidales que detenta.

Postura legal. (Véase “Subasta de derechos agrarios”.)

Precario. Es la posesión de una cosa sin contar con el título legal; poseer algo por tolerancia del dueño o por su inadvertencia. En materia agraria, lo precario representa una irregularidad en la tenencia de la tierra, con frecuencia se confunde con invasión. Una posesión precaria puede representar una cesión del uso de tierras revocable a voluntad del propietario.

Predio. Es la superficie que tiene una persona en propiedad o posesión debidamente delimitada. Genéricamente se denominaban de esta manera las superficies señaladas como de posible afectación en la legislación anterior, cuando reunían ciertas causales establecidas en la LFRA.

Prescripción. Medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo, conforme a las condiciones establecidas por la ley. En la LA, esta acción la ejercita el campesino que hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario, siempre que no sean las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas, en forma pacífica, continúa y pública durante un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe o de diez de mala fe, con el objeto de adquirir sobre los terrenos los mismos derechos de cualquier ejidatario sobre su parcela. En estos supuestos, el poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario en la vía de jurisdicción voluntaria o controversia en juicio, para que el referido tribunal emita resolución respecto de la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate. La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia de despojo ante el ministerio público, interrumpirá el plazo para prescribir.
Prevención en materia agraria. Acuerdo del tribunal agrario dirigido y notificado al promovente, a fin de que subsane alguno de los requisitos legales o irregularidades detectadas en su escrito inicial de demanda, para que la solvente dentro del término de ocho días. En el procedimiento de queja ante la PA, con motivo de denuncias o irregularidades en contra de servidores públicos o de integrantes del comisariado ejidal, comunal o consejo de vigilancia, la unidad administrativa competente podrá emitir acuerdo para mejor proveer, previniendo al quejoso para que subsane alguna irregularidad en su denuncia o aporte la información necesaria que permita realizar el estudio e investigación correspondientes; en este supuesto, se concederá un término perentorio de treinta días para que cumpla con lo requerido; en caso contrario, se dará por concluido el expediente independientemente de que pueda presentar la queja con posterioridad.

Procampo. Programa del gobierno federal que proporciona apoyos directos a los productores rurales, otorgándolos de acuerdo con las características agronómicas y comerciales de la región, exclusivamente para quienes se encuentran en el padrón y hayan producido maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, arroz y algodón en cualquier ciclo homólogo anterior a 1993. Dicho Programa tiene como objetivos apoyar el ingreso de los productores rurales mediante la entrega de un subsidio directo que el gobierno federal otorga por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; fomentar la reconversión de las tierras para una mayor rentabilidad; estimular la organización de los productores del sector y frenar la degradación del medio ambiente, propiciando la conservación de los recursos agropecuarios y forestales. (Véase Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.)

Procedimiento. En general es la manera de realizar un acto. En materia judicial se ha utilizado como sinónimo de juicio o instrucción de una causa. Asimis- mo, se considera como la actuación en trámites de naturaleza administrativa.

Procurador Agrario. Titular de la PA, nombrado por el Presidente de la República; quien ocupe el cargo deberá cubrir los requisitos siguientes: ser mexicano, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, contar con experiencia mínima de cinco años en cuestiones agrarias y gozar de buena reputación. La LA establece como atribuciones del Procurador Agrario las siguientes: – Actuar como representante legal de la PA; – Dirigir y coordinar sus funciones; – Nombrar y remover a su personal, determinar sus funciones, áreas de responsabilidad y remuneración; – Establecer las unidades técnicas y administrativas necesarias; – Expedir la normatividad necesaria para el funcionamiento administrativo de la PA; – Elaborar el proyecto de presupuesto de la PA; – Delegar sus facultades en subalternos, y – Las demás que esta ley y sus reglamentos le señalen. Por su parte el RIPA, además de las atribuciones señaladas, establece las siguientes: – Aprobar y coordinar los programas de la PA; – Celebrar los actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de las facultades de la PA; – Proponer los anteproyectos de iniciativas de la normatividad aplicable para la adecuada procuración de justicia agraria; – Aprobar los programas de comunicación social y otros vinculados a ella; – Emitir opinión sobre los proyectos de desarrollo y constitución de sociedades con la aportación de tierras de uso común de los núcleos; – Emitir los acuerdos y recomendaciones a las autoridades competentes por violación de las leyes agrarias y a los derechos de los sujetos agrarios; – Hacer del conocimiento del Tribunal Superior Agrario las contradicciones de tesis; – Emitir dictamen de la terminación del régimen ejidal; – Presentar un informe de actividades anual al Ejecutivo Federal; – Constituir y presidir los comités internos que se requieran, y – Las demás que la LA y otros ordenamientos le confieran. (Véase LA arts. 139, 140, 142 y 144; RIPA arts. 8°, 11 y 12.)

Procuraduría Agraria. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con funciones de servicio social, encargado de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios (ejidatarios, comuneros, sucesores de éstos, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, nacionaleros y campesinos en general). Son atribuciones de la PA las siguientes: – Coadyuvar y representar a los sujetos agrarios en asuntos y ante autoridades agrarias; – Asesorar a los sujetos agrarios en sus relaciones con terceros en la aplicación de la LA; – Promover y procurar la conciliación de intereses entre los sujetos agrarios; – Denunciar la violación de la LA e instar a las autoridades a la realización de sus funciones y emitir las recomendaciones pertinentes; – Proponer medidas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica en el  campo; – Denunciar a los servidores públicos agrarios; – Ejercer las funciones de inspección y vigilancia en la defensa de los derechos de los sujetos agrarios; – Investigar y denunciar el acaparamiento o concentración de tierras; – Asesorar y representar a los sujetos agrarios en sus trámites y gestiones para obtener la titulación de sus derechos agrarios; – Denunciar los hechos constitutivos de delito o faltas administrativas ante la autoridad competente y atender las denuncias sobre irregularidades del comisariado ejidal o de bienes comunales; y – Las demás que esta ley sus reglamentos y otras leyes les señalen. (Véase Art. 27, fracc. XIX, LA arts. 134-136 y RIPA arts. 1º, 3º y 9°.)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal; sectorizado en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; creado con el objeto de representar los intereses de la población respecto a la protección del ambiente y establecer criterios,  mecanismos y acciones para el logro de su objeto. Cuenta además con las facultades de control y atención a las demandas ciudadanas en la prevención y restauración de la contaminación ambiental y preservación del equilibrio ecológico. Esta Institución tiene relación directa con aquellos núcleos propietarios de selvas, bosques y áreas ecológicamente protegidas. (Véase LGEEPA.)

Productor agrícola. Persona física o moral que tiene habitualmente y como principal actividad económica la explotación agrícola de las tierras.

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. Programa del gobierno federal cuyo propósito fundamental es otorgar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los ejidos, comunidades y sus integrantes. El Programa es voluntario para los ejidatarios y comuneros, quienes a través de su asamblea determinan y aprueban la delimitación, destino y asignación de derechos de sus tierras. De acuerdo con lo dispuesto en el RLA, la SRA, la PA y el RAN establecen dentro de su competencia los mecanismos y acciones de colaboración necesarios para el desarrollo del PROCEDE. Con base en los convenios suscritos para tal efecto participa en el Programa el INEGI, encargado de realizar los trabajos técnicos de medición, así como de generar los productos cartográficos, y los gobiernos estatales. El PROCEDE se instrumenta bajo la dirección de los comités operativos estatales, establecidos en las diferentes entidades federativas, y las políticas y normatividad para su desarrollo son emitidas por el comité operativo nacional. (Véase LA arts. 23 fracc. VII y VIII y 56-58; RLA arts. 19-58, “Comités operativos estatales del PROCEDE” y “Comité Operativo Nacional del PROCEDE”.)

Programa de Empresas Rurales en Desarrollo (EMPRENDE). Programa del gobierno federal, de beneficio social, con el propósito de atraer inversión privada (interna y externa) al sector rural para generar fuentes de empleo en el campo, impulsar la capacitación y organización de los campesinos y crear figuras asociativas entre los inversionistas y los sujetos agrarios. Dicho Programa se basa fundamentalmente en la operación de las siguientes líneas estratégicas: recopilación de propuestas susceptibles de convertirse en proyectos, selección de ideas y preparación de perfiles de inversión; presentación de los mismos a inversionistas, y cumplimiento de los proyectos presentados. En el ámbito de sus atribuciones, para el desarrollo de este programa la PA orienta y asesora a los sujetos agrarios respecto de la viabilidad del proyecto de inversión presentado.

Programa de Regularización de la Propiedad Fideicomitida en Chiapas. Desde su creación, este Programa tiende a contribuir a la reconciliación y paz social en el estado de Chiapas, teniendo como objetivo primordial el atender la demanda de tierra y solucionar los conflictos agrarios en la entidad. Con base en los recursos federales de este Programa, se adquirieron vía fideicomiso tierras para beneficiar a grupos campesinos; formalizada la compra de terrenos mediante escritura pública, éstos son incorporados al régimen de los ejidos y comunidades ya constituidos, o bien creando nuevos núcleos con las tierras adquiridas.

Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales. Este Programa representa un modelo integral de ordenamiento territorial, basado en la regulación de las actividades productivas y los usos de suelo garantizando el aprovechamiento sustentable, la protección y conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas costeros, localizados en tierras ejidales y comunales.

Programa Sectorial Agrario. Tiene su fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo, con base en este Programa se coordinan las acciones y programas derivados que competen a las instituciones que conforman el Sector Agrario; su instrumentación y operación tiene como objetivo culminar proyectos sociales en beneficio de la población rural. Este documento contiene un conjunto de actividades y estrategias, mediante las cuales se enumeran y detallan las acciones a realizar para lograr las metas y objetivos establecidos en el referido Programa.

Propiedad. Es el poder que una persona física o moral ejerce de manera directa e inmediata sobre bienes muebles, inmuebles y derechos para aprovecharlos en el ámbito jurídico, siendo oponible a terceros. Derecho de goce y disposición que tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes.

Propiedad originaria. Como se establece en la Constitución, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (Véase Art. 27, primer párrafo.)

Propiedad privada. Es el derecho que tiene un particular, persona física o moral, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en la normatividad, de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y de modo que no se perjudique a la colectividad. De conformidad con nuestra Carta Magna, se determina un régimen triangular de propiedad, integrado por la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. La propiedad privada está sujeta principalmente a dos tipos distintos de limitaciones: la expropiación por causa de utilidad pública y las modalidades que dicte el interés público. En materia agraria, la propiedad privada tiene límites en cuanto a su extensión ya que ninguna persona física puede ser propietaria de más de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierra (200 de temporal, 400 de agostadero y 800 de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos). Asimismo se considera pequeña propiedad la que no exceda por persona de 150 hectáreas de riego que se destinan al cultivo de algodón y de 300 dedicadas a cultivos de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. También se considera pequeña propiedad la que no rebase por individuo la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor, de acuerdo con el coeficiente de agostadero de los terrenos. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos en la extensión necesaria para el cumplimento de su objeto, no obstante, en ningún caso serán titulares de tierras dedicadas a la agricultura, ganadería o explotación forestal, en una extensión mayor a 25 veces del límite señalado para las personas físicas. El RLAMOPR norma el procedimiento para la investigación y enajenación de excedentes de la propiedad rural; en el supuesto de que dichos excedentes sean de una sociedad, la SRA resuelve la acción y tratándose de personas físicas, la PA integra el expediente, lo dictamina y remite a la unidad administrativa competente del Gobierno del Estado en que se ubiquen los terrenos; en ambos casos los gobiernos de los estados fraccionarán y enajenarán el excedente si el propietario no lo hiciere en un plazo de un año contado a partir de la notificación de la resolución respectiva. (Véase Art. 27, fracs. IV, XV y XVII; LA arts. 115-124 y RLAMOPR arts. 11-14, 15-24 y 43-58; “Agostadero”, “Cerril” y “Denuncia de excedentes”.)

Propiedad pública. Derecho real que ejercen dependencias y entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. El Estado goza de derechos de propiedad que le son otorgados en atención a la naturaleza del titular, a la relación entre el propietario y el bien y por las características del bien en sí mismo. De acuerdo con nuestra Constitución, la nación se reserva el dominio directo de propiedades y recursos naturales que la misma establece. Esto es, tierras, aguas, mares y recursos que no han sido transmitidos a los particulares, permanecen dentro del patrimonio de la nación, al cual se le denomina propiedad pública. La Carta Magna y algunas de la leyes reglamentarias que de ella emanan autorizan a dependencias y entidades para emitir concesiones y permisos a los particulares o sociedades para la explotación de determinados recursos. La LGBN establece, entre otras disposiciones, los bienes que constituyen el patrimonio de la nación, su régimen, el sistema de administración inmobiliaria federal y paraestatal y las normas para la adquisición, titulación, administración, control, vigilancia y enajenación de los inmuebles federales. (Véase Art. 27, LGBN art. 1o, “Concesión” y “Concesión en zona federal”.)

Propiedad rural. Titularidad que tienen diversos sujetos agrarios (ejidos, comunidades, pequeños propietarios, sociedades, colonos) respecto de tierras o predios rústicos que se encuentran en el territorio nacional, dedicados a la agricultura, ganadería o explotación forestal principalmente. Forma de tenencia de la tierra que se regula en la LA y la legislación civil. (Véase Art. 27 y RLAMOPR art. 3º.)

Propiedad social. Es una modalidad de la propiedad reconocida por la C respecto de la titularidad de derechos patrimoniales de ejidos y comunidades sobre sus bienes. La normatividad en la materia tutela de manera especial esta forma de propiedad, la cual tiene su origen en la Ley del 6 de enero de 1915 y se reafirma y reglamenta a través de las diferentes legislaciones promulgadas a partir de esa fecha, orientadas a proteger los referidos derechos. Por lo general, la propiedad social se creaba o reconocía mediante resoluciones presidenciales, dotatorias de tierras o de reconocimiento de bienes comunales; cabe mencionar que a partir de las reformas al Artículo 27 constitucional del año de 1992 y la derogación de la LFRA, las acciones por las que el Estado entrega tierras a poblados carentes de las mismas fueron suprimidas y la LA sólo prevé la constitución de nuevos ejidos mediante la aportación de tierras, aun y cuando conserva el procedimiento de reconocimiento de tierras comunales. (Véase Art. 27, frac. VII, LA arts. noveno, 90-92 y 98-99, “Acción agraria”, “Afectación agraria”, “Artículo 27 constitucional”, “Bienes comunales” y “Bienes ejidales”.)

Proyecto de inversión. Propuesta técnica-económica, social y financiera para determinar la viabilidad y rentabilidad de actividades productivas o de servicios, que se pretenden llevar a cabo por inversionistas interesados y sus socios; en el proyecto se efectúa una valoración general de diversos aspectos respecto a las actividades económicas que se pretenden, como pudieran ser el establecimiento de una empresa, la constitución de una figura asociativa, la celebración de un contrato, etc. Este tipo de proyectos tiene como finalidad que, en la medida de lo posible, se garantice la aportación de recursos económicos y beneficios de las partes. (Véase “Proyectos productivos”.)

Proyecto inmobiliario. Propuesta técnica orientada al desarrollo urbano sobre tierras de núcleos agrarios, próximos a las medianas o grandes ciudades; para la viabilidad del proyecto las superficies ejidales o comunales deben ser consideradas como aptas en términos de la normatividad aplicable y planes correspondientes, para ser incorporadas al desarrollo urbano con base en un proyecto inmobiliario. Este tipo de proyectos también tienen como finalidad un crecimiento planificado de las zonas urbanas. En términos de la ley de la materia, los núcleos tienen derecho a beneficiarse de la urbanización de sus tierras cuando los terrenos se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, incorporando las tierras ejidales o comunales al desarrollo urbano, de conformidad a las leyes, reglamentos y planos vigentes en materia de asentamientos humanos. Bajo este supuesto, la aportación de tierras de un núcleo a una sociedad orientada al aspecto inmobiliario es una forma para impulsar los proyectos inmobiliarios, propiciando que los ejidatarios y comuneros que participen como socios de la persona moral se beneficien de las acciones comerciales que lleve a cabo la empresa, en forma equitativa y en proporción a sus aportaciones de tierra y acciones que la respaldan. Previo a la aportación de tierras de los núcleos para el desarrollo de un proyecto inmobiliario a través de una sociedad, dicho proyecto como la escritura social deberán ser sometidos a la opinión de la PA, quien deberá analizar y pronunciarse sobre la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional de los recursos y la equidad en los términos y condiciones propuestos. (Véase LGSM arts. 1º, fracc. IV, 87 y 88, LGAH arts. 1º, fraccs. II y III, 49, fracc. V y VI; LA arts. 75, 87-89 y 100, RIPA art. 22, “Aportación de tierras”, “Plan de desarrollo urbano municipal” y “Sociedades mercantiles”.)

Proyectos de desarrollo. De conformidad a las modificaciones al Art. 27 del año de 1992 y la LA, los ejidos y comunidades, a través de asambleas con formalidades especiales, podrán transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen; este concepto se encuentra referido al plan o proyecto que debe ser elaborado previamente para efectuar dicha aportación y en el que se justifique la manifiesta utilidad para el núcleo. Los proyectos de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la PA, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a 30 días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de que el ejido pueda recurrir, además, a los servicios profesionales que considere pertinentes. (Véase Art. 27, fracción VII, Arts. 23 frac. IX, 75 y 100; RIPA art. 5º, fracc. XVI, 11, fracc. VIII, 22, fracc. VI y 82-85 y “Aportación de tierras”.)

Proyectos productivos. Estudio que trata de configurar la realización concreta de un determinado programa de inversión, organización, capitalización, comercialización, etcétera. En la LA, este concepto se relaciona con la duración de los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales o comunales, celebra- do por el núcleo o sus integrantes, según se trate de tierras de uso común o parceladas. La elaboración de un proyecto productivo también se vincula con la constitución de figuras asociativas y en algunos programas del Gobierno Federal, para que se otorguen los apoyos correspondientes es necesario contar con dicho proyecto para garantizar en su caso el destino de los recursos. Dentro de las facultades de la PA se encuentra la de asesorar jurídicamente a los sujetos agrarios en la constitución de figuras asociativas para la realización de proyectos productivos. (Véase LA art. 45, RIPA art. 22, fracc. I y “Figuras asociativas”.)

Prueba. Actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un hecho o acto; es la verificación o confirmación de las afirmaciones de los hechos expresados por las partes. Se designa como prueba al conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr el cercioramiento so- bre los hechos discutidos. En el juicio agrario son admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos a que se refieran. (Véase LA arts. 186, 187 y “Audiencia de Ley”.)

Prueba plena. Es aquella que se considera suficiente para demostrar la existencia de un hecho o acto jurídico alegado en el proceso. En términos del CFPC, de aplicación supletoria en materia agraria, hacen prueba plena la confesión expresa, los hechos propios de las partes, los documentos públicos, las certificaciones judiciales o notariales y el reconocimiento o inspección judicial. La LA, para efectos de la determinación de la pequeña propiedad, señala que los certificados emitidos por la SAGARPA en los que conste el coeficiente de agostadero de las tierras ganaderas, harán prueba plena, así como las inscripciones realizadas por el RAN y las constancias que de ellas expidan. (Véase LA arts. 121, 150, 167, cuarto transitorio; CFPC arts. 199-200, 202 y 212 y “Fedatario público”.

Q

Queja. Se entiende como una denuncia contra la conducta indebida o negligente del juzgador o de algunos funcionarios judiciales; las quejas en contra de los servidores públicos del Poder Judicial Federal con motivo de sus funciones, las resuelve y determina su responsabilidad el Consejo de la Judicatura Federal. (Véase LOPJF art. 81, fracc. XII.) En materia agraria, es la inconformidad que presenta un sujeto agrario denominado quejoso ante la PA contra conductas, actos u omisiones que consideran violentan sus derechos, atribuibles a alguna autoridad, dependencia o entidad administrativas que actúan o que tienen relación con el ámbito agrario, de sus servidores públicos o en contra del comisariado ejidal y de bienes comunales. De conformidad con la LA, la PA tiene como atribuciones prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades correspondientes a la realización de las funciones a su cargo; así como denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los servidores públicos en esta materia y los hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas administrativas, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que incurran los miembros del comisariado ejidal. Por su parte, el RIPA establece el procedimiento para que el citado organismo atienda las quejas presentadas por los sujetos agrarios en contra de autoridades, servidores públicos o integrantes del comisariado ejidal o de bienes comunales; estas quejas no requieren de formalidades especiales y para efectos adminis- trativos se dividen en quejas propiamente dichas las que se dirigen en con- tra de autoridades o servidores públicos y denuncias las que se plantean en contra  de los integrantes del comisariado ejidal. (Véase LA art. 136, fraccs. IV, VI y X y RIPA arts. 5º, fraccs. IX y X, 20, fraccs. II, III, V y 55-75 y “Denuncia”  y “Recomendación”.)

Quórum. Fórmula legal que determina el número de miembros de una asamblea necesario para la validez de un acuerdo. Integrantes de una persona moral que deben estar presentes para que una reunión pueda celebrarse válidamente. En materia agraria, el quórum se traduce en el número mínimo de ejidatarios o comuneros que deberán estar presentes en la asamblea del núcleo para que ésta se celebre válidamente; la LA precisa los supuestos en los que se requiere de una mayoría simple (mitad más uno en primera convocatoria y cualquiera que sea el número de los asistentes en segunda) o de una calificada (dos terceras partes en primera convocatoria y la mitad más uno en segunda) para la toma legal de acuerdos por parte de la asamblea, tomando en cuenta la importancia y repercusión de los asuntos a tratar, por lo que esta división tiene como objetivo que las decisiones adoptadas y que puedan afectar intereses colectivos los apruebe la mayoría de los integrantes del núcleo en forma democrática. (Véase LA arts. 23, 26; RLA art. 8º, fracc. II y “Asamblea del núcleo”.)

R

Recomendación. En un sentido amplio es proponer, solicitar o instar a alguna persona para que realice alguna acción. Actualmente en el sistema jurídico mexicano los organismos encargados de la protección de los derechos humanos han adoptado esta figura por la que se dirigen en el ámbito administrativo a autoridades, dependencias y entidades o a sus servidores públicos para señalar que determinado acto u omisión es violatorio de derechos de los ciudadanos, y aunque la recomendación no es vinculatoria, se emite una vez concluido un procedimiento de investigación y conlleva una serie de conclusiones de las que se infiere que la actuación de a quien se dirige no se ajusta a la normatividad y, en su caso, puede ser motivo de responsabilidad; además de que a dicha recomendación se le da publicidad para conocimiento de la sociedad. Con fundamento en la LA, el Procurador Agrario cuenta con facultades para emitir recomendaciones, cuando de la investigación se desprenda la existencia de violaciones graves a la legislación agraria en perjuicio del quejoso, realizada por autoridad o servidor público; este acto tiene por objeto exhortar a quien haya violado las referidas leyes a respetar los derechos afectados por dicha violación. Las recomendaciones que emita el Procurador Agrario deberán contener como mínimo los resultandos en que se describan los hechos y evidencias que demuestren la violación; los considerandos en que se relacionen los fundamentos jurídicos en que se soporte el acto, y los resolutivos en que se expresen las recomendaciones precisas y los plazos para su cumplimiento. Transcurridos estos plazos el Procurador Agrario resolverá sobre su cumplimiento y lo notificará a la instancia que considere correspondiente y, en su caso, lo hará del conocimiento público. (Véase LA art. 136, fracc. IV; RIPA arts. 5°, fracc. XII, 11, fracc. IX, 20, fraccs. VI, VII, 66, 71-75, “Denuncia” y “Queja”.)

Reconocimiento de comunidad. Acción por la cual a una comunidad, de hecho o por derecho, se le declara formalmente como propietaria de los terrenos que posee o a que tiene derecho, se le otorga personalidad jurídica en caso de que no la tuviera reconocida; para el ejercicio de esta acción se pueden seguir y concluir cualquiera de los siguientes procedimientos: – Restitución por despojo de su propiedad (declarada por autoridad competente). – Jurisdicción voluntaria (ante los tribunales agrarios) por comuneros que no confrontan conflicto de posesión de propiedad comunal. – La resolución en un juicio agrario promovido por comuneros cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo. – Cambio de régimen ejidal a comunal. (Véase LA arts. 98, 99, 103, “Bienes comunales” y “Comunidad”.)

Reconocimiento de parcelamiento económico. Facultad de las asambleas de ejidos y comunidades celebradas con formalidades especiales para reconocer el parcelamiento de hecho existente dentro de su patrimonio y regularizar la tenencia de dichas parcelas por parte de quienes las detentan. Este reconocimiento generalmente lo han efectuado los núcleos a través del PROCEDE, aprovechando los trabajos técnicos de dicho Programa y la delimitación que en los planos se realiza de las parcelas existentes. (Véase LA arts. 23, fracc. VIII, 56 y “Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras”.)

Reconvención. Es la acción que la ley concede al demandado para que en un procedimiento administrativo o jurisdiccional reconvenga al actor exigiéndole prestaciones que pueden formar parte de la controversia. A la reconvención se le conoce jurídicamente también con el término de contrademanda. En juicio agrario, la reconvención la puede ejercitar el demandado únicamente en el escrito o comparecencia en que conteste la demanda, ofreciendo las pruebas que se estime pertinentes para fundamentar las prestaciones que exige del actor. En este caso el magistrado del tribunal agrario notificará al actor de la reconvención para que conteste lo que a su derecho convenga y diferirá la audiencia para que esté en condiciones de realizarla. (Véase LA art. 182 y “Contestación de demanda”.)
Rectificación de asientos registrales. Son las correcciones que pueden efectuarse en los asientos realizados por los registradores en los folios agrarios, con motivo de error material o de concepto, en caso de existir discrepancia entre los documentos en que constan los actos jurídicos y la inscripción realizada por el Registrador. (Véase RIRAN art. 74 y “Registro Agrario Nacional”.)

Recurso. Medio de impugnación que se interpone en contra de actos administrativos o judiciales, establecido de manera expresa en la normatividad. El recurso faculta a quien se halle legitimado para ejercitarlo impugnando la resolución emitida ante un juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada.

Recurso administrativo de revisión. En materia agraria, en contra de la denegación de registro por parte del RAN o de su calificación negativa, procede el recurso de revisión establecido en la LFPA, siguiendo el procedimiento establecido en la referida ley; el interesado debe interponerlo dentro de los 15 días contados a partir del siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugne. En contra de esta denegación de la inscripción también procede su impugnación en vía de juicio de amparo indirecto. (Véase LFPA art. 85; Ley de Amparo art. 114 y RIRAN art. 63.)

Recurso de queja. La Ley de Amparo establece este recurso que pueden ejercitar las partes en el juicio de garantías, destacando por su importancia: – Contra los autos de jueces de distrito y tribunales colegiados en que admitan demandas notoriamente improcedentes; – Contra autoridades responsables por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva; – Contra las autoridades responsables por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia; – Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios; – Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, y – Contra de las resoluciones del juez de distrito en que concedan o nieguen la suspensión provisional. La referida Ley de Amparo precisa los términos para la interposición del recurso de queja, su procedimiento y la autoridad que deberá resolverlo. (Véase Ley de Amparo arts. 95-102.)

Recurso de revisión en materia agraria. Es la acción que ejercita la parte afectada en contra de una sentencia de los tribunales unitarios agrarios que resuelven en primera instancia cuestiones relacionadas con los límites o restitución de tierras entre núcleos de población ejidal o comunal, o con pequeños propietarios y sociedades, así como la nulidad de actos emitidos por autoridades en la materia. De conformidad con la LOTA, el recurso debe ser resuelto por el Tribunal Superior Agrario, previa interposición ante el tribunal de origen, dentro del término de diez días posteriores a la notificación de la sentencia que se impugna. En contra de las resoluciones de este recurso sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente. (Véase LA arts. 198-200 y LOTA art. 9º, fraccs. I-III.)

Recurso de revisión en materia de amparo. La Ley de Amparo establece que procede el recurso de revisión: – Contra las resoluciones de los jueces de distrito que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo; – Contra las resoluciones de los jueces de distrito que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen la suspensión definitiva; – Contra los autos de sobreseimiento que se dicten en los incidentes de reposición de autos; – Contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito en la audiencia constitucional en materia penal; y – Contra las resoluciones en amparo directo que pronuncien los tribunales colegiados cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales; tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República y de Gobernadores de los Estados. La citada ley establece el procedimiento y competencia para la resolución del aludido recurso. (Véase Ley de Amparo arts. 82-94.)

Recursos de inversión y crediticios. La LA establece que las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo, la formación de unidades productivas, la asociación entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y su organización para elevar la productividad. (Véase LA art. 6°.)

Recursos naturales. Todos los elementos y bienes naturales renovables o no renovables, susceptibles de aprovechamiento sustentable por el hombre, a través de los procesos productivos y de servicios ambientales; conforman estos recursos, entre otros: tierras, bosques, minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos. Para la explotación de los recursos naturales se debe observar su preservación y restauración, con el objeto de que sea compatible la obtención de beneficios económicos con las actividades económicas de la sociedad, a efecto de lograr la preservación de los ecosistemas. (Véase LGEEPA arts. 1º, fracc. V y 3°, fracc. XXIX y “Aprovechamiento de recursos naturales”.)

Reforma agraria. Este concepto se empezó a utilizar con posterioridad a las reformas del año de 1934 al Art. 27, entendido como el conjunto de principios y disposiciones establecidas en la Constitución y demás leyes reglamentarias, relativas a la propiedad social de ejidos y comunidades, su organización y desarrollo a la redistribución de la propiedad agraria mediante los procedimientos del reparto de tierras, bosques y aguas y su restitución. Con posterioridad, se acuñó el concepto de reforma agraria integral, para lo cual fue adicionado en el año de 1984 el referido artículo constitucional con la fracción XX, por la cual se dispuso que el Estado promovería las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

Registrador. Es el servidor público, con título profesional de licenciado en derecho y que debe tener una experiencia mínima de un año o conocimientos equivalentes en materia registral y agraria, a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deben inscribirse ante el RAN, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones. (Véase RIRAN art. 37.)

Registro Agrario Nacional. Órgano desconcentrado de la SRA, con autonomía técnica y presupuestal, encargado del control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental, con motivo de los actos realizados con base en la LA; en dicho órgano deberán inscribirse los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras, así como los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal o comunal. Para el logro de los objetivos generales señalados, el RAN tendrá funciones registrales, de asistencia técnica y catastral, de resguardo, acopio, archivo y certificación documental. El RAN será público y cualquier persona interesada podrá obtener información relativa a sus asientos e inscripciones y obtener las copias que solicite. Por regla general se inscriben en el RAN: – Las resoluciones judiciales y administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales; – Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común o parcelas de ejidatarios o comuneros; – Los títulos primordiales de las comunidades; – Los planos y actas aprobados en las asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras; – Los planos y documentos relativos al catastro rural; – Los documentos relativos a las sociedades en términos de la LA; – Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales, y – Los demás actos y documentos que dispongan la LA, sus reglamentos y otras leyes. (Véase LA arts. 148-156; RIRAN arts. 1o-2o y “Prueba plena”.)

Registro Público de Derechos de Agua. Registro que proporciona información y seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en las características de los mismos. Los sujetos agrarios, en términos de la normatividad aplicable como personas físicas o morales, pueden obtener títulos de concesión, asignación y permiso para el uso de aguas nacionales o de descarga, por lo que los documentos que acrediten estos derechos deberán inscribirlos en este registro. (Véase LAN art. 3°, fraccs. XLI y XLIV, LA arts. 53 y 54, “Aguas de propiedad nacional” y “Ley de Aguas Nacionales”.)

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. Este ordenamiento tiene por objeto establecer los procedimientos y lineamientos aplicables en la regularización de la tierra ejidal y en la certificación de derechos ejidales y titulación de solares, a efecto de que se realice de conformidad con lo establecido en la Ley Agraria en materia de delimitación y destino de las tierras ejidales y demás disposiciones aplicables, establecidas en dicha ley. Este Reglamento también será aplicable a las comunidades agrarias, en tanto no se oponga a las disposiciones generales establecidas para su protección. (Véase Art. 27, fracc. VII, LA arts. 56-79, RLA [DOF 06-01-93] y “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”.)

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Ordenamiento reglamentario de la Ley Agraria que tiene por objeto establecer los procedimientos y lineamientos aplicables para el ordenamiento de la propiedad rural, así como para la expropiación de terrenos ejidales y co- munales. Norma los procedimientos relativos a la investigación y enajenación de excedentes de la propiedad rural; investigación, deslinde y enajenación de terrenos nacionales, y la regularización y organización interna de las colonias agrícolas y ganaderas. (Véase Art. 27, fraccs. IV, VII y XV, LA arts. 47, 93-97, 115-124, 126, 132, 157-162 y 8º transitorio, “RLAMOPR [DOF 04-01-96]”, “Colonias agrícolas y ganaderas”, “Excedencias”, “Expropiación” y “Terrenos nacionales”.)

Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria. Instrumento jurídico de carácter administrativo interno, que tiene por objeto determinar la competencia, estructura y establecer las bases de organización y funcionamiento de la PA. En el RIPA se precisan las facultades de las unidades administrativas que conforman el organismo, se establecen las disposiciones generales de sus procedimientos y se norma en lo particular la actuación de la Institución en los procedimientos de conciliación, arbitraje, quejas, terminación del régimen ejidal y aportación de las tierras ejidales y comunales a una sociedad civil o mercantil. (Véase RIPA y “Procuraduría Agraria”.)

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. Ordenamiento que tiene por objeto definir la estructura orgánica de los tribunales agrarios, a efecto de reglamentar su organización y funcionamiento establecido en su Ley Orgánica. Destacan dentro de sus disposiciones las referentes a la integración y funcionamiento del Tribunal Superior Agrario; facultades y obligaciones de su Presidente, de la Secretaría General de Acuerdos, de la Oficialía Mayor, Contraloría Interna y de las demás unidades técnicas y administrativas a nivel central, así como de los tribunales unitarios y de los servidores públicos adscritos a ellos. Igualmente, regula la itinerancia de los tribunales unitarios, ausencias y suplencias, impedimentos y excusas y la responsabilidad de los servidores públicos de los tribunales agrarios. (Véase RITA, DOF 13-05-92 [Reformas del 18-09-98, 01-11-00 y 07-03-03], “Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios”, “Tribunales Agrarios”; “Tribunal Superior Agrario” y “Tribunal Unitario Agrario”).

Reglamento Interior del RAN. Ordenamiento administrativo de carácter interno, que tiene por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento del citado Registro conforme a las atribuciones y facultades que expresamente le confiere la LA, otras leyes y reglamentos, así como los acuerdos e instrucción del titular de la SRA. En el referido Reglamento se establecen las disposiciones generales para el control de la tenencia de la tierra y seguridad documental de los predios rústicos; la competencia de las diferentes unidades administrativas que lo conforman; su sistema registral; la reglamentación para la expedición de los certificados, títulos y certificaciones, así como de los libros de inscripciones, y las disposiciones del catastro rural nacional y de la asistencia técnica. (Véase RIRAN y “Registro Agrario Nacional”.)

Reglamento interno del ejido. Ordenamiento aprobado por la asamblea de ejidatarios, en el que se establecen como mínimo las bases generales para la oganización económica y social del núcleo y los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común y las demás que el ejido considere convenientes para su desarrollo interno. Su modificación corresponde igualmente a la asamblea y en él se podrán establecer otras atribuciones a este órgano supremo del ejido, además de las establecidas en la ley de la materia. El reglamento del ejido no debe contravenir a la LA. La LA menciona en diversas disposiciones a este ordenamiento, relacionado con diversos aspectos, como son: – Derechos de los ejidatarios, además de los que tienen respecto de sus parcelas, sobre las demás tierras ejidales; – Adquisición del carácter de ejidatarios; – Designación en su caso de comisiones y secretarios auxiliares en apoyo al comisariado; – Establecimiento de otras facultades y obligaciones del comisariado y consejo de vigilancia; – Aprovechamiento de los aguajes no asignados en lo particular; – Usufructo de parcela a un grupo de ejidatarios, cuando no hubieren convenido sus derechos; – Uso de la parcela escolar; – Y aprovechamiento y acceso a las tierras de uso común, por ejidatarios y avecindados. (Véase LA arts. 10, 14, 15 fracc. II, 23, fraccs. I y XV, 32, 33, fracc. V, 35, 36, fraccs. I y IV, 55, 62, 70 y 74.)

Remoción de órganos de representación y vigilancia en núcleos. Facultad de la asamblea de ejidatarios y comuneros para remover por voto secreto, en cualquier momento, de sus cargos a los integrantes del comisariado ejidal o comunal y del consejo de vigilancia. Al respecto, la LA señala que la asamblea que tome esta determinación podrá ser convocada por el comisariado y en su caso por el consejo de vigilancia; en el supuesto de que estos dos órganos se negaren a convocar, 25% de los ejidatarios o comuneros debidamente acreditados podrá solicitar a la PA que efectúe la convocatoria correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto. Tomando en cuenta que la LA no establece causales de remoción, las hipótesis pueden ser previstas en el reglamento interno o estatuto comunal, o derivar la remoción por el incumplimiento de las obligaciones determinadas en la LA. (Véase LA arts. 24 y 40.)

Renuncia de derechos ejidales. Facultad que tiene el ejidatario para dejar de pertenecer al núcleo ejidal, renunciando a sus derechos como integrante en favor del ejido; de acuerdo con la interpretación del Poder Judicial se trata de una renuncia traslativa, equiparable a una cesión, por lo cual debe ser expresa y voluntaria. (Véase LA art. 20, fracc. II.)

Reparto de tierras. Era la acción y efecto de los diversos procedimientos agrarios existentes hasta antes de la reforma al Art. 27 en 1992, que tenía por objeto la dotación de tierras a grupos solicitantes carentes de las mismas. Era el reparto de tierras, junto con la restitución, el medio establecido para hacer justicia al campesino mexicano. (Véase Art. 27 antes de la reforma de 1992 y “Reforma agraria”.

Representación legal. Es el acto por el que se sustituye a otra persona. En sentido general, es una figura jurídica permitida por la legislación, que implica la actuación a nombre de otro en el campo del derecho. La LA dispone que es optativo para las partes comparecer con representante legal en el juicio agrario; no obstante, en caso de que una de ellas se encuentre asesorada y la otra no, el magistrado del tribunal agrario solicitará los servicios de la PA para que designe un abogado que represente a la parte que no cuenta con asesoramiento legal. La normatividad en la materia confiere facultades a este organismo para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios en juicio o fuera de él. (Véase LA arts. 135-136, fracc. I, 179, “Abogado agrario” y “Procuraduría Agraria”.)

Representación sustituta en el amparo agrario. Es la legitimación con que cuenta el consejo de vigilancia o cualquier ejidatario o comunero para ejercitar la acción constitucional, cuando el comisariado ejidal o de bienes comunales no interponga la demanda de amparo a favor de los intereses del núcleo, como su representante legal. La SCJN sostiene el criterio de que no es necesario notificar formalmente el acto reclamado, para que opere la representación sustituta; por tanto, basta que los ejidatarios quejosos manifiesten que el comisariado conoció el acto reclamado y no promovió el juicio de garantías, para que se les reconozca legitimación procesal a los quejosos. (Véase LDA art. 213.)

Rescisión del contrato. (Del latín rescissum, rasgar, romper, dividir algo.) Privación de efectos de un negocio jurídico; anulación de un acuerdo de voluntades por medio de declaración de una o de las partes, por así determinarlo el contrato celebrado o por resolución judicial o administrativa en virtud de incumplimiento de lo pactado. En virtud de que la legislación en la materia permite a los sujetos agrarios celebrar cualquier contrato de asociación o aprovechamiento respecto de tierras ejidales o comunales, esta acción la pueden ejercitar los contratantes de mutuo acuerdo por así convenir a sus intereses; o bien solicitar su nulidad ante los tribunales agrarios por incumplimiento de alguna de las partes o por contravenir la LA. (Véase LA art. 45, LOTA art. 18, fracc. II y XI y “Contrato”.)

Reserva de crecimiento. Área ubicada dentro del asentamiento humano del núcleo para el desarrollo de la zona urbana. La asamblea del ejido o comunidad resolverá su delimitación conforme a las leyes de la materia; para su localización y fraccionamiento se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo Social. Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, incluirá las superficies necesarias para los servicios públicos del poblado. (Véase LA arts. 65-67; LGAH art. 2o, fracc. XVI, “Asentamiento humano” y “Zona de urbanización”.)

Residencia de la Procuraduría Agraria. Oficina del organismo adscrita a una de sus delegaciones en los estados de la República; esta unidad administrativa está a cargo del residente, quien es competente para representar a la Institución en municipios determinados, desarrollando las facultades establecidas para dichas delegaciones. Destacan dentro de sus facultades la representación legal, asesoría, conciliación y arbitraje en favor de los sujetos agrarios, además de la vigilancia en el respeto de sus derechos, garantizar la legalidad de las asambleas en ejidos y comunidades en que interviene y convocar a las mismas de acuerdo con la normatividad. (Véase LA arts. 136, 144, fracc. IV; RIPA arts. 8°, 30-31 y “Delegación de la Procuraduría Agraria”.)

Resoluciones presidenciales en materia agraria. En términos de la legislación anterior, eran los fallos emitidos por el Titular del Ejecutivo Federal, como autoridad máxima en la materia, en los procedimientos de restitución o dotación de tierras, creación de nuevos centros de población, confirmación de bienes comunales, expropiación de bienes ejidales y comunales, establecimiento de zonas urbanas en los núcleos, entre las más importantes. Dichas resoluciones eran publicadas en el DOF y tenían el carácter de definitivas e inmodificables, excepto en cumplimiento de sentencias dictadas por instancias jurisdiccionales. Generalmente los ejidos y comunidades tienen como fundamento de su constitución una resolución presidencial y por excepción una sentencia del Tribunal Superior Agrario, emitida como autoridad sustituta, al resolver expedientes de rezago agrario, en términos de las disposiciones transitorias del decreto que modificó la C del año de 1992 y la LA. (Véase LFRA art. 8º y LA 3º, transitorio y “Rezago agrario”.)

Responsabilidades de los servidores públicos del RAN. Son las causas específicas en que eventualmente pueden incurrir, sin motivo justificado, los servidores públicos del RAN en el ejercicio de sus funciones; al efecto, el RIRAN dispone que sin perjuicio de lo establecido por la LFRASP, serán causas específicas de responsabilidad, quienes incidan en las siguientes acciones u omisiones: – Retarden el trámite de registros de los documentos o actos jurídicos que se les soliciten, mediante el requerimiento de documentos innecesarios o la exigencia de cualquier otro requisito. – Se nieguen a inscribir los actos o documentos que se les soliciten y que deban inscribirse. – Realicen inscripciones sin respetar la prelación. – Rehúsen expedir certificaciones de los asientos y documentos que obren en poder del RAN. – Realicen trabajos particulares de asistencia técnica, servicios externos de asesoría en materia agraria o representación legal, utilizando tiempo, recursos, equipo o información del RAN. – Practiquen inscripciones y expidan certificados parcelarios o de uso común sobre tierras objeto de conflicto judicial, o expidan éstos o sus reposiciones a quienes no tengan derecho a ello. – Expidan certificaciones que carezcan de asientos registrales, alteren sus contenidos u omitan datos. – Dispongan para sí o para terceros de información, programas, documentos, etcétera, sin autorización previa de los servidores públicos facultados para ello, y – Destruyan, alteren, mutilen o dañen los folios agrarios, así como los documentos que obren en los archivos. Por su parte, el artículo 8°, fracción XXIV de la citada LFRASP, dispone como obligación de todo servidor público el abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. (Véase RIRAN; LFRASP art. 8°.)

Restitución en materia agraria. En términos generales, restituir es volver una cosa a quien la tenía anteriormente. En la legislación anterior, la acción de restitución permitía que a los pueblos que habían sufrido el despojo de sus tierras, aguas y bosques que poseían, les fueran devueltos acreditando la propiedad de dichos bienes y comprobando el referido despojo. Este procedimiento contemplado desde la Ley del 6 de Enero de 1915 hasta la LFRA, permitió con la restitución de los terrenos la conformación de ejidos y comunidades. La LA prevé la restitución de los bienes de los ejidos y comunidades, cuando hubieren sido privados ilegalmente de ellos, ejercitando la acción de manera directa o a través de la PA ante el tribunal agrario competente y como procedimiento para el reconocimiento de una comunidad. (Véase LFRA arts. 191-194, 279-285, LA arts. 49, 98 fracc. I; LOTA 18 fracc. II, “Acción agraria” y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”.)

Reversión. En términos generales, es restituir una cosa al estado anterior; la devolución de bienes a su anterior dueño. En el ámbito administrativo se utiliza esta figura para restituir al titular afectado de sus propiedades expropiadas. En materia agraria, esta acción ejercitada por el FIFONAFE tiene como finalidad devolver los terrenos expropiados a los ejidos y comunidades o a sus integrantes, cuado se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de cinco años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública. El Reglamento correspondiente de la LA establece el procedimiento previo para que el FIFONAFE demande ante los tribunales agrarios la reversión parcial o total de los bienes expropiados; determinando una etapa de investigación para comprobar las causales señaladas anteriormente y otra de conciliación con la dependencia o entidad favorecida, para obtener por vía administrativa dicha reversión. Ha sido criterio del Poder Judicial que, invariablemente, tendrá que ser el citado Fideicomiso el que promueva la reversión, sin considerarla como facultad de los núcleos afectados o de sus integrantes. (Véase LA art. 97; RLAMOPR arts. 90-98; “Decreto expropiatorio” y “Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal”.)

Rezago agrario. En términos generales es la acumulación en un tribunal u órgano administrativo de casos no resueltos. En materia agraria, se consideraba que conforman el rezago los expedientes que al momento de modificarse el Art. 27 en el año de 1992, se encontraban en trámite por no haberse dictado resolución definitiva con base en la legislación anterior y que substanciados debidamente se debían remitir a los tribunales agrarios competentes para su sentencia. Asimismo, se ha denominado también como rezago en el ámbito administrativo a aquellos expedientes que contando con resolución definitiva, ésta no ha sido cumplimentada en sus términos; por lo que se requieren de diversas acciones de las autoridades administrativas competentes para que realicen determinadas actividades para concluir el procedimiento. (Véase DRA 27 y LA art. tercero transitorio, LOTA art. 4° transitorio).

S

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos para el sector agropecuario establecidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo. En el desarrollo de sus funciones, la SAGARPA desarrolla programas de apoyo económico y asistencia técnica a favor de los sujetos agrarios, por lo que cubriendo éstos los requisitos determinados en las reglas de operación correspondientes, tendrán derecho a esos beneficios. (Véase LOAPF art. 35 y “Plan Nacional de Desarrollo”.)

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Dependencia que forma parte del sector central de la Administración Pública Federal y está encargada de auxiliar al Titular del Poder Ejecutivo Federal en lo referente a la regularización y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra de nuestro país en el ámbito rural. Sus funciones, principalmente las relacionadas con el reparto de tierras y reconocimiento de comunidades, fueron modificadas por las reformas al Art. 27. La SRA es cabeza del Sector Agrario, que comprende al RAN, PA y al FIFONAFE. Asimismo, destacan dentro de sus facultades instrumentar los procedimientos de expropiación de tierras ejidales y comunales que le presenten las dependencias y entidades promoventes y aquellos que se refieren a la regularización y enajenación, en su caso, de terrenos baldíos y nacionales y de colonias; además continúa desahogando los asuntos en trámite del rezago agrario para ponerlos en estado de resolución y remitirlos al Tribunal Superior Agrario. (Véase DRA 27, art. 3° transitorio; LOAPF art. 41, LA arts. 94, 160-162; RLAMOPR arts. 59-65, 111-133 y 134-158.)

Sector Agrario (SA). Instancia administrativa conformada por la dependencia (SRA) y entidades (RAN, PA y FIFONAFE) que, de acuerdo con sus atribuciones, realizan funciones que para el logro de planes y objetivos concretos debe coordinar de manera ordenada, en beneficio de la población objeto de cada una de estas instituciones. (Ley Federal de Entidades Paraestatales y “Secretaría de la Reforma Agraria”.)

Sentencia en juicio agrario. (Del latín sententia, máxima.) Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal jurisdiccional o administrativo para resolver el fondo de un litigio, conflicto o controversia; significa la terminación normal del proceso. En juicio agrario, en el que se dirimen y resuelven las controversias que se suscitan con motivo de la aplicación de la LA, substanciado el procedimiento el tribunal agrario debe emitir su sentencia concluida la audiencia de ley; el fallo se dictará a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas estrictas sobre la valoración de las pruebas, apreciando los hechos y los documentos en conciencia, fundando y motivando la resolución. Contra las sentencias definitivas de los tribunales agrarios, sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En materia de derechos individuales, la calidad de ejidatario o comunero se acredita también con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario. (Véase LA arts. 16, fracc. II, 185 fracc. VI, 189, 200 y “Ejecución de sen- tencia”.

Servicios periciales. Actividad que realiza la PA, a través de su Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales, mediante los estudios, peritajes y dictámenes que emite. Generalmente este servicio consiste en trabajos técnicostopográficos, de medición y delimitación de superficies, que sirven como prueba en juicio agrario. De manera excepcional y cubriendo ciertos requisitos se proporciona este servicio en otras materias relacionadas con la aplicación de la LA y auditorías de los fondos comunes ejidales y comunales, a petición expresa de cualquiera de sus órganos. (Véase LA art. 147 y RIPA art. 21, fraccs. VII-IX.)

Servicios técnicos forestales. Son las actividades realizadas para la planificación y ejecución de la silvicultura, el manejo forestal y la asesoría y capacitación a los propietarios o poseedores de recursos forestales para su gestión. Los ejidos y comunidades, como propietarios y administradores de los recursos forestales, tienen derecho a que la dependencia competente los asesore y capacite para la administración de estos recursos, así como en la planificación y ejecución de las acciones para el manejo forestal. (Véase LGDFS art. 7°, fracc. XXXVIII.)

Servidumbre. Derecho o uso que un inmueble tiene sobre otro, para provecho suyo o de utilidad pública (servidumbre de paso). Derecho impuesto por la administración, cualquiera que esta sea, sobre un bien con objeto de atender una necesidad en beneficio de la colectividad. En materia agraria son comunes las servidumbres de paso, establecidas para la comunicación interna de las tierras ejidales y comunales, las cuales para su uso generalmente se rigen por la costumbre y en algunos supuestos por el reglamento interno o el estatuto comunal. La LA únicamente se refiere a esta figura al señalar que las servidumbres de usos y de paso de las aguas del ejido se normarán por las leyes y reglamentos  de la materia. (Véase LA art. 53 y “Reglamento interno del ejido”.)

Sesión permanente. Esta figura se presenta cuando la asamblea de ejidos y comunidades determina constituirse en reunión “permanente”, con el objeto de desahogar todos los puntos contenidos en el orden del día; generalmente estas asambleas se desarrollan en diversas fechas aunque se trate de una sola, tomando en cuenta la naturaleza, complejidad y número de los asuntos a tratar, o bien el número de los integrantes del núcleo. La normatividad en la materia únicamente se refiere a esta figura en el RLA, respecto de las asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras, en las que permite constituirse en sesión permanente cuando así lo acuerde la mayoría de los presentes, aprobando, a propuesta del presidente de la mesa de debates, los periodos de receso. (Véase LA art. 23 y RLA art. 13)

Sistema de capacitación campesina. Conjunto de acciones que realiza la PA para capacitar a jóvenes campesinos en el conocimiento de los cambios constitucionales y de la ley en la materia. Su objetivo es difundir entre los sujetos agrarios la naturaleza y alcances de la legislación agraria, así como dar a conocer los programas y procedimientos de la PA.

Sistema registral del RAN. Conjunto de normas y procedimientos establecidos por el RAN, que tienen por objeto la calificación e inscripción de los actos jurídicos y documentos que conforme a la LA y sus reglamentos deban registrarse, así como su ordenación en folios e integración de los índices. Dentro de este sistema se norman las actividades de los registradores, se precisan los conceptos y utilización de folio agrario y asientos, se determinan  los procedimientos especiales para el ordenamiento de la propiedad rural y los documentos susceptibles de registro; se norma la calificación e inscripción, así como la modificación y cancelación de asientos y se establecen las reglas para el depósito de las listas de sucesión. (Véase RIRAN arts. 35-88 y “Registro Agrario Nacional”.)

Sistema Único de Información (SUI). Sistema informático establecido en la PA, por medio del cual sus servidores públicos en la estructura territorial comunican los asuntos y acciones que en ejercicio de sus atribuciones atienden, así como su desarrollo y conclusión. Esta base de datos le permite a la Institución valorar el desempeño y cumplimiento de metas de sus residencias y delegaciones y del personal que las conforman; además de contar con información actualizada de los asuntos de su competencia; independientemente de clasificar dicha información en los rubros que se consideren convenientes y con ello transparentar su actuación.

Sobreseimiento. Resolución judicial por la que se declara que existe un impedimen- to jurídico o de hecho, que impide la sentencia sobre el fondo del asunto o controversia. En materia de amparo, el sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado y procede en los siguientes casos: – Cuando el agraviado se desista expresamente de la demanda; – Cuando el agraviado muera durante el juicio y la garantía sólo afecta a su persona; – Cuando durante el juicio se presente alguna de las causales de improcedencia por las que se deba de negar la protección constitucional; – Cuando se acredite que no existe el acto reclamado o no se pruebe su existencia; – Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, y – Cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días naturales. (Véase LDA arts. 74 y 75).

Sociedad cooperativa. Forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Conforme a este concepto los ejidatarios y comuneros podrán formar este tipo de sociedades, siempre y cuando así convenga a sus intereses.

Sociedad de producción rural. Figura asociativa constituida por dos o más productores rurales (núcleos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, otras sociedades, etc.), cuyo objeto es la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la legislación. Para la constitución y administración de la sociedad de producción rural (SPR), se debe contar con el acta constitutiva otorgada ante fedatario público e inscrita en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. (Véase LA arts. 108, 109, 111 y 113.)

Sociedades civiles. Corporaciones privadas con personalidad jurídica, constituidas por dos o más personas a partir de un contrato, para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, que no constituye una especulación comercial. Para su creación, los socios contribuyen mediante la aportación de bienes o desarrollo de servicios. La comunidad, el ejido o sus integrantes podrán constituir sociedades civiles con la aportación de las tierras de uso común, previo acuerdo de asamblea en el caso de los núcleos o proporcionar el usufructo de sus parcelas para dicha sociedad en el supuesto de ejidatarios y comuneros. (Véase LA arts. 23, 45, 75, 79 y “Aportación de tierras”.)

Sociedades mercantiles. Personas morales constituidas legalmente con la finalidad de combinar sus recursos y esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y cuya finalidad constituya una especulación comercial. La LA faculta a las asambleas de ejidos y comunidades para aportar tierras de uso común a sociedades mercantiles ya constituidas o para crear nuevas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la referida ley. En el supuesto de que la sociedad mercantil tenga una orientación rural, el objeto social será preponderantemente la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y los demás actos necesarios para el cumplimiento de su objeto. (Véase Art. 27, fracc. IV; LA arts. 23, fracc. IX, 75, 125-133 y CCF arts. 2688-2735.)

Sociedades propietarias de tierras. Son las sociedades mercantiles o civiles que tienen en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en los términos establecidos por la LA. En caso de manifiesta utilidad, tanto el ejido como la comunidad podrán transmitir el dominio de las tierras de uso común a dichas personas morales. Las sociedades propietarias de tierras podrán tener en extensión hasta 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual. Preponderantemente su objeto será la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales. El capital social deberá distinguir una serie de acciones con la letra “T”, que serán equivalentes al capital aportado en tierras o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las acciones al momento de su aportación o adquisición. (Véase Art. 27, fraccs. IV y VII; LA arts. 23 fracc. IX, 75, 100, 125-133, “Acciones Serie ‘T’” y “Aportación de tierras”.)

Socio. Genéricamente se llaman socios a las personas que comparten responsabilidades y beneficios de una actividad. En sentido estricto, se entiende por socios a los elementos personales de la estructura jurídica de una sociedad civil o mercantil. La LA permite la asociación entre los sujetos agrarios con terceros, y por ello los núcleos y los ejidatarios y comuneros podrán tener el carácter de socios en las sociedades de las que sean miembros, con los derechos y obligaciones establecidos en los estatutos de la persona moral así como los que determine la asamblea de la sociedad en la que participen. (Véase LA arts. 45 y 112.)

Solares urbanos. Terrenos destinados a la edificación de casas, superficie lotificada ubicada en la zona de urbanización dentro de las tierras del asentamiento humano del ejido o comunidad. La LA determina que todo ejidatario tiene derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse la zona de urbanización, para lo cual la asamblea hará la asignación de lotes. Los solares vacantes como propiedad del ejido podrán ser arrendados o enajenados a las personas que deseen avecindarse en el poblado. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares al recibir el documento correspondiente y a partir de ese momento el ejercicio de sus derechos se regulará por la legislación civil en el fuero común. (Véase LA arts. 64-68; RLA arts. 47-52 “Asentamiento humano” y “Zona de urbanización”.)

Subjudice. En general, es la expresión con la que se hace referencia a un asunto, juicio o procedimiento que se encuentra pendiente de decisión judicial o administrativa. En tales circunstancias, una controversia jurídica se encontrará Subjudice en la materia, en tanto el tribunal agrario no emita la sentencia o resolución correspondiente que ponga fin o concluya la acción ejercitada. (Véase “Excitativa de justicia”.)

Subasta de derechos agrarios. Sinónimo de remate y almoneda. Conjunto de actos jurídicos que permiten a la autoridad realizar la venta forzada de bienes para el cumplimiento de una obligación por su propietario. La LA dispone la utilización de esta figura cuando no existan sucesores o haya dos o más personas con derecho a heredar y no se pusieran de acuerdo, para lo cual el tribunal agrario pondrá a la venta los derechos ejidales en subasta pública al mejor postor de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo agrario y repartirá el producto por partes iguales entre las personas con derecho a heredar o lo entregará al núcleo ejidal o comunal según sea el caso. (Véase LA arts. 18, 19, LOTA art. 18, fracc. VII.)

Sucesor. Persona que adquiere la titularidad de bienes, derechos y obligaciones con la muerte de una persona física de acuerdo con su voluntad o por decisión judicial o administrativa, en términos de la normatividad aplicable. En materia agraria, el ejidatario o comunero tiene la facultad para designar a la persona que lo sucederá en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que elabore la lista de sucesión respectiva, la cual será depositada en el RAN o formalizada ante notario público. En el supuesto de que el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o estos tengan alguna imposibilidad material o legal para heredar, se transmitirán los derechos de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: cónyuge, concubina o concubinario, uno de los hijos del ejidatario, uno de sus ascendientes o cualquier otra persona que hubiera dependido económicamente de él. Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos y el importe se entregue al núcleo ejidal o comunal. (Véase LA arts. 17-19, “Designación de sucesores” y “Testamento”.)

Sujeto agrario. Término que designa de manera general a aquellas personas a quienes les es aplicable la legislación agraria. Para la LA y el RIPA son sujetos agrarios y objeto de los servicios de la PA, los siguientes: ejidatarios, comuneros, sucesores de estos, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general. (Véase LA art. 135; RIPA art. 1º, “Avecindado”, “Colono” “Comunero”, “Comunidad”, “Ejido”, “Sucesor” y “Pequeño propietario”.)

Suplencia de la queja Potestad conferida al juez para que en los casos señalados en la legislación subsane el error o la insuficiencia en que incurrió el quejoso al formular su demanda. El ejercicio de esta facultad no es discrecional sino una obligación para el juzgador. Esta figura se establece de manera precisa en el juicio de amparo en materia penal, agraria y del trabajo. En el juicio de amparo los juzgados y tribunales competentes deberán suplir la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos en que sean parte como quejosos o como terceros los núcleos de población ejidal o comunal y los ejidatarios o comuneros o aspirantes a serlo, en los que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privarlos de la propiedad o posesión de sus bienes ejidales o comunales. En el juicio agrario, los tribunales en la materia están obligados a suplir la deficiencia en sus planteamientos de derecho cuando se trate de ejidos o comunidades o de ejidatarios o comuneros. (Véase LDA arts. 76-bis, 212, 227 y LA, art. 164.)

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxima autoridad judicial, que junto con los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito constituyen el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la integran ministros numerarios y supernumerarios y funciona en Pleno o en Salas, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dentro de sus principales atribuciones conoce de los siguientes asuntos: – De las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad; – Del recurso de revisión cuando se impugne la constitucionalidad de leyes federales, estatales o de un tratado internacional; – Del recurso de revisión cuando ejercite la facultad de atracción en asuntos de interés general y trascendentales; – Del recurso de revisión cuando se plantee la interpretación de un precepto de la C, y – De las denuncias de contradicción de tesis. (Véase C art. 94 y LOAPF art. 10.)

Suspensión. En materia de amparo esta figura jurídica se refiere a detener los efectos del acto reclamado y es decretada por el juez de distrito, de manera provisional o definitiva o por el Tribunal Colegiado de Circuito como suspensión definitiva; de acuerdo con la normatividad se emite de oficio o a petición de parte. Los efectos de la suspensión en juicio de garantías son ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas para evitar la consumación de los actos reclamados. En juicio agrario, el tribunal competente dictará las diligencias precautorias necesarias para proteger los intereses de las partes y, en su caso, podrá acordar la suspensión del acto de autoridad que pudiere afectar a los sujetos agrarios en tanto se resuelve el procedimiento. Dicha suspensión se regulará aplicando supletoriamente la LDA. Este término, con una connotación diferente, se prevé también en el jui- cio agrario, en el supuesto de que el tribunal agrario ordene la suspensión del juicio cuando se declare incompetente para conocer del litigio por razón de jurisdicción o competencia; asimismo, cuenta con atribuciones para suspender el procedimiento cuando una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, en tanto solicita los servicios de un defensor de la PA. (Véase LDA, arts. 122-144, 170-176; LA arts. 166, 168 y 179).

Suspensión de oficio. Es la medida cautelar que otorga el juez de distrito en juicio de amparo, sin audiencia de la autoridad responsable o del tercero perjudicado, cuando en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados los que ponen en peligro la vida, deportación o integridad física de las personas; sean actos que pueden quedar consumados de manera irreparable o imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada o se trate de actos que afecten derechos colectivos de ejidos y comunidades. Esta suspensión se decreta de plano en el mismo auto en que el juez admite la demanda, comunicándose de inmediato a la autoridad responsable para su cumplimiento. (Véase LDA arts. 122, 123 y 233 y “Medidas cautelares” y “Suspensión”.)

Suspensión definitiva. Medida cautelar dictada por el juez del conocimiento en juicio de amparo, a petición de parte, una vez concluido el procedimiento incidental en el que intervienen tanto las autoridades responsables, como los terceros perjudicados si los hubiere; instancia en el que las partes aportan pruebas y formulan alegatos, en su caso rinden informes sobre la existencia de los actos reclamados. La suspensión definitiva produce sus efectos durante toda la tramitación del juicio de garantías, hasta el momento en que se dicte sentencia firme. (Véase LDA arts. 124, 131, 134 y 140, “Medidas cautelares”, “Suspensión” y “Suspensión provisional”.)

Suspensión provisional. Medida cautelar dictada por el juez de distrito en juicio de amparo, a petición de parte, cuando existe urgencia, por considerar inminente la ejecución de los actos que se reclaman y los perjuicios que puedan ocasionar al quejoso, ordenando el juez federal que las cosas se mantengan en el estado que guardan, en tanto se tramita el incidente respectivo en el cual se decidirá la procedencia de la suspensión definitiva. (Véase LDA arts. 124, 130, 131, “Medidas cautelares” y “Suspensión”.)

Sustanciar. Conducir un asunto o juicio por vía procesal hasta ponerlo en estado de sentencia. Tramitar un juicio. La LA establece que el juicio agrario tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias en materia agraria, entendiendo por la primera acción el desahogo de las etapas procesales previstas en la referida legisla- ción, antes de emitir el tribunal agrario la sentencia correspondiente. (Véase LA art. 163.)
 
Especialistas en el campo mexicano.
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